EEUU y Canadá

CIDH pide a Colombia explicar acciones legales contra Víctor Maldonado

El empresario, procesado por la estafa del Fondo Premium, alega que se le violaron varios derechos.

Víctor Maldonado

El empresario Víctor Maldonado es acusado por el delito de estafa agravada.

Foto:

Ana María García / ELTIEMPO

11 de mayo 2017 , 11:19 a.m.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió darle “trámite” a una demanda contra el Estado colombiano interpuesta por el empresario Víctor Maldonado, uno de los implicados en el escándalo del Fondo Premium, brazo en Curazao del grupo Interbolsa.

La petición de Maldonado, la cual alega que se le violaron una serie de derechos fundamentales, entre estos el del debido proceso y honra, había sido radicada ante la Comisión en agosto de 2015.

Según conoció EL TIEMPO, el pasado 26 de abril, la CIDH envió una carta a la canciller María Ángela Holguín en la que le da un período de tres meses para responder a la demanda, al igual que más de 1.000 folios con evidencia presentada por los abogados de Maldonado.

“Solicito respetuosamente al gobierno de su excelencia tenga a bien presentar una respuesta a la petición dentro del plazo de tres meses, contados desde la fecha de la transmisión de la presente comunicación”, dice la secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH, Elizabeth Abi-Mershed, en una carta conocida por este diario.

En la carta a la Canciller, al igual que en otra enviada al empresario, la CIDH aclara que esta solicitud de información no constituye un “prejuzgamiento” sobre la decisión que pueda adoptar la Comisión en el futuro. Pero sí constituye un paso significativo del proceso ante este órgano hemisférico.

¿Puede avanzar?

Desde la última reforma que se hizo al reglamento de la CIDH, se estableció una especie de filtro para descartar en una primera instancia de registro todas aquellas peticiones que carecen de las condiciones necesarias para avanzar por el sistema interamericano. A esa decisión se llegó, en buena parte, porque los Estados se quejaban del gran volumen de peticiones a las que debían responder, pero las cuales tenían poco sustento.

En el proceso actual, de acuerdo con estadísticas de la CIDH, 80 por ciento de las peticiones que llegan quedan descartadas tras una primera revisión.

Por lo tanto, solo el 20 por ciento de estas avanzan a esa primera etapa, en la cual se le solicita información del Estado con miras a su posible admisibilidad.

Sin embargo, de ese 20 por ciento, la gran mayoría terminan siendo declaradas admisibles, pues la Comisión, al realizar su primera revisión, se asegura de que existan méritos. El caso de Maldonado se encuentra entre ese reducido grupo de demandas.

Los argumentos

En la petición, sus abogados ante la CIDH, Ignacio Álvarez y Daniel Lobato, alegan que el Estado se empeñó en atacar a Maldonado, pues necesitaba encontrar un culpable para tapar el escándalo de Interbolsa y poder responderle, con sus fondos, a cientos de personas que perdieron sus inversiones tras el descalabro financiero.

“Sin ninguna consideración a las leyes ni a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados ratificados por Colombia, la Supersociedades echó mano a un decreto de emergencia económica (4334) y, en una interpretación completamente arbitraria, en un proceso sin respeto de las garantías del debido proceso y sin acceso a revisión, sancionó al señor Víctor Maldonado a 10 años de inhabilitación para ejercer su profesión”, dice la demanda.

De igual forma alegan que “levantando de manera arbitraria e ilegal el velo corporativo, se le incautaron tres empresas que recibieron préstamos, así como muchos de sus bienes. Todo lo anterior sin haber determinado ninguna conducta dolosa ni culposa de Víctor Maldonado, por el solo hecho de ser accionista de Interbolsa en el primer caso, y de haber tales empresas recibido préstamos comerciales de la empresa Valores Incorporados, en el segundo caso”.

Las empresas a las que se refieren los abogados son Malta S. A., Las Tres Palmas Ltda. y Helados Modernos S. A.

Los abogados también alegan que el Estado sometió al empresario al escarnio público y hasta lo privó de su libertad “sin ningún tipo de prueba, en un proceso plagado de irregularidades, conducido como una cacería de brujas, con más interés en el dinero de Maldonado que en la justicia”.

Maldonado fue extraditado de España luego de que la Fiscalía inició un proceso en su contra. En marzo de este año quedó en libertad condicional mientras avanza el proceso. La petición ante la CIDH también cobija a familiares de Maldonado, cuyos bienes les fueron también intervenidos.

El caso presentado ante el organismo multilateral aún se encuentra en etapa preliminar y todavía puede ser descartado por la Comisión. Pero si sobrevive este proceso –lo cual es probable–, el Estado podría verse obligado, eventualmente, a indemnizar a Maldonado.

​SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO Washington.

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