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Habrá proyecto conjunto para superar la crisis de la justicia

Se revisarán “conductas antisociales” que se han ido incluyendo como delitos en el Código Penal.

Inpec

Con asambleas diarias, los guardianes del Inpec se abstienen de atender las remisiones a juzgados y citas médicas de los internos.

Foto:

UTP

11 de mayo 2017 , 09:44 p.m.

Después de varios contrapunteos sobre la mejor manera de resolver la crisis carcelaria sin afectar la seguridad de los colombianos, el fiscal Néstor Humberto Martínez y el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, llegaron a un acuerdo para la presentación de un gran proyecto conjunto de política criminal que recoja la visión de ambas instituciones frente a la crisis de la justicia. 

En reunión del Consejo de Política Criminal, que agrupa a las cabezas del sector en el país, se decidió que no se impulsará más en el Congreso el proyecto de Ley 148 del 2016, que promovía una reforma del Código Penitenciario, y que el próximo 20 de julio se radicará un nuevo documento.

Entre las prioridades de ese proyecto estará, dijo Martínez, la revisión de las “conductas antisociales” que se han ido incluyendo como delitos en el Código Penal y que “no tienen porqué tener un tratamiento penitenciario”.

“Hay conflictos de carácter comercial, laboral y administrativo que se están penalizando hoy en día, y eso no tiene ningún sentido, dijo el Fiscal. Y señaló que “es tan absurdo” el tratamiento de casos como la inasistencia alimentaria “que hoy la ley exige al moroso irse para la cárcel, con lo cual el Estado se asegura de que (el procesado) nunca vaya a poder cumplir con las obligaciones alimentarias de su hogar”.

EL TIEMPO conoció que en la reunión del Consejo, el fiscal Martínez advirtió que si su plan para hacer más eficiente el número de imputaciones para los casos de homicidios tiene éxito, va a aumentar significativamente el número de presos, pero que ante la falta de cupos en las cárceles muchos podrían quedar libres.

Hoy hay más de mil personas detenidas por inasistencia alimentaria. En lo corrido del año la Fiscalía ha recibido cerca de 4.000 noticias criminales por injuria y calumnia, es decir, otras 4.000 personas que podrían terminar detenidas por conductas cuyo tratamiento no necesariamente debía ser penal.

El ministro Gil Botero celebró la propuesta de construir un plan conjunto, pero insistió en que el nuevo proyecto debe sustentarse en las órdenes de la Corte Constitucional para superar el estado de cosas inconstitucional que impera en las cárceles del país, debido al altísimo hacinamiento y la violación permanente de los derechos humanos de los detenidos.

En el encuentro se estudiaron además varias propuestas para la apertura de nuevos cupos carcelarios. El Departamento Nacional de Planeación entregó un plan para, a través de convenios APP (Asociación Público Privada) generar 6.229 nuevos cupos en las cárceles del país.

No vamos al cese total de actividades, porque tenemos que garantizar derechos de los reclusos como alimentación, visitas y actividades de resocialización

Plan tortuga en 85 cárceles del país

Los guardias afiliados a ocho de los más grandes sindicatos del Inpec entraron desde el jueves en la llamada operación reglamento y no recibirán internos en las cárceles y tampoco realizarán traslados a audiencias y otras diligencias, ni judiciales, ni médicas.

Los sindicatos reclaman más recursos para ampliar el cuerpo de guardia y hacer más racionales las jornadas de vigilancia. Representantes de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), que tiene 6.000 afiliados, aseguraron que se llevarán a cabo asambleas permanentes.

“No vamos al cese total de actividades, porque tenemos que garantizar derechos de los reclusos como alimentación, visitas y actividades de resocialización”, le dijo a EL TIEMPO el dragoneante Óscar Robayo, uno de los organizadores de la protesta.

El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, llamó a los sindicatos a mostrar “buena voluntad” frente a las actuaciones del Estado para resolver la situación.

“Quiero dejar constancia de que el Gobierno le ha cumplido al sindicato. Se generó la adición presupuestal de 70.000 millones de pesos, que permitirán proveer 1.036 vacantes en el Inpec”, dijo el ministro Gil Botero.

En el Instituto, uno de los entes oficiales con más corrupción, hay más de 80 sindicatos.

JUSTICIA

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