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Controversia por el pliego que acaba las licitaciones amañadas

Organismos de control defienden el proyecto de ley que crea el “pliego tipo” en las contrataciones.

Tres acciones para blindar los contratos locales

Al Alcalde le preocupa la baja participación de oferentes en licitaciones.

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Archivo / EL TIEMPO

11 de noviembre 2017 , 12:36 a.m.

Un fuerte debate abrió un documento que la Federación Colombiana de Municipios presentó en los últimos días con el que se opone al proyecto de ley que está en su último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, y que crea el ‘pliego tipo’, una figura para evitar las contrataciones amañadas.

Según Fedemunicipos, este proyecto de ley –al estandarizar los pliegos de condiciones sobre los cuales se abre una licitación pública– contradice el principio de autonomía de las entidades territoriales.

El contralor general, Edgardo Maya, y el procurador general, Fernando Carrillo, rechazaron esas objeciones y afirmaron, en un comunicado conjunto, que este pliego “acabaría con los corruptos ‘pliegos sastre’”, que se hacen a la medida de un solo contratista.

Sectores aseguran que, de fondo, la polémica reside en que los pliegos de condiciones se han convertido en un foco de poder de políticos locales para favorecer a terceros o en herramientas para la corrupción.

Esto porque, en muchos casos, quien contrata hace documentos que terminan ajustándose a las posibilidades de un solo contratista, lo que lleva a que, aunque haya una licitación, realmente no se cuente con varios oferentes que concursen para que los contratos queden en la empresa o la firma más idónea para ejecutarlos.

Por eso, tanto el Contralor como el Procurador afirman que los ‘pliegos tipo’ pueden contribuir “a que los procesos de contratación del Estado se adelanten de manera más transparente y con parámetros de obligatorio cumplimiento para todas las entidades contratantes”, por lo que hicieron un llamado al Congreso para que se mantenga esta reforma.

Según cifras de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el 87 por ciento de los procesos de selección de los municipios, el 71 por ciento de contrataciones en los departamentos y el 46 por ciento de los de las alcaldías locales de Bogotá que se hacen sin pliegos tipo terminan con un solo proponente, pues es el único que cumple con los requisitos que se exigen.

Otro beneficio de los pliegos tipo, según los organismos de control, es que “reducirán los tiempos en la preparación de los documentos del proceso y permitirán a los interesados y proponentes conocer las condiciones generales de los mismos de forma anticipada, pues definen condiciones generales para ser adoptadas uniformemente por las entidades estatales”.

Entre tanto, la Federación Colombiana de Municipios asegura que el proyecto de ley es equivocado porque el Gobierno no puede pretender “señalarle a todo un país lo que debe o no debe licitar y su forma, teniendo en cuenta que cada entidad en particular conoce lo que pretende, requiere y sus necesidades, para lo cual ya existen unos principios básicos de la contratación en Colombia”.

La Federación también sostiene que “los grandes fracasos de los procesos de selección no se han consumado en las regiones de este país, sino en sus grandes capitales”.

Para el Ministerio de Transporte, la Sociedad Colombiana de Ingenieros y la Cámara Colombiana de Infraestructura, los pliegos tipo beneficiarían principalmente a las pequeñas y medianas empresas (pymes) de ingeniería en las regiones, “las cuales han vivido históricamente el flagelo de la corrupción por los pliegos hechos a la medida del contratista relacionado con el funcionario de turno, lo que, en efecto, ha cerrado las puertas a centenares de empresarios de bien”.

Contratos de regalías, con único oferente

La Contraloría General advirtió en una investigación de este año que en los contratos con dineros de regalías que se hacen por licitación se ha convertido en un común denominador que termine participando un único oferente. Entre enero del 2012 y junio del 2016 se destinaron recursos de regalías para inversión por 24,6 billones de pesos. Aunque la mayor parte de contratación, el 67 por ciento, se hizo por una licitación pública o concurso, el 72 % de esos contratos tuvieron un solo oferente. Que en la mayoría de contratos haya una sola empresa en la puja no se da porque hay pocos oferentes. Según el Registro Único de Proponentes, en los distintos objetos contractuales hay más de 800.000 contratistas.

JUSTICIA

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