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Plan para recuperar 366 bienes extintos ocupados ilegalmente

La Sociedad de Activos Especiales ya recobró tres predios en Guaymaral y Chapinero, en Bogotá.

SAE

Agentes de la SAE y la Policía en el operativo de recuperación de un inmueble que tuvo lugar el 27 de junio en Chapinero, Bogotá.

Foto:

Cortesía SAE

04 de julio 2017 , 12:00 a.m.

Con más de 100 policías, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) llegó hace poco más de una semana hasta una finca ubicada en Guaymaral, en el norte de Bogotá, la cual estaba siendo invadida por una familia de cinco personas. 

Este predio, conocido como La Morena, le pertenecía al capo Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, y aunque su administración quedó en manos de la SAE después de que se le extinguió el dominio, la Sociedad no había podido disponer del bien por la ocupación ilegal que varias personas hacían de uno de sus lotes.

Fuentes aseguran que, con recursos como tutelas y amenazas de demandas, Jorge Arturo Moreno Ojeda, conocido como ‘el zar de la vigilancia’, había frenado la recuperación de ese bien por parte del Estado.

Con la reciente acción de la SAE, este predio –que estaría avaluado en unos 2.000 millones de pesos– podrá ser vendido para que ese dinero entre al fondo de reparación de víctimas.

La Morena fue el segundo predio que la SAE ocupó usando sus funciones de policía judicial o administrativa, facultades que el Ministerio de Justicia le dio desde el 2015, pero que solo empezaron a usar desde hace dos semanas.

El primer desalojo se dio el pasado 20 de junio, cuando la SAE llegó hasta un edificio ubicado en la avenida Caracas de Bogotá, el cual era ocupado por al menos 25 personas y que otrora le perteneció a Antonio Galindo Gilmer, cuñado de Pacho Herrera, cuarto al mando del cartel de Cali. Este bien no había podido ser administrado por el Estado por la ocupación ilegal de la que era objeto. Sin embargo, después de varias notificaciones, la SAE hizo un operativo en el que los ocupantes que estaban conectados ilegalmente a servicios públicos salieron voluntariamente. La semana pasada realizó un tercer operativo en un edificio de Chapinero, en Bogotá.

La SAE empezó a liderar los desalojos de los bienes porque el nuevo Código de Policía limitó las funciones de los inspectores de policía, por lo que se estaban negando a realizar estos procedimientos.

Y como hacerlo a través de los alcaldes podía tomar mucho más tiempo, la SAE decidió realizar esos procesos sin intermediarios.

Al dirigir los desalojos la entidad asegura que se está garantizando que el proceso –que antes se demoraba hasta 8 meses– se haga en un mes. De hecho, mientras con el anterior proceso, que dependía de autorizaciones administrativas y trámites, se lograron desalojar 435 bienes en dos años y se expidieron resoluciones por 1.819 inmuebles, con el nuevo procedimiento la SAE espera desalojar en los próximos seis meses 366 propiedades ubicadas en 22 zonas del país.

La recuperación de esos bienes es clave, pues muchos de ellos están siendo ocupados por familiares y testaferros de los capos a los que se los quitaron.

La SAE ha encontrado entre todos los bienes que administra que más de unos 3.000 tienen ocupaciones ilegales. La oposición no solo es de hecho, pues además de negarse a salir de los predios y viviendas, los ocupantes también han interpuesto 146 tutelas para intentar frenar los desalojos. Todas han sido falladas a favor del Estado.

Para cumplir estas funciones de desalojos, la Sociedad designó un equipo de 15 funcionarios en las distintas regionales que se encargarán de la delegación de esta facultad.

‘Nuestra intención es que entregas sean voluntarias’

Mauricio Solórzano, vicepresidente de la SAE, habló con el tiempo sobre los operativos de desalojo.

¿En qué momento la SAE decide hacer el desalojo?

El bien tiene que estar en nuestra administración. Nos lo debe haber entregado un fiscal o un juez en un proceso de extinción de domino. Después se hace una visita para identificar quién lo ocupa. Si esa persona no legaliza su ocupación a través de un contrato de arrendamiento o compra, se notifica el desalojo.

¿Cómo son esos procesos?

El decreto nos obliga a notificar tres días antes del operativo al ocupante, invitándolo a que haga una entrega voluntaria. Nuestra intención siempre es que las entregas sean voluntarias. El uso de la Fuerza Pública es una medida extrema. En la diligencia se les abre el espacio para que puedan retirar sus cosas.

¿Qué pasa con esos bienes?

Después del desalojo vienen tres actuaciones. Si hablamos de un bien rural, lo entregamos a la Agencia de Tierras. El segundo frente es para lo que no está extinto: le entregamos el bien a un depositario para que genere productividad a través de un contrato de arrendamiento. Y los bienes extintos no rurales son vendidos inmediatamente.

JUSTICIA

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