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Nuevo llamado al Gobierno para proteger a población civil lanza OEA

La misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) alertó de la inseguridad persistente en el ámbito rural.

La misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) alertó de la inseguridad persistente en el ámbito rural.

Foto:Juan Manuel Herrera / EFE

El organismo reitera su preocupación por los desplazamientos que se registran en Antioquia y Córdoba

Más de 1.500 personas se han visto obligadas a dejarlo todo para salvar sus vidas en el bajo Cauca antioqueño y sur de Córdoba. Así lo denunció la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA).
El organismo internacional señala que este desplazamiento se registra por los combates entre grupos ilegales, desde mediados del mes de enero.
MAPP/OEA se declara preocupada “frente a los desplazamientos forzados y graves afectaciones que sufre la población civil de diferentes veredas de Cáceres y Tarazá (Antioquia) y San José de Uré (Córdoba) generadas a raíz de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales”, señala en un comunicado
En el mismo advierte que tan solo en el municipio de Cáceres (Antioquia) los enfrentamientos por el control territorial han obligado a cerca de 1.500 personas a desplazarse,  y que en Tarazá más de 50 personas han corrido igual suerte.
"Comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas del pueblo Zenú se han desplazado hacia el casco urbano, y en menor medida hacia Caucasia y Medellín. También se registran violaciones de derechos humanos en San José de Uré, sur de Córdoba", se lee en el comunicado
Frente a este panorama la MAPP/OEA hace un nuevo llamado  al Gobierno "para brindar garantías efectivas de prevención de afectaciones, protección de la población y garantías de no repetición para esta población, históricamente afectada por la violencia armada y criminal".
Señala que sobre terreno se ha constado la situación de riesgo para la población civil 
que  "además del desplazamiento, también se registran homicidios y confinamiento de comunidades intimidadas por el accionar de estructuras ilegales".
El organismo reitera que seguirá apoyando el proceso que desde diferentes aristas se desarrolla en Colombia, y que reconoce los esfuerzos del Estado por recuperar la institucionalidad en diferentes zonas del país.
JUSTICIA
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