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Así funciona la ‘policía’ que lucha contra los carteles empresariales

Tecnología, delaciones e imponer multas millonarias son las principales armas de la Superindustria.

Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio

Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio.

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Claudia Rubio / EL TIEMPO

03 de febrero 2018 , 10:45 p.m.

Aunque los ojos del país llevan décadas concentrados en los escándalos de los corruptos que se roban la plata de todos los colombianos, existen sofisticadas prácticas ilegales en el mundo de la industria y el comercio que también sacan billones de los bolsillos de todos los ciudadanos.

Sus protagonistas son los llamados ‘carteles empresariales’, pactos soterrados entre algunos comerciantes y fabricantes que, según entidades como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), pueden hacer subir los precios de determinados productos o servicios hasta un 60 por ciento.

El ‘bloque de búsqueda’ contra esa práctica ilegal lo tiene la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), cuyas investigaciones han llevado en los últimos años a millonarias multas contra empresas que le hicieron trampa a la libre competencia en detrimento de los intereses de los consumidores.

Solo el año pasado, esas sanciones sumaron 350.000 millones de pesos, lo mismo que cuesta el plan maestro de acueducto y alcantarillado de una ciudad como Buenaventura para los próximos diez años. Las tres cuartas partes de ese valor correspondieron a sanciones por violar el régimen de competencias, sobre todo mediante la cartelización. Un cartel empresarial es una alianza entre productores de bienes o servicios que pactan los precios que más les convienen y, en muchos casos, dejan fuera de combate a los competidores más pequeños.

Esa conducta está prohibida desde 1959, en virtud de la Ley 155. Sin embargo, los dientes de la SIC no estuvieron suficientemente afilados hasta el 2009, cuando se modificaron los topes de las multas para las prácticas comerciales restrictivas. Hace diez años, por ejemplo, la sanción máxima era de 1.600 millones de pesos, mientras que hoy es de 78.000 millones. Para la muestra, un botón: la Superintendencia confirmó esta semana una multa contra siete empresas controladas por el cuestionado ‘zar de la seguridad’ Jorge Moreno por 14.000 millones de pesos, el doble de todo lo que se ordenó pagar en el 2006. Durante los últimos seis años, la cifra de penalidades sumó 1,7 billones.

Aunque muchos colombianos prefieren no quejarse por malos servicios o por sobrecostos en los bienes que adquieren, las denuncias son el motor de la mayoría de las investigaciones. Otras, entre ellas algunas de las más sonadas, arrancan por delaciones de ejecutivos y hasta de empresas que buscan aprovechar una ‘zanahoria legal’: la ley establece que el primero en delatar un cartel puede salvarse de la multa por hacer trampas.

El rastro queda en los PC

Develar y desmantelar carteles no es la única misión de la SIC. También debe ocuparse de otras formas de defensa del consumidor, de proteger los datos de las personas y hasta de hacer respetar la metrología del país (lo relativo a pesos y medidas).

De sus 1.450 empleados, el 67 por ciento realiza labores de investigación en todos esos campos. Y una de sus herramientas más poderosas es el laboratorio de informática forense, que funciona en el tercer piso de la sede central en Bogotá y en el que expertos en seguir el rastro de registros electrónicos han logrado poner en evidencia las malas prácticas de ejecutivos de reputadas empresas nacionales.

La SIC no ordena allanamientos sino “visitas administrativas de inspección”. En ellas, los expertos buscan dispositivos de almacenamiento de información (USB, computadores, tabletas, celulares y servidores, entre otros) y, tras determinar cuáles son relevantes para la investigación, hacen una copia espejo de los datos, bit a bit. Los investigadores no se llevan los equipos, sino una copia que, para efectos técnicos y sobre todo legales, es fiel reflejo de la información de origen.

¿Qué sirve para las investigaciones? Lo que rara vez piensan quienes hacen estos acuerdos ilegales es que aunque borren de sus cuentas de correo los mensajes en los que acuerdan precios y procedimientos, este material puede ser recuperado. Tan solo en la investigación del ‘cartel de los pañales’, que llevó a la imposición de una sanción millonaria, los investigadores tuvieron acceso a 700 correos.

Los archivos quedan registrados en el laboratorio con una huella hash, un algoritmo único para cada documento. La información es extraída y procesada a un ritmo de un computador por día, que contrasta con los 20 días que tomaba analizar cada equipo a comienzos de esta década. El resultado de ese proceso es estudiado luego por los investigadores de cada caso, quienes determinan si hay pruebas suficientes para recomendar sanciones y elaboran un “informe motivado”. Un consejo asesor, conformado por cinco personas (expertos en temas jurídicos y económicos nombrados por el Presidente de la República), estudia los argumentos y toma la decisión de archivar la investigación o multar.

El laboratorio de la SIC debe cumplir con las mismas normas de informática forense a las que están sometidas instituciones como la Policía y la Fiscalía. Así, se sigue el protocolo de cadena de custodia que aplica el ente acusador para los procesos penales y la Guía de Evidencia Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

La tecnología de punta del laboratorio de la SIC permitió seguir en tiempo real la venta en línea de las entradas para el partido que enfrentó en octubre a las selecciones de Colombia y Paraguay. Esto, después de formular pliego de cargos contra Ticket Shop por anunciar la disponibilidad de unas boletas para el juego Colombia vs. Brasil que nunca llegaron a los aficionados porque habían sido desviadas al lucrativo negocio de la reventa.

Incluso, con sus equipos la Súper ayudó a la Fiscalía para procesar información de computadores que la multinacional brasileña Odebrecht tenía en sus oficinas en Ecuador.

Delatar paga

Pero no todo es tecnología en la labor detectivesca de la SIC. Como sucede con las mafias, las delaciones son fundamentales en la lucha contra los carteles empresariales. De hecho, la mayoría de los que se han descubierto cayeron por esta causa.

Un buen ejemplo es, de nuevo, el ‘cartel de los pañales’. En noviembre del 2013, la SIC hizo visitas de inspección a Familia, Tecnoquímicas y Kimberly para tratar de dilucidar si eran ciertas las sospechas sobre acuerdos irregulares entre las tres compañías, que concentraban entonces el 85 por ciento del mercado de los pañales.

Dos semanas después de las visitas, Kimberly pidió ser incluida en un plan de beneficios por colaboración (similar al principio de oportunidad que ofrece la justicia: información a cambio de gabelas procesales). Pero la empresa fue más lejos, no solo habló del ‘cartel de los pañales’, sino que destapó el de los cuadernos y el del papel higiénico. Por los datos que entregó, le perdonaron el pago de 200.000 millones de pesos.

En estos procesos, el que primero habla es el más beneficiado. Familia, que se acogió un poco más tarde, fue eximida de la mitad de las multas por los casos de los pañales y el papel higiénico. Por cada uno pagó cerca de 34.500 millones de pesos.

Según el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, el nivel de recaudo de las multas de los últimos seis años alcanza el 90 por ciento. Buena parte del dinero restante corresponde a sanciones del año pasado que están pendientes porque las empresas interpusieron algún recurso o porque llegaron a un acuerdo con la Superintendencia para diferir el pago. Para Robledo, una de las claves de este buen resultado es que las empresas saben que si no pagan, sufrirán el embargo de sus bienes, algo que resulta más difícil cuando se trata de personas naturales.

Este panorama contrasta con el de la justicia ordinaria. De acuerdo con los datos de la Contaduría General de la Nación, a mediados del 2017 (última cifra disponible) las personas sancionadas penalmente le debían más de 19 billones de pesos al Consejo Superior de la Judicatura, que registraba a más de 24.000 deudores morosos. Y un informe de la Contraloría General de la República reveló que 4,4 billones que debían personas condenadas por narcotráfico se perdieron por prescripción.

Lupa a la contratación pública

Pero tan importante como desactivar las malas prácticas en el sector privado es combatir las colusiones (confabulaciones) en la contratación pública. Aunque el monto de cuánto se pierde por corrupción en el país no es preciso, el desangre anual podría rondar el 5 por ciento del producto interno bruto –unos 50 billones de pesos–, de acuerdo con cálculos de la Contraloría General.

Por eso, en el 2017 se puso en marcha un grupo élite de investigación especializado en este tema, compuesto por 55 profesionales (28 abogados, 8 informáticos forenses, 6 economistas, 4 contadores, 3 administradores, 2 ingenieros civiles y 4 asistentes) y respaldado por una inversión de 6.000 millones de pesos.

“Un empresario vive de los negocios y el Estado es una magnífica contraparte para hacerlos. El producto interno bruto (PIB) colombiano asciende a 900 billones de pesos y las compras públicas equivalen al 17 por ciento del PIB, es decir, 153 billones. El Estado, en la medida en que genera todos esos negocios como consumidor de productos (carros, alimentos, carreteras, servicios, etc.), merece contratar al mejor oferente del mercado, pero eso no pasa. Como en las licitaciones públicas pasan todo tipo de cosas ilícitas, los empresarios decentes no participan en ellas”, argumenta Robledo para respaldar la iniciativa.

Antes de la creación de este ‘bloque de búsqueda’, en toda la historia de la SIC se habían formulado 12 pliegos de cargos por colusión en licitaciones. En un solo año de operación, el nuevo equipo emitió 11 informes motivados, 10 que recomiendan sancionar y uno que pide el archivo del proceso.

La justicia también es multinacional

No pocos hallazgos de la SIC provienen del descubrimiento de asociaciones ilegales en otros países. Estas, según el superintendente Robledo, pueden ser un indicio de que multinacionales con presencia en Colombia estarían obrando de igual forma aquí. Y sus homólogos extranjeros hacen lo mismo. Por ejemplo, en Chile se descubrió un ‘cartel del papel higiénico’, conocido en ese país como el ‘caso Confort’, gracias al desmantelamiento del cartel colombiano. Tras la formulación del pliego de cargos contra las compañías ‘cartelizadas’ en Colombia, la Fiscalía Económica de Chile encontró que CMPC y una firma del Grupo Familia eran grandes jugadoras de ese mercado en Chile. Hace tres semanas salió el fallo, con multas millonarias para las compañías involucradas.

VALENTINA OBANDO JARAMILLO
Redacción Justicia

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