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‘Minjusticia le decretó eutanasia al Consejo de Política Criminal'

Fiscal Martínez dijo que continuar con el proyecto de rebaja de pena deja sin piso al ente.

Fiscal Néstor Humberto Martínez

El Fiscal Néstor Humberto Martínez criticó el proyecto de rebaja de penas.

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Claudia Rubio / EL TIEMPO

03 de mayo 2017 , 11:52 p.m.

“El Consejo de Política Criminal es un enfermo terminal al que nadie asiste, no se ha podido formular la política criminal y cuando finalmente emite un concepto sería muy grave que no se le atendiera, cuando está bajo el control del propio Ministerio de Justicia”.

De ese tono fueron las críticas que hizo el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, ante la decisión del Gobierno Nacional de persistir en su apoyo a un proyecto que le concedería a los procesados por los delitos menos graves una rebaja del 20 por ciento de la pena.

Esto a pesar de que tal como lo reveló EL TIEMPO este miércoles, la mayoría de los integrantes del Consejo votaron el viernes pasado no apoyar ninguna de las cuatro iniciativas que concedían esos beneficios.

El fiscal Martínez señaló que si el Minjusticia no acata la decisión de la mayoría del Consejo “le estarían decretando la eutanasia” a esa instancia consultiva.

“Ya no tiene razón de ser, no tiene sentido ni siquiera asistir a sus convocatorias”, señaló el jefe del ente acusador que desde su llegada al cargo en agosto del año pasado se ha opuesto a las iniciativas que promueven rebajas de penas o excarcelaciones de presos.

Añadió que existe un concepto técnico que consideró “inconstitucional e inconveniente” las iniciativas de ‘la U’, el Centro Democrático y el Partido Conservador, por lo que hay “razones poderosas para no dar ese paso adelante” que le abriría la puerta de la cárcel a cerca de 40.000 personas en los próximos cuatro años.

“Es necesario hacer una revisión sistemática de la dosimetría penal en Colombia, pero lo que no debe haber es un populismo punitivo de estar rebajando las penas a toda hora, el poder disuasivo del derecho penal se pierde totalmente”, advirtió el jefe del ente acusador tras afirmar que quienes están encargados de garantizar la seguridad ciudadana en el país deben enviar un mensaje “de que ese no es el camino, que es un concepto absolutamente equivocado”.

Acatarán observaciones

El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, sostuvo que contrario a la que dice el Fiscal, el Consejo tiene unas funciones determinadas en la ley y que para la participación de los integrantes se requiere buena voluntad.

Añadió que el Ministerio no desconoce el concepto del Consejo: “Hemos entendido que hay un respeto por las decisiones de las mayorías y deben ser respetadas. Pero aquí tenemos es unas observaciones que pueden ser superadas y puede haber un replanteamiento. En caso de que no pudiera haber un replanteamiento pues obviamente acogemos lo que dice el Consejo”.

Horas antes, en un debate en el Congreso, Gil Botero señaló que los derechos de los reclusos no deben ser de segunda categoría y que el Estado tiene que garantizar un trato digno y adecuado a sus derechos fundamentales.

Gil Botero indicó que teniendo en cuenta recomendaciones de la Corte Constitucional y del mismo Consejo de Política Criminal se han puesto en marcha medidas para “racionalizar el uso de la prisión, promover alternativas que resulten más económicas al Estado y a la sociedad y que permitan el goce efectivo de derechos”.

Gil Botero indicó que el hacinamiento creció en un 181 por ciento entre 2000 y 2016, mientras que la cantidad de presos lo hizo en un 316 por ciento en el mismo periodo. “Mi sueño es no hacer más cárceles, sino adecuarlas, pues lo ideal sería que no existieran más presos”, dijo.

Incluso señaló que las cortes manifestaron que el proyecto podría ser más agresivo para aumentar el número de liberados.

Este diario estableció, por ejemplo, que la Defensoría del Pueblo votó negativamente los cuatro proyectos y que recomendó que la iniciativa del Gobierno podría ser más amplia evaluando un ajuste general a las penas y que acate las órdenes que la Corte Constitucional ha dado en el marco del estado de cosas inconstitucional, en el que fue declarada la situación carcelaria.

JUSTICIA

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