Que los miembros de la Fuerza Pública tengan acceso a justicia transicional en el marco del conflicto armado es un tema que por primera vez en Colombia llega al Congreso, y desde ya desató una fuerte polémica en diferentes sectores.

El proyecto de reforma constitucional denominado marco legal para la paz, que tiene el visto bueno del presidente Juan Manuel Santos y que comienza mañana en la Comisión Primera de la Cámara el primero de ocho debates que requiere, contiene esa posibilidad.

Lo que se busca con esta iniciativa es que el Gobierno tenga herramientas jurídicas que faciliten desmovilizaciones masivas e incluso les da la posibilidad de participar en política a miembros de grupos armados ilegales que entablen futuros procesos de paz con el Estado.

Pero, el tema que desde ya calentó el debate por sus alcances es el acceso de miembros de las Fuerzas Militares a una justicia transicional.

Esto les permitiría pagar penas alternativas a los miembros de la Fuerza Pública que cometan delitos en el marco del conflicto armado, que, a propósito, será reconocido por primera vez en la Constitución Política.

Carlos Edward Osorio, representante de 'la U' y único ponente del proyecto en el primer debate, dijo que es importante que se reconozca que los uniformados son un actor del conflicto armado que deben tener acceso a penas alternativas, pero con un tratamiento jurídico diferenciado del que en un eventual proceso de paz se les dé a miembros de grupos armados ilegales.

El congresista explicó que a todos "no se les puede dar igual tratamiento, porque no es lo mismo que una persona contravenga la ley siendo un agente del Estado, que una que no lo es".

"Los uniformados son parte del problema y, por lo tanto, de la solución; por eso se dice en la norma que se cobija a todos los actores del conflicto armado interno, sin excepción", agregó Osorio.

Por su parte, Guillermo Rivera, representante liberal, catalogó como "contradictoria" la intención de que los uniformados tengan acceso a justicia transicional.

"No me parece adecuado que se quiera establecer una justicia transicional para la Fuerza Pública, puesto que está actuando bajo los preceptos del orden constitucional y no pueden hacer la transición a un régimen al que tienen que estar respetando", precisó el representante Rivera.

Los alcances del proyecto

De autoría del senador Roy Barreras, el proyecto consta de solo tres puntos, contando el de su vigencia.

Y es en el primero -que incluye un artículo transitorio en la Constitución- con el que se abre el camino por primera vez en el país a la justicia transicional para los uniformados.

"Los instrumentos de justicia transicional tendrán como finalidad prevalente facilitar la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera, garantizando la seguridad de todos los colombianos. Estos instrumentos podrán autorizar un tratamiento diferenciado para cada una de las distintas partes que hayan participado en las hostilidades, y serán temporales y excepcionales. El Gobierno aplicará estrategias integrales para proteger los derechos de las víctimas", dice el artículo.

De ser aprobado, este acto legislativo debe ser desarrollado por una ley que demarque sus alcances.

Uno de los aspectos que han generado mayores dudas tiene que ver con que aún no hay claridad sobre si se les otorgarían beneficios judiciales a los militares involucrados en el escándalo de los 'falsos positivos'.

Precisamente, en el Congreso este punto ha despertado gran polémica. El representante Guillermo Rivera catalogó esa posibilidad como "gravísima".

"Uno pensaría que es lo que precisamente se quiere, que los involucrados en los falsos positivos puedan acceder a justicia transicional, lo cual me parece gravísimo si se llega a dar", puntualizó Rivera.

Se aplicaría para procesos de paz

De ser aprobada la iniciativa, se teme que en un eventual proceso de paz haya resistencia de la Fuerza Pública al ver que los miembros de las guerrillas reciben asistencia del Estado u ocupan cargos públicos, mientras hay uniformados pagando altas condenas por delitos cometidos en confrontaciones armadas. Por eso, se busca que los militares puedan acceder a penas alternativas, dijo el representante Osorio.

Juristas advierten que esa medida sería aplicar una autoamnistía

El Tratado de Roma, que le dio vida a la Corte Penal Internacional, admitió que en algunos casos se den amnistías para ciertos crímenes, pero prohibió explícitamente las autoamnistías.

Juristas consultados por EL TIEMPO catalogaron como una autoamnistía que los uniformados tengan acceso a justicia transicional en el marco de un eventual proceso de paz.

El ex presidente de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán, aseguró que el Estado no está facultado para darles tratamiento judicial alternativo a sus propios agentes.

"El Estado no puede amnistiar ni darles tratamiento propio de una justicia transicional a sus agentes, quienes están llamados a garantizar los derechos de los ciudadanos y no a violarlos", afirmó.

El ex comandante de las Fuerzas Militares, general (r.) Harold Bedoya, dijo que los miembros de la Fuerza Pública son formados para aceptar responsabilidades cuando cometen algún delito, por lo que consideró que no se les debería juzgar con los preceptos de la justicia transicional.

"No me parece que sea lo más conveniente, porque al militar se le forma para que cuando cometa faltas o delitos responda por ellos y acepte las consecuencias de su conducta", aseguró Bedoya.

Pero el general (r.) Néstor Ramírez, quien fue segundo comandante del Ejército, considera que si un uniformado comente un delito por "ignorancia invencible" se debería castigar con penas alternativas; pero si lo hace vulnerando los principios militares, le debe caer todo el peso de la ley. "Si han cometido crímenes por razones ideológicas o ignorancia invencible deben pagar una pena y estaría de acuerdo con que sea alternativa, porque no es posible que un criminal pague 8 años por 2 mil asesinatos y un militar por un crimen pague 45", dijo.

Derechos políticos
El Gobierno tendrá la facultad de otorgarlos

La Ley de Justicia y Paz implementó un marco de justicia transicional para la desmovilización de las Auc y la Corte Constitucional, al estudiar la norma en el 2006, cerró la puerta a la aplicación del delito político para su accionar. El proyecto de marco legal para la paz plantea que, si el Gobierno lo determina y el Congreso lo avala, los miembros de grupos armados ilegales que dejen las armas podrían participar en política. Pero, voces alertan que vía tutela los 'paras' podrían pedir igualdad de derechos y reclamar esa posibilidad.