Justicia

Procuraduría pide dejar en firme Comisión de Garantías de Seguridad

Pero hizo énfasis en que Comisión no puede usarse para atacar a opositores del proceso de paz.

Fernando Carrillo, procurador general de la nación.

Fernando Carrillo, procurador general de la nación.

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Mauricio León / EL TIEMPO

10 de marzo 2017 , 04:38 a.m.

Con un concepto favorable sobre la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, concebida en el acuerdo de paz entre Gobierno y Farc, la Procuraduría General pidió a la Corte Constitucional dejar en firme ese organismo.

Para el Ministerio Público, la creación de dicha comisión mediante el Decreto Ley 154 del 2017 es constitucional.

“Ante el proceso de paz que actualmente se implementa, resulta razonable y necesario que uno de los principios objetivos estatales consista en la persecución y erradicación de los delitos que tengan por objeto entorpecer la implementación de la paz o amenazar la vida o integridad de las personas que han dejado las armas para reintegrarse a la vida civil”, sostiene la Procuraduría en su concepto.

Ese órgano tendrá la responsabilidad de diseñar y hacerle seguimiento a la política criminal para el desmantelamiento de las organizaciones que “atenten o amenacen” a quienes participan de la implementación de los acuerdos de paz.

Frente al tema, el documento de la Procuraduría solo tiene un reparo y es que debe hacerse una interpretación adecuada de la misión de la comisión. “Esta no tiene por función aplicar políticas que persigan o restrinjan la libertad de expresión, la libre oposición política o la libertad de prensa en contra de la implementación del acuerdo de paz”, se lee en el concepto.

Eso quiere decir que no puede entenderse por “quienes amenacen” a quienes tengan una opinión contraria al acuerdo de paz.

Por otra parte, la Procuraduría solo pide que se declare inexequible un aparte del decreto que estima que cuando la comisión, integrada entre otros por el Presidente de la República, los ministros del Interior, de Defensa y de Justicia, el Fiscal, el Defensor del Pueblo y el Procurador, sesione por fuera de Bogotá, se les cubrirán a los integrantes los desplazamientos y alojamiento, algo que la Procuraduría considera inconstitucional, pues sostiene que los decretos con fuerza de ley expedidos con fundamento en las facultades especiales para la paz no pueden ser utilizados para decretar gastos.

EL TIEMPO

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