Unas rocas gigantescas que debieron ser voladas dentro de la cárcel El Pedregal, que lleva menos de cuatro meses de operación en Medellín, y no fueron removidas aunque el trabajo se cobró, hacen parte de las irregularidades que ahora involucran a una filial del controvertido grupo Nule, que estaba encargada de realizar la interventoría de las obras.
Las anomalías, posiblemente, también involucren a sus constructores y al Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).
Una denuncia, que reposa en la Contraloría General de República con el radicado 2010-8209-82111-D y que también conoce la Procuraduría, pide investigar desembolsos injustificados por unos 7.900 millones de pesos a VHAC, la empresa que construyó el penal, y que habrían sido permitidos por Ponce de León y Asociados S.A. Ingenieros Consultores (ahora en liquidación), filial del conglomerado de la familia Nule, que actuaba como interventora.
Entre otros aspectos, se llama la atención sobre "posibles deficiencias en los diseños que trajeron inicialmente un retraso de cinco meses" y un presunto costo adicional de casi 2.000 millones de pesos.
Luego, menciona los 668 millones que pagaron por explotar las peñas, que hoy, aún en el sitio original, son notorias entre los edificios de hombres sindicados y condenados, y representarían riesgo para la seguridad.
Hace una semana, de este centro penitenciario se fugaron seis presos aprovechando unas placas metálicas antisísmicas que, según dijo el director (e) del Inpec, Felipe Henao, estaban mal diseñadas.
La queja también llama la atención de que estas costaron 119 millones y se pagaron dos veces, lo mismo que las mallas exteriores, que valían 104 millones.
Además, añade que estaba previsto instalar vidrios blindados de un calibre y se pusieron unos de menor especificación, que costaban 158 millones de pesos menos.
La cárcel de mediana seguridad El Pedregal fue inaugurada el 21 de julio pasado, en el corregimiento San Cistóbal (occidente de Medellín) con un retraso de cinco meses.
Su costo programado era de 73 mil millones de pesos pero finalmente ascendió a 115 mil millones.
EL TIEMPO trató de contactar a los directivos de Ponce de León en Medellín pero no fue posible. Una comisión accidental del Concejo de Medellín ha hecho varias advertencias acerca de irregularidades en la operación del reclusorio.
"Existe una resolución interna del Inpec que requería que todas las obras complementarias estuvieran listas para empezar a funcionar y nos parece extraño que no se hubiera cumplido algunas como restaurantes y cámaras de seguridad", destacó el corporado Carlos Ballesteros, integrante de la comisión.
Asimismo, el alcalde de Medellín, Alonso Salazar, pidió el este domingo que se investiguen las denuncias.
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