JEP Colombia

Lupa a dos artículos en proyecto de ley de reglamento de la JEP

Propuesta da a la nueva jurisdicción facultad de realizar pruebas para decidir sobre extradición.

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Proyecto inicial presentado por la JEP tenía 228 artículos. Documento quedó en 76.

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Foto: Milena Sarralde Duque / EL TIEMPO

03 de mayo 2018 , 08:10 p.m.

El proyecto de ‘código de procedimiento’ de la nueva Jurisdicción Especial para la Paz, que fue radicado el pasado 24 de abril en el Senado y que será clave para poner en marcha ese sistema de justicia, arranca con polémicas.

La propuesta inicial, de más de 200 artículos, fue ‘peluqueada’ por el Gobierno hasta quedar en 76 y plantea un cambio fundamental en la manera como ha operado la extradición en Colombia: la posibilidad de practicar pruebas más allá de la simple verificación de requisitos formales.

El artículo 54 del proyecto señala que la Sección de Revisión de la JEP tendrá la función de verificar la fecha de comisión de los hechos por los que el postulado es pedido en extradición, y que para el desarrollo de sus tareas podrá requerir no solo la información que considere a las autoridades, sino que “podrá ordenar la práctica de pruebas necesarias para su resolución, incluida la versión del solicitado en extradición”.

Esa facultad es polémica porque tanto el acuerdo con las Farc como el acto legislativo que creó la JEP establecen que el único requisito que debe cumplirse para entregar el caso a la justicia ordinaria es la certificación de que los hechos hayan ocurrido con posterioridad a noviembre del 2016, cuando se firmó la paz. Esto se aplicaría, puntualmente, en el caso del exnegociador de las Farc Jesús Santrich, capturado el mes pasado por cargos de narcotráfico.

La extradición opera con un control formal de la Corte Suprema en el que se verifican datos como la identidad del requerido, que se trate de conductas penales también perseguidas en Colombia y que la persona no esté siendo procesada en el país por los mismos hechos. Pero los magistrados no entran a hacer una valoración de las pruebas, pues esto lo hace la justicia del país que pide la extradición.

“Los procesos de extradición tienen como finalidad que las personas sean juzgadas en otros países o que vayan a pagar condenas que ya tienen; yo no veo posible que esos países entreguen pruebas de sus procesos”, señala el expresidente de la Corte Ricardo Calvete.

El exmagistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández dice por su lado que la ‘práctica de pruebas’ de la que habla el proyecto solo puede aludir a la revisión de la fecha de comisión de los hechos y que cualquier paso más allá desbordaría las facultades entregadas a la JEP por el acuerdo de paz.

El Gobierno ha realizado varias reuniones para analizar el tema y, según señaló el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, el proyecto está abierto a discusión, sobre la base de que no se aprobará nada que no esté en el espíritu de lo acordado en el proceso y lo refrendado en el acto legislativo de la JEP.

Pero el de la extradición no es el único artículo que genera ruidos. En teoría, cualquier beneficiario de la JEP que volviera a cometer delitos se exponía a perder todos los beneficios de pena alternativa.

Sin embargo, el artículo 69 del proyecto establece que la exclusión de la JEP procederá cuando los postulados hubiesen cometido, después del 1.° de septiembre del 2016, delitos dolosos cuya pena mínima de prisión sea cuatro años o más y se trate de delitos contra la vida, la libertad, la participación democrática, la administración de justicia y otros. Y solo procederá cuando esté ejecutoriada la condena en la justicia ordinaria.

El exmagistrado Hernández asegura que ponerle límites a la exclusión es inconstitucional, toda vez que ni el acto legislativo ni el acuerdo de paz lo habían estimado. “El objetivo del proceso de paz es que no vuelvan a delinquir: entonces no tiene sentido que se valide la comisión de esas conductas por mínimas que sean”, dice.

El objetivo del proceso de paz es que no vuelvan a delinquir: entonces no tiene sentido que se valide la comisión de esas conductas por mínimas que sean

El penalista Camilo Burbano coincide con el exmagistrado en el sentido de que la JEP estaría excediendo su competencia, pues el articulado se refiere a temas de procedimiento y no a asuntos de fondo. Además, el acuerdo de paz no hizo distinción entre los delitos por los que los exguerrilleros o los demás postulados que siguieran delinquiendo terminarían en manos de la justicia ordinaria.

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