JEP Colombia

Crece cifra de ‘parapolíticos’ tras un cupo en la justicia de la paz 

Dos de ellos dicen que están dispuestos a contar ‘la verdad’ sobre el nexo con actores armados.

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La Justicia Especial para la Paz se está convirtiendo en un poderoso imán para políticos procesados o condenados por haberse aliado con los paramilitares.

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Foto: Milena Sarralde Duque / EL TIEMPO

06 de mayo 2018 , 05:18 a.m.

Lejos todavía de empezar a funcionar y además fuertemente cuestionada por pujas internas que llevaron incluso a la ruidosa salida de su exsecretario ejecutivo, Néstor Raúl Correa, la Justicia Especial para la Paz se está convirtiendo en un poderoso imán para políticos procesados o condenados por haberse aliado con los paramilitares.

Aunque el mismo acuerdo desde el principio no incluyó la posibilidad de que la JEP revisara condenas ya impuestas contra personas diferentes a los actores directos del conflicto (ex- Farc y agentes del Estado), cada vez son más los ‘parapolíticos’ que, argumentando el derecho a la igualdad y a la norma penal más favorable, están buscando ese camino. La definición de ese asunto, de hecho, será una de las papas calientes que tendrán que definir no solo la JEP sino las cortes Constitucional y Suprema en los próximos meses.

Los que se oponen aseguran que se debe cumplir literalmente lo pactado en La Habana y que ni se puede permitir que la JEP termine desbordada por una cascada de casos.

Pero los que están a favor aseguran que los excongresistas, exalcaldes y exgobernadores caben en la definición de agentes del Estado de los que habla el acuerdo, que si los que se someten están dispuestos a decir toda la verdad esto contribuiría a la paz y, sobre todo, que tiene poco sentido que los autores directos de masacres y crímenes paguen penas mínimas mientras que los civiles ajustan condenas de 40 años.

Incluso, algunos decretos posteriores al acuerdo han venido abriendo puertas a quienes pueden acogerse a la JEP. Por ejemplo, el decreto 2199 de diciembre del 2017 dice que miembros de las Farc que se hubieran sometido a la ley de Justicia y Paz pueden acceder a los beneficios del acuerdo. Ese mismo decreto es el que ha motivado que varios paramilitares, como Saltavore Mancuso, estén pidiendo un cupo en el nuevo sistema.

Esta semana, a la lista de personas que han levantado la mano para aspirar a la JEP se sumaron los nombres del exsenador David Char y del condenado exalcalde de Magangué Jorge Luis Alfonso López, el hijo mayor de la poderosa Enilse López, la ‘Gata’.

Pero ellos dos, a diferencia de otros civiles que pidieron un cupo en la nueva jurisdicción, no llegan alegando su inocencia sino ofreciendo “toda la verdad” sobre los nexos entre los grupos armados irregulares y miembros de la clase política.

El exsenador, miembro de la poderosa casa Char, de Barranquilla, está llamado a juicio por la Corte Suprema por nexos con el bloque Norte. Por tutela busca que la JEP asuma su caso y le permita “contar la verdad”.

El caso del hijo mayor de la ‘Gata’ es aún más llamativo. En una carta a la JEP, revelada por ELTIEMPO.COM, Jorge Luis Alfonso López admite públicamente que ha “estado involucrado en el conflicto armado, de manera directa e indirecta”.

Heredero del poder económico y político de la condenada ‘Reina del chance’, Alfonso López tiene información sobre políticos financiados por su familia, autoridades militares y policiales que estuvieron en la nómina de los ‘paras’ e incluso de capítulos de corrupción judicial. Su anuncio rompe con el discurso de víctima de una supuesta persecución judicial que su madre ha sostenido por años.

Para la JEP, remitido por la Corte Suprema, va también el caso del exgobernador del Cauca y exembajador del gobierno Uribe Juan José Chaux Mosquera, quien tiene abierto desde el 2009 un expediente por supuestas alianzas con el bloque Calima de las Auc.

Y en la lista de casi 30 procesados por parapolítica que aspiran a la JEP están, así mismo, los excongresistas Pedro Muvdi, condenado a 13 años por nexos con ‘paras’ del Cesar; Augusto Andrade Moreno, también condenado por recibir apoyo de las Auc en Urabá, y Julio Manzur Abdala, quien tiene abierto el proceso en la Corte por haber sido supuestamente ficha de Mancuso en Córdoba.

Otro excongresista en el radar de la JEP es Luis Fernando Almario, ya condenado por ‘parapolítica’ y cuyo caso en la nueva jurisdicción es el del asesinato de la familia Turbay Cote, perpetrado por las Farc en la época de la zona de distensión.

Dos exgobernadores y dos exalcaldes, todos condenados, también quieren ir a la JEP. En ese grupo está Edilberto Castro Rincón, exgobernador del Meta, quien se postuló el 21 noviembre de 2017 y está pagando más de 40 años de cárcel por el asesinato de tres personas.

En enero se postuló el polémico exgobernador de Arauca Julio Enrique Acosta Bernal, quien ya tiene una condena por corrupción y enfrenta en la Corte Suprema un proceso por alianzas con el bloque ‘Vencedores’ de las Auc, el de ‘los Mellizos’.

En la lista están el aún poderoso exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo, quien tiene una condena de 27 años por un asesinato que los ‘paras’ del bloque Catatumbo cometieron para beneficiarlo. También, el condenado exalcalde de Villavicencio Franklin Chaparro.

¿Qué explica que una jurisdicción que algunos sectores políticos llegaron a comparar con una cacería de brujas para los civiles sea tan llamativa para muchos políticos, incluso de antiguos militantes de los partidos que más criticaron la JEP?

Lo cierto es que las penas alternativas y las gabelas que ya han beneficiado a las Farc y a decenas de militares y agentes del Estado sí resultan buen negocio para muchos, si sus casos definitivamente quedan en la JEP.

Muchos ‘parapolíticos’ están haciendo consultas sobre el tema, pero algunos han decidido esperar para ver cómo les va a los primeros que se presentaron para tomar una decisión”, dijo un abogado que ha sido consultado por varios de ellos.

Para algunos de los que aún no han sido condenados, por ejemplo, cabe la posibilidad de que ni siquiera terminen siendo procesados y condenados, pues no necesariamente el concierto para delinquir los pone en situación de ‘terceros determinantes’ en la comisión de los más graves crímenes en medio del conflicto.

En esas cuentas aparecen desde las libertades temporales si llevan más de cinco años presos, mientras se resuelven de fondo sus casos, hasta la definitiva en caso de que colaboren plenamente con la verdad.

Incluso, como en las reglas de la JEP quedó establecido que sus sanciones no implican la inhabilidad para volver a la política, esa sería una gabela adicional que podrían intentar alcanzar en caso de que sus aspiraciones fueran aceptadas.

David Char

Excongresista vinculado con ‘don Antonio’

El exrepresentante a la Cámara por el Partido Liberal y exsenador de Cambio Radical fue acusado por la Corte Suprema por financiar el frente José Pablo Díaz de las Auc, proceso por el que se encuentra detenido desde octubre pasado. Char, miembro de una familia de políticos de la Costa, apareció mencionado en el computador del exparamilitar Édgar Ignacio Fierro Flórez, alias don Antonio.

Edilberto Castro

El exgobernador fue condenado en el 2007

El exgobernador del Meta fue condenado en el 2007 a 40 años de cárcel por la Corte Suprema de Justicia por celebración indebida de contratos y por el homicidio de tres personas, entre ellos la diputada Nubia Inés Sánchez Romero, que lo había denunciado por irregularidades en contratos y Éuser Rondón Vargas, su contendor en las elecciones del 2003.

Juan José Chaux

Pidió a la Corte Suprema suspender su juicio

Chaux fue uno de los políticos más mencionados por Éver Veloza, ‘H.H.’ en sus confesiones en Justicia y Paz. El exgobernador del Cauca y exembajador en República Dominicana fue detenido en el 2009 por orden de la Corte Suprema. De acuerdo con el alto tribunal, se habría aliado con los ‘paras’ buscando apoyo durante su campaña a la gobernación en el 2003.

Salvador Arana

Paga una condena de 40 años de prisión

En diciembre del 2009 fue condenado a 40 años de prisión por el asesinato de Eudaldo León Díaz, el alcalde de El Roble, cuyo homicidio ocurrió tiempo después de haber dicho en un consejo comunitario que su vida corría peligro. Arana, exgobernador de Sucre y exembajador en Chile, desvió, según la Corte Suprema, recursos del departamentopara financiar a grupos paramilitares.

Las claves del salto a la JEP

1. Revisión

Los condenados en la jurisdicción ordinaria podrían lograr que la Jurisdicción Especial para la Paz revise sus sentencias, siempre y cuando se trate de ‘combatientes’ (por ejemplo, en el caso de militares). De allí que no necesariamente un ‘parapolítico’ condenado tendría cupo en la JEP.

La Corte Suprema de Justicia conserva la competencia de la revisión de las condenas que ese tribunal haya emitido.

La Sala de Revisión definiría a petición del condenado, por ejemplo, si hubo inexistencia del hecho o un error manifiesto en la calificación jurídica. Igualmente, se tendrá que examinar la sanción impuesta o la extinción de la esta, de cara a las normas más favorables.

2. Menos pena

En la justicia ordinaria las penas por delitos tan graves como el homicidio, por el que son investigados políticos como el exrepresentante a la Cámara Luis Fernando Almario, superan los 35 años de cárcel. En la JEP, en el peor de los casos, quienes no hayan reconocido responsabilidad y sean condenados por el tribunal podrán recibir sentencias de entre 15 y 20 años de cárcel.

Pero si llegan a reconocer verdad y responsabilidad, las sanciones serán de entre 5 y 8 años, con lo que garantizan que en corto tiempo puedan recuperar su libertad. Y si hay colaboración plena, incluso pueden aspirar a las penas no intramurales; esto es, no cárcel.

3. Jugar con el tiempo

Aunque la justicia especial para la paz avanza a marcha lenta, abogados consultados por EL TIEMPO señalaron que las cuentas que hacen algunos de los procesados es que allí los casos avanzarán más rápido que en la Corte Suprema, en donde muchas investigaciones han durado años apenas en etapa de investigación, sin que se tomen decisiones de fondo.

Otros le están apostando a que en casos por delitos como concierto para delinquir, que ya llevan tiempo en la justicia ordinaria, se demoren lo suficiente en la transicional para que prescriban.

JUSTICIA
justicia@eltiempo.com
En Twitter: @JusticiaET

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