JEP Colombia

'Les cumplí al país y a las víctimas con transparencia'

El secretario ejecutivo de la JEP afirmó que su renuncia no tiene que ver con críticas a su gestión.

Néstor Raúl Correa

El secretario ejecutivo de la JEP, Néstor Raúl Correa, presentó su renuncia ante la presidenta, Patricia Linares. EL TIEMPO

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Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO

05 de abril 2018 , 08:58 p.m.

“La Secretaría Ejecutiva implementó en un tiempo récord la Ley 1820 de 2016 sobre amnistías e indultos, que fue uno de los primeros compromisos adquiridos para el cabal funcionamiento del acuerdo de paz”.

La declaración está consignada en un comunicado en el que Néstor Raúl Correa, el secretario ejecutivo de la JEP –que presentó su renuncia el pasado martes–, defendió su gestión.

Ante las alertas que han llevado a que organismos de control revisen millonarios contratos de asesoría para la JEP, Correa aseguró que esos contratos no fueron firmados por él sino por el Fondo Colombia en Paz.

También aseguró que la JEP no ha funcionado con un “jugoso presupuesto”, pues en el 2017 la Secretaría Ejecutiva operó con 14.000 millones, mientras que el presupuesto que esa jurisdicción recibió este año son 200.000 millones de pesos.

Dijo que con el presupuesto que tuvo el año pasado se cumplieron funciones por 12 meses en los que “se destacan la suscripción de un poco más de 6.000 actas de compromiso de posibles comparecientes a la JEP en más de 70 cárceles del territorio colombiano”.

Sobre otros cuestionamientos que se hicieron públicos luego de su dimisión al cargo, el funcionario indicó que la JEP logró hacer presencia en 18 territorios, se acercó a las víctimas y adelantó la acomodación del sistema de justicia en su sede al norte de Bogotá.

La JEP cuenta con una sede de última tecnología que cumple con todas las características de tamaño, seguridad y comodidad requeridas para el buen funcionamiento de las labores jurisdiccionales de los magistrados”, señaló Correa en el balance que publicó.

Aseguró también que si falta mobiliario (funcionarios han denunciado que han tenido que llevar sus propios computadores) fue porque después de que llegaron los magistrados los cambiaron de piso, “lo que significó un retraso en el proceso de adecuación”.

Dijo que la compra de computadores se hizo a través del Fondo Colombia en Paz y se espera que esos equipos sean entregados la próxima semana.

Y ante los retrasos para adecuar la Unidad de Investigación y Acusación, afirmó que a la fecha los 19 funcionarios de esa dependencia que se han posesionado “cuentan con un espacio de trabajo”.

Las medidas cautelares que ordenó sobre los archivos del DAS fueron un punto de polémica, en el que el mismo Gobierno se pronunció mostrando su desacuerdo. Sobre el tema, Correa negó que estuviera intentando adjudicarse funciones jurisdiccionales que no tiene, pues dijo que desde el 15 de marzo le entregó lo que correspondía a la magistratura.

Argumentó que con la medida cautelar pretendió que los archivos del extinto órgano de seguridad “fueran puestos a disposición de la JEP, permaneciendo bajo custodia del Archivo General de la Nación”.

Negó que esa medida fuera sorpresiva y dijo que la Secretaría determinó que “persiste el riesgo de que algún proceso de depuración de los archivos pueda influir en la adecuada identificación de documentos que se constituyen en archivos de Derechos Humanos”.

Sobre la renuncia de Correa, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, sostuvo que en el proceso de implementación y puesta en marcha del sistema de justicia transicional “se han logrado avances importantes”. Y agregó: “No obstante, como todo proceso, deberá seguir desarrollándose hasta lograr las condiciones óptimas de funcionamiento”.

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