JEP Colombia

Riesgo de ‘choque de trenes’ por decisión de la JEP en caso Santrich

Jurisdicción asume el caso y pretende revisar legalidad de captura. Gobierno y Fiscalía se oponen.

Jesús Santrich

Jesús Santrich se encuentra detenido desde el pasado 9 de abril. Lleva, además, 39 días en huelga de hambre.

Foto:

Yamil Lage / AFP

17 de mayo 2018 , 08:20 p.m.

Apenas horas después de que la ponencia en el Congreso le pusiera límites a un artículo del Código de Procedimiento por el cual la JEP se arrogaba la facultad de decretar pruebas en los casos de extradición de ex Farc –y que había sido considerado como un ‘mico’ por varios analistas–, la Sección de Revisión de esa jurisdicción anunció que suspendía la extradición de Jesús Santrich y emplazó a la Fiscalía a presentar pruebas para sustentar la captura del exjefe guerrillero.

La decisión es polémica, no solo porque revisar la captura no es una facultad prevista para la JEP en las normas de la paz, sino porque los nuevos magistrados asumieron la competencia del caso cuando aún no ha llegado la solicitud formal de extradición de la corte de los Estados Unidos. Ese normalmente da el banderazo para que la Corte Suprema o, en este caso, la JEP empiecen a actuar.

De hecho, en un comunicado firmado por los ministros de Justicia, Enrique Gil Botero; y del Interior, Guillermo Rivera, el Gobierno precisó que la competencia de la JEP sobre este o cualquier otro caso de extradición solo inicia cuando ya existe un pedido formal por parte del país requirente. Es decir, que la orden de suspensión no podía ser decretada en este momento.

Además reiteró que la competencia de la JEP se circunscribe a determinar la fecha de ocurrencia de las conductas por las cuales existe la solicitud de extradición. El fuerte mensaje del Gobierno señala, además, que “la decisión de la JEP está fundamentada, entre otros, en protocolos que ella misma se dictó”, los cuales aún no han sido aprobados por el Congreso.

Esa intención de la JEP constituye un desafío frente al respeto de las jurisdicciones

Este hecho es llamativo porque la decisión de la nueva jurisdicción hace referencia a un artículo –el 134– del proyecto de ‘reglamento’ (Código de Procedimiento) que finalmente fue modificado en acuerdo con el Gobierno para ser presentado al Congreso. Y ese proyecto ya fue modificado por los ponentes y será votado el próximo martes por las comisiones primeras conjuntas.

Así, el polémico artículo 54, que permitía la posibilidad de practicar pruebas más allá de la simple verificación de requisitos formales, se redujo a una mínima expresión. Quedó así: “la Sección de Revisión podrá decretar y practicar únicamente las pruebas que sean estrictamente necesarias y pertinentes para establecer la fecha de comisión de la conducta” por la que una persona es pedida en extradición.

Quieren revisar la captura

El fiscal Néstor Humberto Martínez aseguró que la actuación de la JEP es una “amenaza para la democracia” y le pidió a la Procuraduría que intervenga para pedirle a la Jurisdicción que tumbe la decisión anunciada este jueves.

Es esencial intervención urgente de Ministerio Público en defensa del orden constitucional, ahora que han quedado amenazadas la institucionalidad democrática, las competencias del Congreso, la integridad de la jurisdicción ordinaria y la cooperación judicial internacional en lucha contra delito”, aseguró Martínez.

Según el Fiscal, “que la Sección de Revisión estudie la posibilidad de revisar las órdenes de captura impuestas por la jurisdicción ordinaria no solo constituye una afrenta a las competencias constitucionales al interior de nuestro Estado sino un paso deliberado para comprometer las reglas que eficazmente han contribuido a la lucha contra el crimen organizado mediante este instrumento de cooperación internacional” (la extradición). Y agrega que esa intención de la JEP “constituye un desafío frente al respeto de las jurisdicciones”.

Esa fue la respuesta a un aparte de la resolución de la Sección de Revisión en el que se asegura que “la Fiscalía General de la Nación no remitió la documentación relacionada con el trámite de extradición y la privación de la libertad del señor Seuxis Paucias Hernández Solarte (el verdadero nombre de Santrich)”. La JEP le dio 5 días a la Fiscalía para que entregue las pruebas que fundamentan la captura.

El mismo documento da 10 días a las partes intervinientes para que presenten las solicitudes de pruebas que consideren necesarias con respecto a la fecha en la que se habrían cometido los supuestos hechos de narcotráfico de Santrich.

Esas pruebas, o al menos parte de ellas, solo llegarían con la solicitud formal de extradición, algo que no ha ocurrido, pues la justicia de Estados Unidos tiene hasta 60 días para hacerlo después de la captura. Esta ocurrió el 9 de abril pasado.

Una vez exista la solicitud formal de extradición, la JEP debería pronunciarse en un plazo no mayor a 120 días, tal como quedó establecido en el Acto Legislativo 01 del 2017.

En el acuerdo de La Habana se establece claramente que para los delitos cometidos antes de la firma de la paz (noviembre de 2016) no habrá extradición. En los casos en los que se pida la entrega por delitos posteriores a esa fecha (como en el caso de Santrich), la función de la JEP es verificar que se cumpla ese requisito y, si esto es así, trasladar el proceso a la justicia ordinaria.

Se trata de un trámite meramente formal, tal y como lo hace la Corte Suprema de Justicia, que no entra a decidir sobre la responsabilidad del acusado en los hechos. Mientras esto ocurre, Santrich sigue en huelga de hambre por su captura.

JUSTICIA

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