JEP Colombia

¿La Fiscalía perdió la competencia para investigar a las Farc?

La vicefiscal María Paulina Riveros explica los procesos que entregaron a la JEP.

María Paulina Riveros, vicefiscal

Riveros es vicefiscal general de la Nación desde 2016,, nombrada por el fiscal Néstor Humberto Martínez.

Foto:

Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO

11 de junio 2018 , 11:00 p.m.

¿Me podría resumir cuáles son los procesos que la Fiscalía le entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)? ¿Cuántas cajas? ¿En qué estado están los procesos y contra quiénes son?

Primero, no entregamos cajas y eso tiene una explicación. Los acuerdos que en su momento firmamos en La Habana diseñaron un sistema de informes que contienen una descripción previa de los hechos relacionados con el conflicto armado y que a juicio de la Fiscalía podrían ir a la JEP. Por ahora hemos entregado dos informes de diecisiete.

¿Y qué contienen esos dos?

Entregamos un inventario cuantitativo de procesos. Son 223.200, con 196.768 víctimas, y 280.471 indiciados. Pero ojo, este es el informe de todos los hechos que constan en procesos en la Fiscalía y que a su juicio están relacionados con el conflicto armado respecto a todos los autores. Y luego dos informes: uno sobre retenciones ilegales (secuestros) por parte de las Farc. Un segundo sobre la victimización de la Unión Patriótica (UP).

¿Qué autores de delitos relacionados con el conflicto contiene el inventario?

No estamos hablando solamente de las Farc y de la Fuerza Pública o de los agentes del Estado, también del ELN, de las Autodefensas y de otras guerrillas. ¿Qué quiero explicar con esto? Entregamos un inventario general de hechos relacionados con el conflicto armado, pero sobre todos los autores.

Empecemos con el informe sobre las Farc y las características de sus procesos. ¿Cuántos? ¿Durante cuántos años? ¿Sobre qué delitos?

El primer informe se refiere a los secuestros. Hay 6.162 investigaciones atribuibles a las Farc.

Es cierto que 6.162 investigaciones no responden a la magnitud del problema. Algunas ONG hablan de hasta 40.000 secuestros…

¡¿Solo 6.162?!

Es cierto que 6.162 investigaciones no responden a la magnitud del problema. Algunas ONG hablan de hasta 40.000 secuestros…

O sea, es una denuncia mínima frente a lo que pasó en todos estos años…

Sí, y eso tiene una explicación: en la elaboración del informe advertimos que los hechos se denunciaban tardíamente, entre 6 y 20 años después de ocurridos. De manera que de pronto lo que hay es un subregistro del secuestro.

Dentro de ese subregistro, ¿qué características hay?

Los dividimos en tres periodos. El primero entre 1965 y 1993. El segundo entre 1994 y 2002. El tercero entre 2003 y 2017. En el primer periodo encontramos que las víctimas predominantes estuvieron en la población campesina, lamentablemente.

¿Eso era para irse tomando territorialmente las zonas?

Sí, para la financiación de la organización y para un control territorial.

¿Características del segundo periodo?

Digamos que fue donde el secuestro llegó al pico, entre 1994 y 2002. Hubo un incremento significativo: 3.942 casos, es decir, el 64 por ciento del total. Encontramos que el mecanismo de financiación se desplazó hacia una motivación política y hacia una pretensión del intercambio humanitario.

Es decir, ¿el intercambio humanitario en ese momento se volvió una motivación para secuestrar?

Sí. Recordemos que del 96 al 98 ocurrieron las tomas guerrilleras a bases militares de Las Delicias, Patascoy, El Billar, Miraflores y Mitú. Y en ese mismo periodo fue el secuestro de muchos congresistas conocidos. Por eso hablo de un incremento significativo de esta modalidad.

Vamos entonces al tercer periodo y a sus características…

En el tercer periodo, que va del 2003 al 2017, encontramos un descenso muy considerable de estos casos, a 1.742, que constituyen el 28 por ciento. En efecto, aquí hubo una ofensiva militar que replegó la actividad guerrillera.

¿Eso fue una mezcla de la actividad militar desplegada durante el gobierno Uribe, que luego se enlazó con los inicios de las negociaciones de paz?

Sí, una mezcla: una ofensiva militar pero también el inicio de los acercamientos con las Farc para efectos del último proceso que se suscribió en La Habana.

¿Cuántos de esos procesos que ustedes llevaron ante la JEP ya estaban judicializados?

Llevamos 6.162 investigaciones. De esas, únicamente había 265 sentencias condenatorias.

¿Eso no habla muy mal de la justicia ordinaria?

Realmente el resultado es lamentable. Es un índice muy muy bajo de sentencias.

Hablemos del segundo informe, sobre la victimización de miembros de la UP. ¿Qué paso ahí?

Nosotros, desde la Fiscalía General de la Nación, hemos puesto mucho énfasis en la investigación de lo ocurrido con la UP. Podemos hablar de que, en efecto, se trató de un exterminio de la Unión Patriótica y es un hecho vergonzoso y lamentable para la nación.

¿Hay alguna hipótesis ya consistente sobre qué paso?

Sí. Estamos convencidos de que fue un atentado directo contra una fuerza política naciente de la izquierda colombiana.

¿Un intento de exterminio?

Sí. Estamos convencidos de que la intolerancia social, pero sobre todo la resistencia a la decisión de apostarle a la política en cambio de la utilización de las armas, fue una respuesta negativa en la que resultaron involucrados también miembros de la Fuerza Pública, en muchos ocasiones en connivencia con las Autodefensas. Ese es un capítulo que no se puede volver a repetir en Colombia.

Hablemos del papel de los agentes del Estado en ese exterminio…

Todo eso está en el tercer informe. Se llama 'Victimización de los miembros de la UP'. Se advirtió, en la revisión de los expedientes de la Fiscalía que, efectivamente, hubo involucrados no solamente militares y policías, sino también exagentes del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.

En un equilibrio que pretendemos que le permita a la JEP iniciar sus labores con sindéresis, y que exige el acuerdo de La Habana, quisimos entregar estos dos informes descriptivos

De manera que, en un equilibrio que pretendemos que le permita a la JEP iniciar sus labores con sindéresis, y que exige el acuerdo de La Habana, quisimos entregar estos dos informes descriptivos, para que la JEP pueda iniciar su estudio.

¿Qué sigue en la JEP a nivel de procedimiento?

El Acto Legislativo número 01 del 2017, basado en el acuerdo de La Habana, habla en primer término de un plazo para la recepción de los informes de todas las jurisdicciones que operan en el país. La penal, la administrativa, la indígena, la disciplinaria, la de menores…

Tengo entendido que son dos años prorrogables a tres...

Sí. Ahora bien, en la ley estatutaria estableció que los informes deberían ser entregados dentro de seis meses, para facilitar que esto sea rápido.

¿Cuánto tiempo tiene la JEP para judicializarlos?

Primero tiene que recibir los informes y decidir si los hechos están relacionados o no con el conflicto armado para asumir competencia. Tiene que fijar fechas y plazos para poner a disposición de las personas esos informes.

Tiene que establecer un plazo para las declaraciones orales o escritas de reconocimiento de verdad. Y una vez recibidos todos los informes, de todas las jurisdicciones, repito, está en el deber de contrastarlos entre sí. Ahí sí, surtido el debido proceso con las personas que se presenten ante la JEP, cuando se anuncie que se va a expedir la resolución de conclusiones, la JEP asume competencia y la Fiscalía y las demás jurisdicciones la pierden.

Hay un plazo máximo de tres años para que todos esos procesos lleguen allá, más todo este trámite que se debe surtir. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? ¿Sería factible que puedan pasar cinco años antes de que alguien de las Farc reciba una sanción con pérdida efectiva de la libertad?

Factible es. Pero quisiera pensar que las instituciones seamos tan juiciosas que podamos hacer las cosas rápidamente. Espero que todas las instituciones rindamos los informes y que la JEP esté en la posibilidad de contrastarlos a la mayor brevedad y, más temprano que tarde, pueda producir esas resoluciones de conclusiones con las cuales nosotros perderíamos competencia.

Es decir, que de aquí a que la actual Fiscalía se le venza el periodo, ¿no va a perder competencia de ninguno de los procesos?

Ojalá que de aquí a allá la JEP haya tenido la oportunidad de emitir la primera resolución de conclusiones. Pero teniendo en cuenta que el periodo fiscal es hasta el 2020, estamos hablando de que nos quedan dos años de gestión, de manera que no creo que se alcance a concluir esa ardua labor investigativa que se le exige la JEP.

Entonces, quienes piensan que la Fiscalía, al entregar el primer informe de los procesos a la JEP, perdió competencia y autonomía, ¿no es verdad?

No es verdad. La Fiscalía solo pierde competencia en el momento en que la JEP produzca una resolución de conclusiones ante el Tribunal para la Paz. Ahora, el reconocimiento de responsabilidad puede ser colectivo o individual, pero la responsabilidad penal y la determinación de esa responsabilidad, que es la base de la resolución de conclusiones, tiene que referirse a cada persona.

¿Cuántos funcionarios, y en cuánto tiempo, tuvo que utilizar la Fiscalía para reunir ese acervo procesal que le entregó a la JEP?

Durante dos años establecimos un equipo de cerca de 200 personas dedicadas de tiempo completo a esta labor.

A mirar qué delitos tenían que ver con el conflicto…

Con el conflicto armado, sus autores, búsqueda de expedientes, su lectura y definición de cuáles delitos a su juicio estarían relacionados con el conflicto, esto último bajo un principio: cuando tengamos dudas sobre esa relación entre los hechos y el conflicto armado, será la JEP la que defina en su momento esa relación.

¿Cabe la posibilidad de que los actuales autores de delitos de lesa humanidad completen su periodo en el Congreso, al que tuvieron derecho por los acuerdos de paz, y aún no se haya pronunciado la JEP sobre sus sanciones?

Esa posibilidad sin duda existe.

El Estado, por cuenta de la entrada en vigencia de la JEP, ¿puede renunciar al deber de investigar?

La respuesta rotunda es no. El deber de investigar, juzgar y sancionar los más graves delitos cometidos con ocasión del conflicto, que son justamente los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra, es irrenunciable.

Una última cosa: luego de la petición de extradición de Santrich, ¿qué comienza?

La Fiscalía intervino en lo que correspondía: inicia el trámite ante la JEP, luego ante la Corte y por supuesto ante el Gobierno Nacional.

MARÍA ISABEL RUEDA
Especial para EL TIEMPO

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