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Se agudiza choque entre presidenta de la JEP y exsecretario ejecutivo

Patricia Linares, cabeza de la JEP, dijo que Néstor Raúl Correa accedió ilegalmente a sus correos.

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Patricia Linares, presidenta de la JEP (cen.), rechazó este jueves las afirmaciones del exsecretario ejecutivo Néstor Raúl Correa.

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Foto: Milena Sarralde Duque / EL TIEMPO

26 de abril 2018 , 09:56 p.m.

Sin haber empezado a funcionar y todavía lejos de tomar sus primeras decisiones oficiales, la nueva Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sigue sacudida por la pelea entre la presidenta de esa institución, Patricia Linares, y el saliente secretario ejecutivo, Néstor Raúl Correa, quien renunció el pasado 12 de abril.

Señalándolo de infiltrar ilegalmente sus correos para intentar presionarla e imponer sus ideas sobre cómo debía quedar conformada la Secretaría Ejecutiva, Linares respondió a una polémica carta que Correa firmó el miércoles.

En esa misiva, revelada por EL TIEMPO.COM, el polémico funcionario dice que nueve magistrados de la JEP, encabezados por la presidenta, supuestamente conspiraron para quitarle sus funciones y quedarse con el control burocrático de esa institución.

En la carta, Correa aseguró que su renuncia a la JEP no se dio por irregularidades en los manejos de esa entidad, sino por la forma en la que le quitaron peso a la Secretaría Ejecutiva que él desempeñaba.

¿Cómo pueden asegurar que los obtuve ilegalmente?

Según el exsecretario, el grupo de magistrados cercanos a Linares, quienes supuestamente conformaron un Comité Estratégico, habrían hecho lobby ante el Gobierno, el Congreso y la Corte Constitucional para quitarle poder a su cargo.

Acompañada por los ocho magistrados que menciona Correa –Caterina Heyck, Alejandro Ramelli, Eduardo Cifuentes, Danilo Rojas, Rodolfo Arango, Catalina Díaz, Iván González y Yesid Reyes– Linares negó este jueves haber influido ante alguna instancia para que se le quitaran competencias a Correa.

Dijo que se reunió varias veces con el Gobierno para analizar las leyes que se tramitaban en el Congreso sobre el funcionamiento de la JEP e intercambiar “conceptos y opiniones jurídicas, que luego se condensaron en documentos técnicos que se remitieron al señor ministro de Justicia, enlace oficial del Gobierno con la JEP”.

Aseguró que ese intercambio de opiniones también lo hizo vía electrónica, a través de correos personales, “correos que no sabemos cómo obtuvo ilegalmente el señor Néstor Raúl Correa”.

La presidenta afirmó que en enero pasado Correa intentó presionarla diciéndole que si no asumía los diseños que “tenía previstos para la Secretaría Ejecutiva de la JEP, daría a conocer a los medios de comunicación el intercambio de correos”, que para él eran irregulares.

Según Linares, los magistrados no accedieron a “sus absurdas pretensiones” y le exigieron a Correa que cumpliera con lo establecido en la ley.

La presidenta del tribunal también aseguró que aunque Correa los señala de querer tomarse el control de la nómina, la magistratura “no ha celebrado ni celebrará contrato alguno” porque esa sigue siendo una función de la Secretaría Ejecutiva.

Dijo que, en cambio, en el 2017 el entonces funcionario solicitó y obtuvo los contratos de unas 100 personas y que hoy “cuenta con 163 contratistas, requeridos, escogidos y designados exclusivamente” por él.

Tras las declaraciones de Linares, el exsecretario señaló este jueves en un comunicado que esas afirmaciones “carecen de toda validez”. “Si no saben cómo accedí a ellos (los correos), ¿cómo pueden asegurar que los obtuve ilegalmente? Yo sí estoy en condiciones de afirmar que no utilicé ningún medio ilegal para acceder a una información que llegó a mis manos”, dijo.

Correa también cuestionó que Linares no haya denunciado antes la supuesta infiltración de sus correos, y dijo que no es posible que la hubiera chantajeado porque en enero el Ministerio de Hacienda ya había aceptado “el número de cargos y la remuneración de la Secretaría Ejecutiva”. Linares dijo también que en su momento decidieron sacar al secretario ejecutivo del órgano de gobierno de la JEP porque de no hacerlo este habría tenido que declararse impedido en la mayoría de temas
puestos a su consideración.

Reclamos por contratos y malos manejos

Mientras en la carta que circuló el miércoles Correa asegura que nunca tuvo que ver con irregularidades en la contratación de la JEP, Linares volvió a cuestionar los manejos que el secretario tuvo de los recursos de esa justicia.

La magistrada dijo que en el 2017 Correa manejó un presupuesto de 4,5 millones de dólares sobre los que solo empezó a rendir cuentas cuando se lo pidió la Contraloría General. Aseguró que aunque esos recursos se debían destinar para alistar la infraestructura que se requiere para poner en marcha la JEP, actualmente los magistrados no tienen los implementos necesarios.

“A la fecha, carecemos de sistemas de información, telefonía y comunicaciones, sistema de seguridad y protección para los funcionarios y comparecientes de la JEP”, dijo Linares e, incluso, aseguró que les faltan elementos básicos como papelería, fotocopiadoras, computadores e impresoras. Linares insistió en que esas fallas en la gestión de Correa fueron las que llevaron a que los magistrados le reclamaran.

Aseguró también que el Gobierno tiene el deber irrenunciable de vigilar, controlar y pedir cuentas sobre los contratos que firmó Correa, “no obstante la molestia que esto le pueda causar al señor secretario ejecutivo”.

Finalmente, Linares le dijo a Correa que llama la atención que en lugar de rendir cuentas ante el órgano de gobierno de la JEP “haya procedido a plantear ante la opinión pública debates que carecen de todo sustento y que desvían la atención sobre sus responsabilidades”.

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