Investigación

Víctimas, inconformes con pena fijada a cerebros de Fondo Premium

Juan C. Ortiz y Tomás Jaramillo fueron condenados a cinco años de prisión y tendrán casa por cárcel.

Interbolsa

Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, cabezas del Fondo Premium de Interbolsa.

Foto:

Archivo particular

31 de marzo 2017 , 08:22 p.m.

Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, condenados este viernes por el millonario descalabro del Fondo Premium, podrían recuperar su libertad antes de un año.

Así lo advirtió este viernes el exvicefiscal Francisco José Sintura, que representa a un grupo de víctimas, al cuestionar la pena de 5 años y nueve meses de prisión impuesta por un juez de Bogotá contra los cerebros de ese millonario desfalco por los delitos de estafa, concierto para delinquir y manipulación fraudulenta de especies.

Sintura señaló que Ortiz y Jaramillo aceptaron los cargos y fueron privados de su libertad en febrero del 2015. Así, antes de un año podrían pedir la libertad por pena cumplida.

El juez les concedió una rebaja de pena que no se compadece con la gravedad de los delitos. Les da el beneficio de la casa por cárcel y ni siquiera tuvo en cuenta que no han reparado a las víctimas”, cuestionó.

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Según la investigación de la Fiscalía, Ortiz y Jaramillo formaron parte de una “organización criminal de cuello blanco” que creó un entramado empresarial para mover millonarios recursos entregados por 1.027 inversionistas, y así evadir los controles de las autoridades nacionales. Durante la imputación de cargos, la Fiscalía señaló que habrían recibido con irregularidades más de 300.000 millones de pesos.

“En la práctica, el mensaje es que la delincuencia de cuello blanco puede recibir unos beneficios importantes y no reparar a sus víctimas”, cuestionó Sintura, tras criticar que la Fiscalía no apeló.

Los representantes de las víctimas anunciaron durante la audiencia que apelarán la decisión y pedirán al Tribunal de Bogotá que incremente la pena.

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Ortiz y Jaramillo aspiraban a recibir un principio de oportunidad con el que no serían investigados por los delitos de captación ilegal y no reintegro, que no aceptaron. Sin embargo, la Fiscalía no accedió a esa solicitud y determinó seguir el proceso en su contra.

Por esa investigación no se han adelantado las audiencias respectivas. Por ello, según advirtieron las víctimas, podrán pedir la libertad por vencimiento de términos y esperar al juicio sin restricción alguna.

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