Investigación

Con 12 judicializados, cierran ciclo de falsas víctimas de Mapiripán

Este viernes se conocerá sentencia contra la última de las personas vinculadas a la investigación.

Con 12 judicializados, cierran capítulo de las falsas víctimas de Mapiripán

Los casos de las falsas víctimas empezaron con Mariela Contreras, Zuli Herrera y su esposo, Argemiro Arévalo.

Foto:

Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO

23 de mayo 2017 , 10:16 p.m.

La Fiscalía cerrará este viernes el capítulo de las falsas víctimas de la masacre de Mapiripán que habrían recibido indemnización del Estado, aunque sus seres queridos no murieron en esa acción paramilitar, perpetrada en julio de 1997.

Fuentes de la Dirección Anticorrupción del ente acusador señalaron que son 12 las personas judicializadas por esos hechos, por las que el Estado fue condenado a pagar cerca de 7.000 millones de pesos.

Este viernes se conocerá la sentencia contra Adalia Azucena Figueredo, la última de las personas vinculadas a la investigación y que aceptó cargos de enriquecimiento ilícito, fraude procesal y estafa. Ella reclamó del Estado 261 millones de pesos por el supuesto crimen de su esposo, Wilson Molina, quien no murió en la masacre y se había establecido en Villavicencio.

Por Molina también habían recibido dinero Williams Alexánder Molina Figueredo, Carlos Felipe Figueredo, Jonathan Figueredo Cagüeño y Luis Fernando Figueredo Cagüeño, quienes fueron condenados a 8 años y diez meses de prisión. Ellos recibieron en total 750 millones de pesos.

En mayo del año pasado ya habían sido condenadas a 8 años y 5 meses de prisión las hermanas Luz Mary, María Teresa, Sara Paula y Esther Pinzón López, por los mismos delitos.

Las hermanas Pinzón recibieron en 2007 cerca de 3.000 millones de pesos por la supuesta muerte de sus familiares Luis Eduardo, Enrique, José Alberto y Jorge Pinzón López, que en realidad no fueron asesinados por los paramilitares.

Este capítulo judicial inició en agosto del 2013, cuando fue judicializada Mariela Contreras, Zuli Herrera y su esposo, Argemiro Arévalo, por recibir 3.343 millones de pesos por tres personas que no fueron asesinadas o desaparecidas en la masacre.

La Fiscalía documentó que Gustavo Caicedo Rodríguez murió en una acción de la guerrilla y que Diego Armando Martínez Contreras estaba con vida en noviembre del 2001, cuando se enroló en las Autodefensas. Otro de los hijos, Hugo Fernando Martínez Contreras, inscribió la cédula de ciudadanía el 19 de mayo de 1999, dos años después de la masacre y terminó ingresando a las Farc hasta 2005, cuando se desmovilizó.

José Jaime Uscátegui, hijo del general Jaime Humberto Uscátegui, condenado a 37 años de prisión por la masacre, le dijo a EL TIEMPO que pedirá a la Fiscalía que mantenga la investigación y la extienda a los abogados que asesoraron a los falsos reclamantes.

EL TIEMPO

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