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Investigación

‘Olano acordó sobornos con Odebrecht por 5 megacontratos’

El exsenador por el partido de ‘la U’ Plinio Olano (izq.) fue capturado el 13 de febrero en Bogotá. Juan Carlos Granados (der.), exgobernador de Boyacá y actual contralor de Bogotá.

El exsenador por el partido de ‘la U’ Plinio Olano (izq.) fue capturado el 13 de febrero en Bogotá. Juan Carlos Granados (der.), exgobernador de Boyacá y actual contralor de Bogotá.

Foto:Rodolfo González - Abel Cárdenas

Corte Suprema dice que hay indicios sólidos de que recibió coimas por US$ 1,2 millones

La concesión de la Ruta del Sol II en el 2009 y su adición entre Ocaña y Gamarra, en el 2013, no fueron los únicos megacontratos en los que el exsenador Plinio Olano utilizó sus contactos e influencias para favorecer, a cambio de millonarios sobornos, a Odebrecht.
En otros tres megaproyectos que también le interesaban a la multinacional se acordaron asimismo coimas que llegaban hasta el 3 por ciento del valor total (en uno de los proyectos, 200.000 millones de pesos) en caso de que Olano y sus contactos lograran que el negocio se quedara en manos de los brasileños y con las condiciones que ellos exigían.
Eso es lo que sostiene la Corte Suprema de Justicia en la decisión de 92 páginas con la que hace una semana decidió mantener preso a Olano, exdirector de la Federación Nacional de Departamentos, mientras se cumple el proceso en su contra por los delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de activos.
Los magistrados dicen que las pruebas técnicas y los testimonios recabados por el CTI permiten inferir con visos de certeza que el político recibió pagos por 500 millones de pesos y por 1 millón de dólares.

Un verdadero propósito delictivo encaminado a la comisión de múltiples delitos y con el ánimo de prolongarse indefinidamente en el tiempo

Según la Corte, entre Olano y Odebrecht existió desde finales del 2008, cuando la multinacional brasileña decidió reactivar su presencia en el país (había tenido contratos en los 80), “un acuerdo para que utilizara su cargo e influencias como parlamentario en favor de los intereses de la empresa, a cambio de altas sumas de dinero que eran transferidas de modo subrepticio para ocultar su origen ilícito”.
Y agrega que no se trató de algo ocasional sino de “un verdadero propósito delictivo encaminado a la comisión de múltiples delitos y con el ánimo de prolongarse indefinidamente en el tiempo”.
Así, lo que muestra el expediente es que a lo largo de casi seis años, el exsenador Olano (hermano del exrepresentante Germán Olano, condenado por el ‘carrusel’ de la contratación en Bogotá) buscó los contactos entre funcionarios públicos para asegurarse de que Odebrecht se impusiera en varias megalicitaciones.
En el caso de la Ruta del Sol II, adjudicada por el gobierno de Álvaro Uribe, dice que Olano se prestó para presionar políticamente al viceministro Gabriel García Morales para ablandarlo en favor de Odebrecht. Ese funcionario, que además era el director encargado del liquidado Instituto Nacional de Concesiones (Inco), recibió US$ 6,5 millones en sobornos por dejarle el negocio a Odebrecht.
Por sus servicios ilícitos, y como “reciprocidad”, la firma brasileña “efectivamente pagó”, según el expediente, 500 millones de pesos a Olano: 200 a través de un contrato falso con la firma de Luis Fernando Mesa, amigo del entonces senador; 100 millones que terminaron en manos del abogado de Olano por otro proceso en la Corte, y 200 millones de pesos más que el político pidió para gastos de la campaña de Juan Carlos Granados para la gobernación de Boyacá en el 2011.
La Corte dice en todo caso que aunque “a la fecha se desconoce la destinación final de ese dinero”, sí hay indicios sólidos de que el propio presidente de Odebrecht en ese momento, Luiz Bueno Jr., le llevó a Olano la plata en efectivo hasta su casaquinta en el conjunto Aposentos, del norte de la sabana de Bogotá.
Esos 200 millones, de los que Granados –actual contralor de Bogotá– asegura no tener idea, supuestamente abrieron la puerta para otros negocios con Odebrecht. El documento –basado sobre todo en la versión del lobista de Odebrecht Federico Gaviria, que ha sido contrastada con pruebas documentales– señala que los ejecutivos brasileños hablaron con Olano y con Granados de varios proyectos que este último llevaría a cabo en caso de ser elegido.
Según el expediente, en una cita en la casa de Olano a la que asistieron Federico Gaviria y Luiz Bueno, Olano afirmó que “si Granados resultaba elegido gobernador, la compañía podría ser favorecida con la adjudicación del proyecto vial Duitama-Charalá-San Gil”: “En virtud de ese acuerdo, Olano y Granados recibirían una comisión del 3 al 5 por ciento del valor estimado del proyecto, que oscilaba entre 200.000 millones y $ 300.000 millones, si el contrato les era adjudicado”. La Corte dice que tras iniciar sus propios estudios, Odebrecht determinó que ese proyecto no era viable y desistió.
Pero después, señala el expediente, aprovechando que el nuevo gobernador de Boyacá era presidente de la Corporación Autónoma Regional (CAR), Odebrecht les pidió a Olano y a Granados que movieran sus fichas para que le fuera adjudicada la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de la planta del Salitre, en Bogotá, negocio en el que inicialmente los brasileños no habían precalificado.
Tras las gestiones de Olano, Odebrecht logró quedar entre los finalistas de la licitación, y supuestamente se acordó de nuevo una comisión del 3 por ciento sobre el valor del negocio, que estaba sobre los 200.000 millones de pesos. Pero cuando la decisión debía ser tomada estalló el escándalo.
La Corte dice que “el plan para cometer delitos se hace más palmario con la intervención del congresista Olano, orientada a acercar a Odebrecht a la Alcaldía de Medellín para que se le permitiera participar en el proyecto Hidroituango”, para lo cual utilizó supuestamente al también senador Eugenio Prieto Soto. Esa gestión se frenó porque después de varios sondeos, este senador aseguró que la Alcaldía de Medellín no veía con buenos ojos a Odebrecht.
Tras esos fracasos, señala el expediente, Olano logró una coima de un millón de dólares en el 2013 tras montar a “su amigo de vieja data”, el cuestionado exministro de Transporte Miguel Peñaloza, en el proyecto de la adición de la vía Ocaña-Gamarra. Federico Gaviria, el testigo estrella contra Olano y quien ha admitido haber recibido coimas por 4 millones de dólares, dice que Olano y Peñaloza recibieron de a millón de dólares cada uno por impulsar esa adición, que no era legal y es la misma que tiene en líos al exsenador Bernardo el ‘Ñoño’ Elías y a los congresistas del llamado ‘grupo buldócer’.
La Corte dice que para finales del 2008, cuando llegó a Colombia, la multinacional replicó su política de pago de sobornos para asegurar megacontratos. Su modus operandi: “La cooptación de servidores públicos que tuvieran la capacidad de influir en las decisiones atinentes a la asignación y desarrollo de los contratos que pudieran surgir ante las necesidades del país, principalmente en materia vial. En contraprestación, los funcionarios que prestaran su concurso recibirían grandes sumas de dinero, para lo cual debían gestionar las actividades necesarias orientadas a darles visos de legalidad a los dineros pagados a título de sobornos o a ocultar su origen y destino”.

¿Qué han dicho Olano y Granados?

La Corte dice que para finales del 2008, Odebrecht replicó su política de pago de sobornos para asegurar megacontratos. ¿Su modus operandi? “La cooptación de servidores públicos que tuvieran la capacidad de influir en las decisiones atinentes a la asignación y desarrollo de los contratos que pudieran surgir ante las necesidades del país. Olano asegura que nunca estuvo en esas gestiones y que su contacto con Odebrecht fue institucional. Sobre Federico Gaviria, asegura que no entiende por qué “miente” en su contra. Granados, por su lado, afirma que no sabe nada de los 200 millones de pesos supuestamente entregados a Olano para su campaña del 2011. Y dice que Odebrecht no logró contratos durante su gobernación, lo cual demuestra que no hubo acuerdos con la multinacional.
JUSTICIA
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