Investigación

Poderosos políticos se lucran cambiando uso de suelo en la Sabana

Álvaro Rincón es el primer alcalde citado a responder por alteraciones del POT para megaproyectos.

Luis Álvaro Rincón y Víctor Castellanos

Luis Á. Rincón, exalcalde de Mosquera, y Víctor Castellanos, intermediario del negocio de Rincón.

Foto:

Procuraduría General de la Nación y Concejo Municipal de Mosquera

18 de julio 2017 , 09:18 p.m.

Desde noviembre del 2016, Luis Gustavo Moreno, entonces jefe anticorrupción de la Fiscalía, tenía en sus manos la evidencia sobre una red de políticos, constructores y funcionarios que le están cambiando irregularmente el uso del suelo a la Sabana de Bogotá para urbanizar predios rurales y obtener jugosas ganancias.

De hecho, días después de su captura, el senador de Cambio Radical Carlos Galán dijo que no había pasado nada, a pesar de que esas maniobras están a punto de hacer colapsar las redes de servicios públicos, la movilidad y hasta la sostenibilidad de la región.

Le entregué a Moreno involucrados y hasta testigos”, aseguró Galán.

Y, en efecto, después de que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, ordenó acelerar las indagaciones, este martes se llamó a imputación de cargos al primero de al menos 10 políticos involucrados.

Se trata de Luis Álvaro Rincón Rojas, exmandatario de Mosquera por el partido de ‘la U’ entre el 2008 y el 2011. Para la Fiscalía, Rincón es parte de un cartel de funcionarios que opera en al menos 15 municipios y que se lucra modificando planes de ordenamiento territorial (POT).

El negocio de Rincón

Hay evidencia de que su esposa, Edith Rocío Peñuela, adquirió un lote de 41.400 metros cuadrados, en julio del 2009. Después de escriturarlo, este pasó de rural a urbano y quedó listo para un proyecto de vivienda. De paso, su precio saltó de 820 millones de pesos a 3.800 millones de pesos.

En la polémica jugada aparecen como intermediarios el concejal Víctor Castellanos y el inspector de policía Wilson Moreno, quienes también fueron llamados a imputación por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

El cambio en el uso del suelo se produjo cuando Rincón era el alcalde de Mosquera. No obstante, EL TIEMPO estableció que el 30 de diciembre del 2009, cuando se autorizó el ajuste al POT, lo estaba reemplazando Nicolás García Bustos, entonces secretario de Gobierno y actual jefe de gabinete de la Gobernación de Cundinamarca.

Este diario buscó a García a través de la oficina de prensa de la Gobernación, pero no hubo respuesta.

Tras el cambio de uso, la esposa del entonces alcalde le vendió el predio a Inversiones Mobiliarias e Inmobiliarias Nodo. Según documentos en poder de EL TIEMPO, Rincón figura como representante y gerente de esa firma, en la que también aparece el empresario Ernesto Pinto Salazar.

Este último es un viejo contratista vial del municipio de Mosquera que también fue imputado.

EL TIEMPO estableció que el pasado 30 de noviembre, la fiscalía 15 de la Unidad Anticorrupción, en cabeza de Ana Elena Abello, decidió no admitir la denuncia que interpuso el senador Galán contra el exalcalde Rincón. La razón: el caso ya había sido evaluado y archivado por una fiscal de Cundinamarca, cuya decisión se reversó.

Otros casos bajo la lupa

El exfiscal Moreno también tenía, desde enero, una denuncia contra la funcionaria Milena Orozco Quecano, por presuntas irregularidades cuando se desempeñó como cabeza de la oficina de Planeación de Funza.

Orozco, esposa del detenido alcalde de Madrid, Giovani Villarraga, le negó a este diario la alteración de la licencia a la empresa Urbanos Logística para construir el parque industrial San Pedro. Al contrario, dice que fue ella quien denunció anomalías en esta.

Lo que ha llamado la atención es que en ese municipio proliferan esos parques industriales. Por eso, varios de sus permisos están siendo revisados.

Y en el municipio de Chía se indagan los efectos de un decreto que permitió, durante 90 días, sacar licencias para construcciones de hasta doce pisos. La norma fue aprobada, en junio del 2015, por el alcalde, Guillermo Varela, y aunque quedó sin efectos tras una polémica, constructores alcanzaron a registrar proyectos.

“Bienvenida la decisión de la Fiscalía. Todo indica que hay un modus operandi en el que, en muchos casos, participan alcaldes, constructores, concejales y funcionarios”, aseguró Galán.

Por su parte, el fiscal Martínez le dijo a EL TIEMPO que hay más de 31 casos similares caminando –en donde hay corrupción y exigencias de dinero en torno a los POT–, y que si bien el exfiscal Moreno fue su coordinador, no han sido frenados y vienen nuevas decisiones.

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u.investigativa@eltiempo.com

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