Investigación

Las cuatro propuestas del Fiscal contra el crimen organizado

Néstor H. Martínez presentará proyecto para interceptar chats y ampliar plazos de investigación.

Las 4 propuestas del Fiscal contra el crimen organizado

El proyecto será presentado por el fiscal Néstor Humberto Martínez en pocos días.

Foto:

Néstor Gómez /EL TIEMPO

30 de marzo 2017 , 09:18 p.m.

En los próximos días el fiscal general Néstor Humberto Martínez le presentará al Gobierno una propuesta con la que busca hacer mucho más efectiva la lucha contra las organizaciones criminales.

Desde el Congreso Nacional de Municipios que se desarrolló este jueves en Cartagena, Martínez anunció que entre los cambios que traería su proyecto está la ampliación de los términos en los procesos contra integrantes de organizaciones criminales, la posibilidad de interceptar los chats de aplicaciones de mensajería, así como una reforma en el manejo de las pruebas testimoniales. También propuso sanciones a operadores de telefonía celular que funcionen en las cárceles, y la tipificación de nuevos delitos para colaboradores de redes criminales que presten sus servicios profesionales para lavar activos.

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Según el Fiscal, esta propuesta podría llevarse al Congreso para que sea aprobada a través de la ley del fast track, norma con la que se tramitan todas las reformas para la implementación del acuerdo de paz con las Farc.

Necesitamos que esa industria normativa del fast track piense también en la seguridad de los ciudadanos de hoy”, dijo Martínez.

Aseguró que su proyecto busca “una política criminal coherente con las circunstancias actuales”, por lo que reiteró su rechazo a los proyectos de ley de jubileo que buscan conceder rebajas de penas para ciertos delitos, y otras iniciativas de excarcelación.

“Nosotros por el contrario proponemos algo que recupere la seguridad en los campos y ciudades”, dijo.

Interceptar los chats y bloquear operadores

El Fiscal aseguró que se debe llegar a acuerdos para que se les exija a empresas de mensajería como WhatsApp o Telegram que, previa autorización judicial, desencripten los chats de investigados por la Fiscalía por su posible vinculación a redes criminales.

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En caso de no hacerlo, dice Martínez, se debería exigir a los operadores celulares que bloqueen la aplicación en el país, como ocurrió, por poco tiempo, en Brasil.

“El Estado no puede quedar en indefensión frente a esta realidad de la criminalidad con la tecnología actual”, dijo. También afirmó que los operadores celulares deben tomar medidas efectivas para bloquear su señal desde las prisiones, al recordar que el 50 % de extorsiones vienen de presos.

Más tiempo para investigaciones de crimen organizado

Martínez propuso que se amplíen los términos de las investigaciones previas y las imputaciones contra integrantes de grupos criminales.

La propuesta va en contravía de una reforma aprobada hace dos años que, precisamente, recortó los términos de todos los procesos. “Frente la complejidad de esos delitos, desde el momento mismo en que se acusa hasta que hay sentencia, pasa más de un año”, dijo el Fiscal.

Agregó que igualmente se debe ampliar el plazo de 15 días que se le da a la Fiscalía para investigar en bases de datos de bancos y empresas, plazo que considera insuficiente.

Cambio en manejo de las pruebas testimoniales

Las pruebas testimoniales contra las organizaciones criminales –según el proyecto de la Fiscalía– deberían ser acreditadas de forma anticipada con el fin de que en los procesos judiciales tengan validez desde que fueron recolectadas en la indagación.

La Fiscalía propone evitar tener que acreditar de nuevo esas pruebas en el juicio, momento en el que muchas veces los testigos ya no están disponibles. “Necesitamos facilitar que esas pruebas de la indagación sirvan en el juicio”, dijo.

Nuevos delitos para colaboradores y quienes amenacen

El proyecto busca que los hechos de costreñimiento y amenazas a líderes que han iniciado con el Gobierno programas de sustitución de cultivos ilícitos no sean tratados por el régimen ordinario, sino que tengan un tratamiento especial. Martínez dijo que esas amenazas se están dando en el Cauca y nordeste antioqueño.

También afirmó que se debe establecer como delito “el ofrecimiento o la prestación de servicios profesionales a organizaciones criminales, con fines ilícitos”. El Fiscal dijo que hay profesionales como abogados, contadores, ingenieros, arquitectos que prestan sus servicios a estas redes para crear estructuras financieras y corporativas “para lavar sus activos”.

JUSTICIA
justicia@eltiempo.com

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