Investigación

'Hay al menos 20 candidatos inhabilitados para llegar al Congreso'

Si son elegidos y se posesionan podrían ser condenados a penas de 4 a 9 años de prisión.  

Elecciones presidenciales en Colombia

La Procuraduría advirtió que quienes se inscriban a las elecciones del otro año estando inhabilitados podrían tener una pena de entre 4 a 9 años de prisión. 

Foto:

Jaime Moreno / Archivo EL TIEMPO

18 de diciembre 2017 , 08:49 p.m.

Un primer barrido de la Procuraduría a las listas de candidatos inscritos por los partidos y movimientos políticos encontró al menos 20 nombres de personas que están inhabilitadas para postularse a las parlamentarias del 2018. Este martes se cerró el periodo para modificar las listas, en las que aparecen unos 2.900 aspirantes a Cámara y Senado.

Lo que ha encontrado preliminarmente la Comisión Nacional de Asuntos Electorales es que algunos de esos aspirantes tienen causales legales que les impiden postular sus nombres y a pesar de ello persistieron en ese empeño y, además, recibieron aval de partidos y movimientos políticos que estaban obligados a depurar sus listas. Las nuevas reglas de juego para las elecciones castigan con cárcel de entre 4 y 9 años a los candidatos que sabiendo que no pueden inscribirse hagan incurrir en error a las autoridades electorales. Las inhabilidades están expresamente definidas en la ley y el origen de la mayoría tiene que ver con sanciones penales, disciplinarias y fiscales.

La Procuraduría les recordó a las organizaciones políticas su responsabilidad en la materia, y que “los incumplimientos también implican su responsabilidad y dan origen a objeto de acciones penales, disciplinarias y electorales por presentar, apoyar, respaldar e impulsar a un aspirante al Congreso que se encuentre inhabilitado para ocupar el cargo”. Los castigos a partidos, movimientos y grupos llegan incluso a la imposibilidad para presentar candidatos de la misma corporación en las siguientes elecciones.

En los siguientes comicios, que son los de marzo del 2018, se estrenará una figura penal tipificada como ‘fraude en la inscripción’, que además de la pena implica una inhabilidad hasta por 20 años. En caso de que alcancen a posesionarse, se aplicaría la destitución inmediata.

“La Procuraduría revisará uno a uno los nombres para evitar un eventual fraude al elector y garantizar el ordenamiento jurídico”, advirtió el Ministerio Público.

JUSTICIA

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