Investigación

Por sexta vez intentarán imputar cargos a Exsecretario de Movilidad 

Rafael Rodríguez tendrá que responder por celebración de contratos sin requisitos legales.

Rafael Rodríguez Zambrano, exdirector de movilidad de Bogotá.

Rafael Rodríguez Zambrano, exdirector de movilidad de Bogotá.

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Manuel Rincón Prada

15 de junio 2017 , 01:15 p.m.

Por considerar injustificada la prórroga del contrato suscrito entre el Consorcio de Servicios Integrales para la Movilidad (SIM) y la Secretaría de Movilidad de Bogotá, la Fiscalía imputará cargos al exsecretario de movilidad de Bogotá, Rafael Rodríguez Zambrano.

Según el ente de control se modificó el objeto de ese contrato para que se pudiera construir una bodega de almacenamiento, y se adecuara otra ya existente, obras que no estaban contempladas ni avaladas en el contrato original y que tenían un valor que superaría en 28.000 millones el valor de las obras. 

La Fiscalía insistirá por sexta vez en imputarle cargos al exsecretario de movilidad de la administración de Gustavo Petro. La Fiscalía no ha logrado llevar a cabo el proceso porque desde el 3 de marzo del 2015, los investigados han incumplido a las citaciones. 

También fue llamado a imputación de cargos, diligencia que se llevará a cabo el 18 de agosto, Alexander Rincón Endes, asesor de la entidad (mayo de 2013 - junio 2014). 

"Las pruebas recaudadas evidenciaron que el secretario Rafael Rodríguez
Zambrano habría llegado al extremo de cambiar el manual de contratación, para
que él mismo tuviera la facultad de suscribir adiciones y prórrogas de contratos", señala la Fiscalía. 

"Al parecer, fue favorecido el actual consorcio con una prórroga por seis
años más, faltando un año para la terminación del contrato, sin que se
tuvieran en cuenta los incumplimientos y multas impuestas por la
Secretaría de Movilidad al contratista. En el otrosí N° 4 del 10 de febrero de 2014 hecho al contrato N°071 de 2007, además de habilitar al consorcio para realizar obras civiles, fueron modificadas cláusulas que disminuyeron la sanción al contratista del 2% al 1% del ingreso bruto", dice el ente acusador. 

JUSTICIA

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