Investigación

Los casos por los que Fiscalía pide investigar a dos congresistas

Yamina Pestana está salpicada en saqueo a EPS Manexca. Tatiana Cabello, señalada de cobrar a su UTL.

Tata Cabello

La senadora Yamina Pestana Rojas y la representante Tatiana Cabello.

Foto:

@SenadoYaminaP y @PrensaTataCab

01 de noviembre 2017 , 10:35 p.m.

El saqueo de la EPS indígena Manexca, que lleva años bajo la égida de su hermano, el prófugo cacique zenú Pedro Pestana, pondrá a la senadora Yamina Pestana a dar explicaciones ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. 

El miércoles, la Fiscalía le compulsó copias a la Corte para que investigue el desvío de plata de la EPS hacia la campaña de la senadora en el 2014. Ese año, en su primer intento para el Congreso, logró la quinta más alta votación del conservatismo en el país: sacó más de 85.000 votos casi sin hacer campaña.

Manexca tiene su propia IPS y maneja millonarios recursos del régimen subsidiado. En los últimos años saltó de prestar el servicio en los resguardos a atender otras poblaciones: hoy presta el servicio a más 225.000 personas. Esto a pesar de los serios cuestionamientos sobre el poder que los Pestana siguen manteniendo desde la sombra.

La Fiscalía dice que tiene testimonios “que ponen al descubierto la presunta desviación de recursos públicos con el fin de financiar la campaña de Yamina Pestana Rojas para llegar al Senado de la República”. Hay evidencias de un saqueo superior a los 7.000 millones de pesos, pero fuentes cercanas al caso aseguran que aún faltan capítulos por revisar. Hay evidencias de recobros injustificados, afiliados ‘fantasma’ por los que el Estado paga cuota de atención en salud (capitación) y hasta de fallecidos que siguen figurado como pacientes atendidos. El último escándalo fue el de un supuesto ‘cartel de cirugías’ en Manexca.

La ficha clave en los procesos, tanto de la corrupción en la EPS como del posible desvío de plata de la salud a la campaña de la senadora, es Pedro Pestana Rojas. Él lleva más de una década sacándole el cuerpo a una condena proferida por la justicia ordinaria por sus nexos con los paramilitares de alias Cadena en Sucre.

Desde el primer momento, Pestana se refugió en el resguardo de San Andrés de Sotavento, donde supuestamente cumplió la condena en una cárcel para indígenas. Pero la Corte Suprema había ordenado que fuera a una cárcel común, pues su delito, apoyo al paramilitarismo, no tiene nada que ver con su condición étnica.

Con una polémica tutela que finalmente se cayó en la Corte Constitucional logró que un juez de Córdoba levantara la orden de captura en su contra. Y ya va a completar otros dos años prófugo, pues aunque tiene orden de captura nacional y de Interpol, ninguna autoridad ha podido sacarlo de los territorios indígenas.

Pero la campaña de la senadora no es la única bajo la lupa. Pestana logró en el 2016 que Ana, otra de sus hermanas, se quedara con la curul en la Asamblea de Sucre que iba a dejar Sandra, también de la familia. Para esa campaña, como lo informó EL TIEMPO, hizo alianza con el cuestionado excongresista Yahír Acuña. Y en Tuchín, Córdoba, su hermano Eligio fue alcalde.

El caso de la representante Cabello

La compulsa de copias ante la Corte tiene el nombre de otra congresista: la representante del Centro Democrático Tatiana Cabello Flórez. Cabello fue denunciada por su propio partido el pasado 12 de septiembre, cuando le pidió a la Fiscalía que recibiera la versión de Lina García, una de las integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), quien denunció que la congresista supuestamente les cobraba parte de su sueldo “como condición para continuar laborando”. A la Corte fueron remitidas pruebas aportadas por la denunciante, quien ya no trabaja en la UTL de Cabello.

Esa práctica, relativamente común en el mundo de la política, ha terminado con carreras como la de la polémica exsenadora Regina Betancourt, ‘Regina 11’.

La Fiscalía también remitió la información sobre la ‘engavetada’ de un proyecto de ley por la que, según los testimonios en el proceso, “la representante habría recibido dineros”.

Ese proyecto es el que reformaba una polémica ley que obligaba a todos los vigilantes del país a realizarse una prueba psicológica que, por las condiciones impuestas, solo podía cumplirse en tres instituciones.

Cabello fue ponente de la reforma en Cámara y recibió serios cuestionamientos cuando renunció a esa responsabilidad, lo que ha dilatado el cambio normativo. Este ya fue aprobado por el Senado y abre el mercado para que esas pruebas se puedan realizar en cualquier entidad que cumpla con las acreditaciones profesionales.

JUSTICIA
@JusticiaET
justicia@eltiempo.com

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