Investigación

Otto Bula, detrás de la acumulación de 1.554 hectáreas de tierra

En alcaldía de San Jacinto, incendiada recientemente, reposaban datos sobre algunos de los predios. 

Otto Bula

La Procuraduría pide investigar la fluctuación de precios en los que Bula y las empresas vinculadas a él comercializaron tierras.

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EL TIEMPO

03 de mayo 2017 , 09:06 a.m.

Otto Nicolás Bula se autocalificó esta semana como un campesino humilde y honrado.

Pero las pesquisas sobre el caso Odebrecht y una minuciosa investigación de la Procuraduría General sobre los bienes rurales del exsenador y sus empresas lo contradicen por completo.

Por instrucción del procurador Fernando Carrillo, la entidad acaba de finalizar un rastreo a la compra de tierras que Bula hizo en Antioquia, Córdoba y Sucre, y encontró desde fallas en las medidas de protección a los parceleros a los que se las adquirieron hasta irregularidades en un fideicomiso con el que se traspasaron decenas de hectáreas en los Montes de María.

Además, exóticas transacciones de bienes que sobrepasaron un 2.000 por ciento su valor original y que quedaron en manos de particulares como Pablo, Enrique y Felipe Echeverri Jaramillo, y el senador Bernardo Miguel Elías. En contraste, también hay casos en los que Bula revendió por valores pírricos.

Al respecto, la Procuraduría alerta sobre la posible existencia de una red de funcionarios, servidores públicos y particulares que facilitó las adquisiciones de al menos 260 hectáreas en Sucre, de las más de 1.554 que aparecen vinculadas al exsenador, preso como receptor de sobornos de la multinacional Odebrecht.

El resto de tierras indagadas están en Momil, 524 hectáreas; 118 en Planeta Rica y 652 en Caucasia.

El incendio

Para reconstruir la ruta de las adquisiciones, la Procuraduría pidió información a varias entidades, entre estas a alcaldías de la Costa. Una es la de San Jacinto (Bolívar) que reportó un incendio luego de que el ente investigador le requirió varios documentos. De hecho, EL TIEMPO estableció que delegados de Carrillo le pidieron a la Fiscalía investigar la conflagración que autoridades locales le atribuyeron a una explosión del aire acondicionado.

Sobre ese expediente, la Delegada para Asuntos Agrarios consignó en el informe que en Sucre nadie registró medidas de protección sobre parcelas que terminaron en manos del exsenador, a pesar de que se venían registrado amenazas y desplazamientos por parte de grupos armados desde la década del 80 y se agudizó con masacres y homicidios selectivos entre 1996 y 2002.

“Es decir que para la época de las primeras compraventas en que participó la Agropecuaria Montes de María (vinculada a Bula), en Ovejas, los Comités Departamental y Municipal de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia al parecer no habían declarado ninguna medida colectiva de protección por riesgo inminente de desplazamiento o su ocurrencia por actos de violencia, pese al contexto de violencia que posteriormente ha sido documentado por la Unidad de Restitución de Tierras en los casos que ha adelantado en el municipio de Ovejas”, explica la delegada.

Y anota que lo más grave es que las medidas de protección se inscribieron en el 2011 cuando los ocho predios investigados en ese municipio ya no estaban en manos de campesinos en peligro.

Gangazos

La delegada y sus investigadores analizaron además cuatro paquetes de predios en Momil, Ovejas, Planeta Rica y Caucasia y en todas encontraron irregularidades.

Sobre las transacciones en Caucasia, por ejemplo, la Procuraduría alerta sobre una posible acumulación de más de 650 hectáreas, violando normas de reforma agraria e incluyendo tierras adjudicadas por el viejo Incora a parceleros.

Aunque aparecen asignadas como Unidades Agrícolas Familiares, se registraron como baldíos de la Nación y pasaron por alto los permisos que se requieren para enajenarlos.

En cuanto a las transacciones en los Montes de María, la delegada dice que hubo irregularidades en un fideicomiso con el que la Agropecuaria Montes de María, vinculada a Bula, le traspasó la propiedad de ocho predios (unas 260 hectáreas), a la cementera Argos, que el año pasado renunció a la propiedad de 6.600 hectáreas y las entregó para el posconflicto.

Para el traslado de las tierras negociadas con Bula se creó una figura denominada Adición de Constitución de Fiducia, calificada por la Procuraduría como “un acto jurídico confuso que no representa legalmente una transferencia de dominio”.

La Procuraduría pide investigar ese caso así como la fluctuación de precios en los que Bula y las empresas vinculadas a él comercializaron tierras. En unos casos, hallados en Planeta Rica (Córdoba), los precios de siete predios (118 hectáreas) fueron inflados un 2.000 por ciento. Estas transacciones se hicieron a través de la Agropecuaria Central, entre 2010 y 2011, e incluyeron a particulares y al senador Bernardo Elías, actual dueño de uno de los predios.

Por el contrario, otros bienes prácticamente se feriaron. Esto último ocurrió, por ejemplo, con seis predios vendidos a una compradora identificada como Esmeralda Cárdenas Naranjo que los comercializó en un 343 por ciento más de su valor original.

El informe elaborado por la Procuraduría ya está en manos de la Fiscalía General.

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com

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