Investigación

Besaile, primer político con orden de captura por corrupción en Corte

La Fiscalía lo busca para que responda por los delitos de cohecho y peculado.

Senador Musa Besaile

Musa Besaile está vinculado al escándalo de corrupción en la Corte.

Foto:

César Melgarejo / EL TIEMPO

26 de septiembre 2017 , 11:16 p.m.

Exactamente una semana después de que Gustavo Moreno prendió su ‘ventilador’ sobre la corrupción en la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal de ese mismo tribunal firmó la orden de captura contra el polémico senador de Córdoba Musa Besaile Fayad.

Él, quien fue el primer congresista en hablar del pago a miembros de la Corte para frenar procesos en ese tribunal, se convirtió también en el primer político con orden de captura por ese escándalo, que ya tiene tras las rejas al exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez.

En la noche del martes, el CTI de la Fiscalía, por orden de los magistrados de la Sala Penal, intentaba ubicar a Musa Besaile, quien hace dos días relevó a su esquema de seguridad y que lleva también varias sesiones del Congreso a las que no asiste. También se esperaba la entrega del congresista a la justicia, pues a lo largo de las últimas semanas ha asegurado que su intención es la de colaborar plenamente con la investigación.

La Corte no le compró a Besaile la estrategia de la victimización, que fue la elegida por su defensa para tratar de salvarlo al menos de este proceso en su contra. Según la versión del congresista, él fue extorsionado por el también capturado exfiscal Luis Gustavo Moreno, quien en supuesta representación de los magistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte le pidió primero 6.000 millones de pesos y, finalmente, 2.000 por no ejecutar una orden de captura en su contra por un caso de parapolítica.

Sin embargo, la decisión de Gustavo Moreno de colaborar con la justicia echó por tierra esa estrategia.
Moreno dice, y la Fiscalía y la Corte le creen, que los políticos que pagaron no eran necesariamente víctimas, sino beneficiarios de una red de corrupción enquistada en lo más alto de la justicia. Además, la versión de Moreno y la del abogado Luis Ignacio Lyons (primer defensor del congresista) tienen serias inconsistencias frente a la de Musa.

Los investigadores, por ejemplo, no entienden por qué ante la Corte procuró no incriminar directamente al expresidente de ese tribunal Francisco Ricaurte, pues la investigación señala que los dos negociaron directamente el monto del soborno. El congresista dijo que su abogado entregó la plata, pero Moreno y Lyons afirman que el mismo político le llevó parte del dinero a Ricaurte.

Además, la Corte halló serios vacíos en su explicación sobre el origen de los $ 2.000 millones que entregó a la red de corrupción en el primer semestre de 2015.

Musa dijo que el dinero salió del bolsillo de un empresario antioqueño que accedió a prestarle la millonaria suma, que supuestamente aún está pagando. Pero esa versión no convence a la Sala Penal, que ordenó la captura no solo por cohecho (pagarle a un servidor público para que cometa un delito) sino por peculado por apropiación.

En la decisión de la Corte, que se da con fines de indagatoria, pesó significativamente la declaración del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, quien asegura que 600 millones de pesos del soborno salieron del saqueo a ese departamento.

El exgobernador Lyons, como lo reveló este diario en agosto, habló de una vaca entre los políticos de Córdoba para ayudarle a Besaile a pagar el soborno.

A lo largo de la última semana, Moreno ha entregado nuevos detalles de ese y otros casos en los que habría interferido la red. Fuentes cercanas a la investigación aseguran que ya señaló directamente al expresidente de la Corte Leonidas Bustos, quien fue su mentor, y que ha dado pistas no solo sobre cómo se habrían torcido casos en la Corte y la Fiscalía sino sobre el destino de los dineros pagados por los procesados. Parte de esas fortunas estaría en Estados Unidos, país que no descarta solicitar la extradición de los miembros de la Corte Suprema salpicados en caso de que se compruebe que lavaron dinero a través de su sistema financiero.

El martes, el senador Álvaro Ashton, quien según las investigaciones pagó 1.200 millones de pesos a la red, estuvo en la Corte y aseguró bajo juramento que nunca ha violado la ley. Ashton reconoció que es amigo de Francisco Ricaurte, pero afirmó que esa cercanía nunca fue usada para tocar el caso que se le sigue en el despacho del magistrado Gustavo Malo, ficha de Ricaurte y otro de los salpicados por el escándalo.

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