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Investigación

Ni oraciones ni correos secretos salvaron a exdirectivos de Cemex

Cemex Colombia sostiene que cuenta con los argumentos legales y económicos que demuestran su correcto actuar en el país.

Cemex Colombia sostiene que cuenta con los argumentos legales y económicos que demuestran su correcto actuar en el país.

Foto:EL TIEMPO / Cortesía

A la cárcel irán Camilo González y Édgar Ramírez; además, del empresario Eugenio Correa Díaz.

Camilo González, representante legal de Cemex en Colombia, y Édgar Ramírez, exvicepresidente de Planeación de la cementera mexicana, estaban seguros de que iban a poder probar que la turbia compra de una mina de caliza, en Maceo, Antioquia, se hizo siguiendo instrucciones de sus superiores en Bogotá y Ciudad de México.
De hecho, antes de la audiencia de este viernes, filtraron varios correos que prueban que los mantenían al tanto de la negociación, que ascendió a 20 millones de dólares y que, tal como lo reveló EL TIEMPO desde 2015, incluyó el uso de testaferros y la compra de tierra a campesinos por debajo de su precio.
También pusieron a circular cartas internas que prueban que el negocio llegó desde la casa matriz, a través de la modelo Montserrat Oliver. De hecho, desde 2016, Eugenio Correa, representante de de C. I. Calizas y Minerales S. A. (dueña de la mina), le dio esa misma versión a este diario y entregó pruebas de su nexo con la modelo.
Pero ni esa evidencia ni una cadena de oración que promovieron sus familiares por redes sociales los salvaron de ser enviados a prisión, acusados de administración desleal agravada y enriquecimiento ilícito en favor de particulares.
Ahora, González, Ramírez y Correa serán trasladados a celdas de La Modelo.
Pero todavía falta que se revele una especie de conciliación que se estaba adelantando entre el Gobierno y Cemex, que (como parte de las irregularidades) le pagó al país un millón de pesos de arriendo por la mina y la zona franca que la encierra.
Por ahora, el bien sigue en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), como parte de un proceso de extinción de dominio a Aldemar Moncada, chatarrero condenado por recobros ilegales a la Dian y asesinado el 14 de abril del 2016, en Envigado, Antioquia.
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