Investigación

Los dos magistrados a la cabeza de plan para desfalcar a Ecopetrol

Uno está preso y otro prófugo. Los señalan de fallar contra la ley reclamos por $ 134.000 millones.

Corrupción judicial

La red de corrupción judicial intentó tumbar a Ecopetrol en más de 134.000 millones de pesos a través de fallos amañados.

Foto:

Hernando Herrera / Archivo EL TIEMPO

06 de agosto 2017 , 12:00 a.m.

Fernando Castañeda Cantillo acaba de entrar a los registros como el primer magistrado prófugo en la historia de Colombia.

Castañeda, suspendido desde el año pasado de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta, tiene una orden de captura en su contra por formar parte, según la Fiscalía, de una red de corrupción judicial que a través de fallos amañados intentó tumbar a Ecopetrol en más de 134.000 millones de pesos.

El nuevo escándalo en la Rama Judicial, el cual se suma a los que han sacudido al Tribunal Superior de Villavicencio y al Administrativo de Cundinamarca en menos de un mes, tiene a otro magistrado de Cúcuta detenido por el mismo caso: Félix María Galvis.

Castañeda es el mismo magistrado que se hizo famoso porque en el conjunto residencial donde vivía en la capital de Norte de Santander amenazó con un cuchillo a varios vecinos, hecho que quedó registrado en las cámaras de seguridad y en su momento le valió apenas una sanción de dos meses del Consejo Superior de la Judicatura.

Castañeda es sobrino de la polémica exviceprocuradora Martha Castañeda, la mano derecha de Alejandro Ordóñez en sus dos administraciones y quien hasta hace una semana estaba jugada por lograr un cupo en la terna para la Corte Constitucional.

En el 2015, la Corte Suprema compulsó copias contra los dos magistrados de Cúcuta, al tumbar 18 fallos amañados que permitieron que varios exempleados de firmas contratistas de Ecopetrol lograran beneficios a los que no tenían derechos.

Galvis, quien está hospitalizado, será enviado a prisión por los delitos de prevaricato, peculado por apropiación a favor de terceros agravado y concierto para delinquir. Castañeda está perdido desde mayo del año pasado, cuando los dos fueron suspendidos de sus cargos por el mismo caso.

La Fiscalía documentó que en solo dos años, entre febrero del 2010 y julio del 2012, se presentaron 580 contratistas que reclamaban vía tutela el reconocimiento de liquidaciones de prestaciones extralegales de las que gozaban los trabajadores vinculados a Ecopetrol, como el denominado ‘estímulo ahorro’ y las ventajosas prestaciones que históricamente ha dado a sus empleados esa petrolera del Estado.

La Fiscalía sostiene que los exmagistrados eran la cabeza de una cadena de corrupción de la que también formaban parte los abogados Jorge Luis Orta, José Trinidad Minorta Quintero (quien laboró en la Dirección Jurídica de Ecopetrol) e Iván Landínez Vargas. Ellos representaban a los demandantes. También están procesados los jueces tercero y cuarto laboral del circuito de Cúcuta, Samuel Darío Rodríguez Duarte y Amparo Disney Vega.

En audiencia cumplida esta semana en Bogotá, la fiscal 12 delegada ante la Corte señaló que los abogados se aseguraban de que las tutelas fueran decididas en segunda instancia por los magistrados Galvis y Castañeda. La sala estaba integrada además por José Acevedo Gómez, quien siempre salvó voto en todas las decisiones.

La ola de sentencias contra Ecopetrol que llegaban al Tribunal de Cúcuta ya había sido advertida por este diario desde octubre del 2011. Los accionantes eran personas que venían de Bogotá, Bucaramanga, Cartagena y Barranca.

“Castañeda y Galvis ordenaron mediante tutela el pago no debido a los accionantes. Galvis desconoció de forma consciente, reiterada y voluntaria las normas que rigen la competencia, la visibilidad de la acción de tutela y precedentes jurisprudenciales”, señaló la fiscal en audiencia ante el Tribunal de Bogotá.

La Fiscalía resaltó que en muchos casos habían trascurrido entre cinco y siete años entre la supuesta causal de reclamo y la interposición de la demanda.

Incluso revivieron tutelas que habían sido negadas, lo que apunta a que la red pescaba clientes en varias zonas del país.

Las irregularidades llegaron a tal punto que los dos magistrados reconocieron pensiones a personas que nunca trabajaron de manera directa con Ecopetrol, y ni siquiera tuvieron en cuenta que la empresa presentó actas y oficios suscritos por los accionantes en los cuales aceptaban que no eran beneficiarios de los pagos.

La fiscal del caso indicó en audiencia que los magistrados y sus fichas se concertaron para alterar el sistema de reparto y lograr así que los casos que les interesaban quedaran en sus manos.
Además, cuestionó que los magistrados “ocupaban un cargo alto en la justicia y los aprovecharon para participar en las conductas punibles”.

En una sola tutela, del 2011, se concedía a 72 accionantes el pago de 29.724 millones de pesos.

Galvis no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía. Entre tanto, Castañeda completa una semana con una orden de captura en su contra, y hasta ahora los fiscales no han logrado ubicar su paradero.

Corrupción en el Meta

El próximo viernes se define si son enviados a prisión 3 magistrados del Tribunal Superior de Villavicencio: Alcibiades Vargas Bautista, Joel Darío Trejos y Fausto Rubén Díaz Rodríguez, a los que se señala de al parecer formar parte de una red de corrupción en el Meta que otorgaba beneficios judiciales a peligrosos delincuentes.

Todos ellos responden por concierto para delinquir y prevaricato por acción y cohecho. Entre los criminales beneficiados, según la Fiscalía, están Marbelly Jiménez, condenada por el caso Autorrollings, y Martín Farfán Díaz, alias Pijarvey.

JUSTICIA
justicia@eltiempo.com

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