Investigación

‘Hay industrias de abogados dedicadas a esquilmar al Estado’

Luis Guillermo Vélez, asegura que hay 500.000 demandas contra la Nación.

Luis Guillermo Vélez, director de la Agencia de Defensa

Luis Guillermo Vélez, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.

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Abel Cárdenas / EL TIEMPO

28 de mayo 2017 , 12:00 a.m.

Luis Guillermo Vélez, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, está convencido de que buena parte de los más de 300 billones de pesos por los que está demandada la Nación corresponden a pretensiones entabladas con el único fin de saquear la plata de todos los colombianos. La Agencia acaba de denunciar el caso de una jueza de Sincelejo que condenó a la Nación por 2,1 billones de pesos en un caso por el que el abogado que representó a las supuestas víctimas se quedaría con 210.000 millones de pesos de honorarios. La decisión depende ahora del Tribunal de Sucre.

Del universo de demandas contra la Nación, ¿cuántas no tienen una fundamentación más allá de pretender quedarse con plata del Estado?

El Estado colombiano tiene en su contra unas 500.000 demandas, de las cuales dos terceras partes corresponden a temas laborales, esencialmente del orden civil y del administrativo. Esas demandas tienen un valor aproximado de 12 billones de pesos. La parte restante, que son unas 150.000 demandas, acumulan pretensiones por 306 billones de pesos. Con eso se da uno cuenta de que hay un abuso muy grande. Hay una industria de abogados dedicada a esquilmar al Estado y a extraer recursos de todos los colombianos para favorecer a unas pocas personas, abusando de la ley.

¿Qué tantas demandas de esas son promovidas por contratistas que actúan de mala fe?

En Colombia es común encontrar firmas de construcción con más abogados que ingenieros, y se ha vuelto una práctica ofertar en una licitación de una manera irresponsable buscando compensar esa oferta por la vía judicial. Entonces, el litigio que se da, particularmente en obras públicas, es completamente desproporcionado. Los montos son desproporcionados, y la consecuencia es que tenemos firmas de construcción que son verdaderos bufetes de abogados y que perciben su utilidad no construyendo puentes o carreteras, sino ganando pleitos.

¿Qué ‘papaya’ damos como Estado para que eventualmente nos ganen demandas de este tipo?

La ‘papaya’ más grande es una normatividad que está cargada en contra de los intereses del Estado. El arco de juego que tiene el Estado es mucho más grande que el arco de los demandantes, y eso les permite a los demandantes meter muchos goles. Por eso creo que se amerita una revisión de las normas para que esta industria de litigio en contra del Estado pueda ser acotada. Ganar un pleito en contra del Estado en otros países es muy difícil; en Colombia, el Estado se ha convertido en el coto de caza de los abogados.

¿Qué pasa con las instituciones que no se defienden en esos litigios?

Desde que existe la Agencia eso ha venido cambiando. Había un problema importante de descoordinación estatal; cada entidad se defendía por separado, y los abogados se aprovechaban de eso. Desde que existe la Agencia se han fijado líneas de defensa coherentes, líneas de prevención de daño antijurídico, y las entidades están acatándolas. También le hemos subido de manera significativa el perfil a la defensa estatal. En los pleitos más cuantiosos y delicados, la Agencia contrata a los mejores abogados. Eso es particularmente importante en los tribunales de arbitramento.

Este es un tema de abogados avivatos, pero también de decisiones judiciales polémicas...

Estamos trabajando con el Consejo Superior de la Judicatura, por primera vez, para hacer responsables disciplinariamente a aquellos abogados y jueces que se extralimiten, que no cumplan con su deber como lo deben cumplir y que en general abusen de sus facultades o derechos. Ese es un paso adelante. Ahora bien, hay que tener en cuenta que algunas veces las decisiones de las cortes no son del todo coherentes.

¿Qué puede esperar el país en un proceso como el de Electricaribe?

Puede esperar una defensa absolutamente vehemente que haga respetar los derechos de los colombianos y las actuaciones de las autoridades nacionales.

Pero ¿considera que el país está blindado en ese caso?

Electricaribe es una compañía que se quebró y no iba a poder cumplir con sus obligaciones, y ese incumplimiento iba a llevar a una cesación masiva del servicio de energía eléctrica en la Costa colombiana, iba a afectar a más de 10 millones de personas. El Estado colombiano activó todos los mecanismos legales para atender ese tipo de situaciones, mecanismos que ha utilizado decenas de veces, independientemente de si la compañía involucrada es pública, privada, nacional o extranjera.

¿Hay alguna otra demanda internacional con alertas?

Nos tomamos muy en serio todas estas demandas. Se acaba de hacer una reforma a la Agencia para crear la dirección de defensa internacional, y vamos a reclutar para esa dirección a los abogados más idóneos. En este momento tenemos seis procesos en alguna etapa de avance, y las pretensiones son cuantiosas.

¿Hay en Colombia seguridad jurídica para la inversión extranjera?

Por supuesto. No tengo ninguna duda. De hecho, la inversión extranjera en Colombia ha venido creciendo, y muchas de las empresas que nos han demandado han manifestado, inclusive después de anunciar las demandas, que quieren continuar y que van a aumentar sus inversiones en Colombia porque consideran que es un país que respeta las reglas de juego. En Colombia tenemos 5 o 6 casos de estos, en España hay en este momento 36 disputas de esta naturaleza. En EE. UU. hay docenas.

Alerta por casos en La Guajira y Sucre

Una demanda por 2,1 billones de pesos contra el Estado por desplazamientos en Sucre y un millonario pleito que terminó a favor de la Universidad de La Guajira son dos de los casos que han encendido las alarmas de la Agencia de Defensa.

En la demanda por desplazamiento, el Estado ya fue condenado en primera instancia y se está a la espera de que el Tribunal Superior de Sucre tome una decisión. La Agencia interpuso una queja contra la jueza de primera instancia y el abogado que presentó la demanda, quien, de ganar, recibiría un 10 por ciento de la condena: 210.000 millones de pesos.

En el otro proceso se analiza presentar una tutela en el pleito en que la Gobernación de La Guajira fue condenada a pagar $ 37.091 millones a la universidad del departamento por no costear la indexación de transferencias. La entidad no se defendió.

JUSTICIA
justicia@eltiempo.com

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