Investigación

Los contratistas señalados del saqueo de la comida de los niños

Contraloría y Fiscalía tienen investigaciones de más de $ 50.000 millones por desvíos de recursos.

Programa de Alimentación Escolar en Antioquia

La Fiscalía tiene 12 procesos penales sobre 16 contratos en los que se habrían dado pérdidas por 16.780 millones de pesos.

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Esneyder Gutiérrez

03 de diciembre 2017 , 12:30 a.m.

A pesar de las graves investigaciones de la Contraloría contra la Corporación Social y Educativa Paz y Futuro por las irregularidades en dos contratos para la alimentación escolar en el 2015 en Norte de Santander, esa firma ha seguido quedándose con millonarios negocios.

Los dos procesos en su contra suman pérdidas de más de 1.600 millones de pesos de recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Las investigaciones se derivan del contrato 645 del 2015 porque le pagaron por raciones para colegios que no eran públicos y porque el departamento terminó costeando refrigerios por encima de los precios fijados por el Ministerio de Educación.

El año pasado, pese al escándalo, esa corporación logró un contrato de 999 millones para prestar servicios educativos en Cúcuta y luego obtuvo otro en Córdoba por 23.049 millones de pesos para prestar servicios de educación. Y este año ganó un contrato de 24.806 millones en Norte de Santander para administrar la educación en escuelas de zonas rurales. En todos esos negocios aparece el nombre del representante legal de esa firma, José Antonio Manrique Torres, expresidente del Cúcuta Deportivo.

La corporación –a la que la exministra de Educación Gina Parody denunció por el presunto cobro de servicios de educación a supuestos niños fantasma– no es la única que no ha corrido con mala suerte. María Fabiola Cáceres Niño –investigada porque en el 2015 firmó los polémicos contratos con esa corporación como secretaria general de Norte de Santander– fue nombrada este año como secretaria de Educación, en donde sigue manejando recursos escolares.

Pero ese es tan solo uno de los casos en los que, pese a las investigaciones de Fiscalía y Contraloría, los contratistas señalados de millonarios detrimentos en los recursos de los alimentos para los niños más pobres del país, lejos de quedar en una lista negra, siguieron ganando millonarias licitaciones.

A la fecha, la Contraloría tiene investigaciones que suman pérdidas superiores a los 57.263 millones de pesos. Y la Fiscalía tiene 12 procesos penales sobre 16 contratos en los que se habrían dado pérdidas por 16.780 millones de pesos. En esos procesos ya han sido capturadas 73 personas.

Entre los contratistas cuestionados está el Consorcio Proescolares (antes llamado Cooperativa de Servicios Generales La Heroica Ltda.), que quedó en el ojo del huracán luego de que la Contraloría reveló que esa firma le cobró a la Alcaldía de Cartagena pechugas de pollo a 40.000 pesos, cada una.

Y en Santander, la Fiscalía encontró preocupantes pagos ficticios del PAE a la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones por compras de carne, frutas y postres por más de $ 1.000 millones, transacciones que al parecer nunca se habrían hecho.

Otro caso indignante es el de la Unión Temporal Magdalena Escolar, que obtuvo en agosto del año pasado un contrato por 20.546 millones de pesos con ese departamento y en el que la Contraloría encontró escandalosos sobrecostos, como pagos no respaldados por 1.737 millones para supuestas manipuladoras de alimentos.

La otra empresa que maneja el monopolio de la alimentación en Magdalena es la Corporación Gestión de Recursos Social y Humano (Gers), que también figura en millonarios negocios en La Guajira y Cesar. En un contrato de más de 16.042 millones se investiga si esa firma se quedó por lo menos con $900 millones porque, en lugar de leche, les dio a los niños un polvo a base de leche y lactosuero.

Hace menos de dos meses esa firma, conectada según papeles conocidos por este diario a la Unión Temporal PAE Magdalena, logró un contrato por 22.786 millones de pesos para la alimentación de los niños en esa región.

Uno de los casos más graves es el de La Guajira, el departamento en donde se ha encontrado el mayor desfalco, con pérdidas que superan los 20.000 millones de pesos. Quienes tienen el monopolio son el Consorcio Primero la Nutrición y el Consorcio Alimentemos Juntos, de Ivis del Carmen Rosado Robles. También la firma Consorcio Nutriendo Escolares de La Guajira, de María Angélica Araújo Noguera.

La Fiscalía y la Contraloría ya han identificado las maniobras con las que estas firmas siguen controlando los recursos de los niños. En una carta del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, a la ministra de Educación, Yaneth Giha, le manifiesta su preocupación porque existen “verdaderas mallas de operadores del PAE que funcionan en varios departamentos y usan diferentes nombres”.

Martínez asegura que se están robando la plata de los niños al quedarse con raciones alimenticias y por “la mala calidad e incumplimiento de los estándares nutricionales, los alumnos fantasma, contratos a dedo, sobrecostos y pagos no contemplados”, entre otras trampas que siguen desangrando al Programa de Alimentación Escolar.

JUSTICIA
justicia@eltiempo.com@JusticiaET

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