Investigación

La pelea oculta por megalote de DMG de $100.000 millones

David Murcia está a 5 días de quedar libre y víctimas no han accedido al predio para indemnización.

07 de noviembre 2017 , 11:50 a.m.

Hace una semana, la Superintendencia de Sociedades le impartió la orden a la Oficina de Instrumentos Públicos de Bogotá de que inscriba a nombre de DMG dos megalotes ubicados en una de las zonas más apetecidas de la ciudad: la Autopista Norte.

La decisión se tomó luego de que la Fiscalía 26 de Extinción de Dominio y la primera delegada para el Tribunal Superior de Bogotá concluyeran que los predios deben ser vendidos de inmediato para indemnizar a las víctimas de la pirámide DMG, de propiedad de David Murcia, preso en Estados Unidos.

“Cuando DMG los negoció con dinero captado de manera ilegal, valían 23.000 millones de pesos. Pero ahora, se estima que su costo supera los 100.000 millones porque están en una zona donde la tierra libre es escasa y en donde el Distrito planea varias obras de expansión”, explicó una fuente de la Fiscalía.

La decisión, apoyada por la Procuraduría General, se conoce a pocos días de que David Murcia Guzmán, el cerebro de la captadora ilegal, cumpla su pena en Estados Unidos y sea expulsado hacia Colombia.

Recusación al delegado

Pero a la orden de la Superintendencia de recuperar el lote se le acaban de atravesar los apoderados de las firmas Inversiones López Piñeros y Colbank. En esa transacción también figura la empresa Guval.

Los abogados de las dos primeras firmas aseguran que la venta de los predios a DMG nunca se perfeccionó y que, por ende, la propiedad de los inmuebles sigue en cabeza de sus clientes: 50 por ciento de un lote y la totalidad del otro predio.

De hecho, para impedir que la liquidadora de DMG disponga de los bienes, sus abogados acaban de recusar a Nicolás Polanía, delegado para procedimientos de insolvencia.

Según dicen, con la orden de inscribir los predios a nombre de la captadora ilegal, el funcionario estaría actuando en beneficio de DMG y en detrimento de los intereses de sus clientes.

“Nos llama la atención que estén presentando ese recurso si dentro del proceso de extinción de dominio de esos predios uno de sus representantes dijo que estos eran de DMG y no del narcotraficante extraditado Miguel Mejía, alias el Mellizo”, le explicó a EL TIEMPO una fuente de la Fiscalía.

En efecto, alias el Mellizo intentó entregar uno de los lotes al Fondo de Reparación de Víctimas, alegando que lo había recibido en parte de pago por un lío de drogas.

Según narró, un hombre identificado como Óscar Humberto Uribe Echeverri les entregó esa propiedad para zanjar una deuda por un cargamento.

Uribe resultó ser socio de Carlos López, de Inversiones López Piñeros, quien reclama la propiedad. En su momento, López admitió tener relaciones comerciales con Uribe y su familia, pero insistió en que ellos no tenían líos judiciales.

Este martes, a primera hora, la Superintendencia de Sociedades responderá la recusación interpuesta, tal como lo han hecho con decenas de acciones, incluidas tutelas, que se han presentado para evitar la venta del lote para indemnizar a las víctimas de DMG.
Al parecer, el caso iría hasta el Tribunal Superior de Bogotá, que tendría la última palabra.

El regreso de Murcia

En el entretanto, las autoridades revisan la situación legal de David Murcia Guzmán para saber si debe pagar deudas judiciales pendientes a su regreso al país.

En efecto, a Murcia se le tuvo en cuenta el tiempo que estuvo preso tanto en Panamá como en Colombia, y el 11 de noviembre cumple su condena en Estados Unidos por lavado de activos.

De hecho, ya está circulando en redes un video en el que la ‘familia DMG’ le da la bienvenida y él habla desde su celda en Pensilvania.

“Temo por mi vida cuando llegue a Colombia (...). Todo lo que me pase es culpa del Gobierno colombiano”, se le escucha decir a un hombre que identifican como Murcia.

Al respecto, el abogado de Murcia ha dicho que legalmente su cliente no podría permanecer en los Estados Unidos y sería enviado a Colombia.

Según información de la Fiscalía, acá lo espera una sentencia de 22 años y 10 meses por captación masiva y habitual de dineros y lavado de activos.

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