Investigación

La historia de los contactos para la entrega del ‘clan Úsuga’

‘Otoniel’, en video, por primera vez muestra la cara y anuncia intención de acogerse a la justicia.

Clan Úsuga

Alias Otoniel, jefe del 'clan Úsuga'.

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EL TIEMPO

06 de septiembre 2017 , 08:50 a.m.

Dos videos de no más de dos minutos en los que Dairo Antonio Úsuga David, el criminal más buscado de Colombia, aparece de camuflado pero sin armas y hablando de paz llevaron al presidente Juan Manuel Santos a anunciar el martes oficialmente que el ‘clan Úsuga’ pretende entregarse a la justicia.

Los videos (uno de los cuales está dirigido al Papa) son anteriores a la muerte en combate con la Policía de Roberto Vargas, ‘Gavilán’, el delincuente al que el ministro de Defensa llamó el ‘Mono Jojoy’ de la banda criminal más poderosa del país.
(
Vea aquí el historial criminal de 'Otoniel')

En uno de los mensajes, un envejecido ‘Otoniel’ asegura: “En nombre de la organización que lidero, quiero manifestarles que como Estado Mayor nos encontramos más unidos que nunca, con la voluntad firme de que en Colombia se consolide la paz total para los colombianos. Respetamos los procesos de paz que se han acordado y los que están en marcha con el presidente Juan Manuel Santos. Queremos hacer parte del fin del conflicto para llegar al desarme total de todos los grupos armados del país”. Y agrega: “Una vez estén dadas todas las condiciones”, la banda criminal estaría dispuesta “a suspender todas las actividades ilegales de la organización”.

De esta manera, saltaron a la luz pública contactos que se iniciaron en mayo del 2016 a través de abogados cercanos al 'clán Úsuga', que inicialmente buscaron al excomisionado de Paz José Noé Ríos para manifestar el interés de encontrar “una salida firme y voluntaria” para todos los miembros del grupo ilegal, con “garantías que conlleven a la reconciliación nacional”.

Era un mensaje para explorar las posibilidades de “acogimiento a la justicia”, y desde un primer momento el Gobierno dejó en claro que ese ‘acogimiento’ no se daría en un marco diferente al del sometimiento al Estado y que no se repetiría la historia de hace una década, cuando los grupos paramilitares lograron estatus político y recibieron penas alternativas en Justicia y Paz. EL TIEMPO supo que el exjefe paramilitar alias don Mario, uno de los fundadores de la banda y capturado en el 2008, ha venido ambientando la posibilidad de entrega.

Incluso, envió dos abogados a La Habana para intentar lograr el apoyo de las Farc a su idea de lograr una ‘paz integral’ que incluyera en los beneficios de pena alternativa al ‘clan’, que insiste en presentarse como ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’.

Esa intentona no tuvo acogida. Este año, en abril, el presidente Juan Manuel Santos delegó la misión en el vicepresidente Óscar Naranjo, quien en mayo fue autorizado por resolución basada en la Ley 418 de 1997 (la antigua Ley de Paz y Orden Público) para sostener esos contactos.

El general Naranjo planteó tres condiciones para seguir adelante con los contactos: que no se trataba de una negociación política, que cualquier avance estaría acompañado por la Fiscalía General de la Nación y que debía haber una prueba de que se trataba de una decisión de ‘Otoniel’, pero que esta no solo comprometía a su cúpula, sino a toda la organización en el desmonte del que, hoy por hoy, es el cartel más grande de la droga en Colombia.

La respuesta llegó el pasado domingo y en esta el capo reiteró la intención de paz y aseguró que su grupo está “más unido que nunca”. Con esas claves, el presidente Juan Manuel Santos y el general Naranjo decidieron revelarle al país los contactos.

“El 3 de septiembre recibimos del jefe del ‘clan del Golfo’ manifestación expresa de acogerse a la justicia: no sería una negociación política. Si se entregan, pueden tener algunos beneficios”, dijo el Presidente en una alocución televisada en la mañana de ayer.

Aunque los videos son anteriores a la caída de ‘Gavilán’, Dairo Antonio Úsuga reiteró que el mensaje de paz se mantiene.

Una persecución sostenida durante más de dos años con la Operación Agamenón II, que ha reducido la banda criminal de 4.000 a casi 1.900 delincuentes y que ha puesto fuera de combate a 12 jefes, incluido el segundo de ‘Otoniel’, y tienen a los demás escondidos en las selvas del Urabá, explican esa decisión.

Sumado al debilitamiento económico de la estructura criminal con la incautación de 100 toneladas de cocaína por la Fuerza Pública, más de 28.000 millones de pesos en efectivo –para pago de nómina– y la extinción del dominio a bienes que sobrepasan el medio billón de pesos.

El Gobierno está pendiente de un nuevo mensaje de ‘los Úsuga’ y, por lo pronto, delegó al Fiscal General y al Ministro de Justicia para evaluar salidas jurídicas. Mientras tanto, resaltó Santos, el ‘clan’ sigue en la mira de las autoridades, especialmente de la Policía, que tiene la misión de descabezar ese cartel criminal.

EL TIEMPO supo que el exjefe paramilitar alias don Mario, uno de los fundadores de la banda y capturado en el 2008, ha venido ambientando la posibilidad de entrega

Con 111 órdenes de captura, solicitudes de extradición de varias cortes de los Estados Unidos , una circular roja de Interpol y una recompensa cercana a los 20.000 millones de pesos sobre su cabeza, ‘Otoniel’ ha venido explorando la opción del sometimiento desde hace meses. De hecho, había tenido enfrentamientos con ‘Gavilán’, que era la cabeza del sector más guerrerista de la banda, por esa intención. Ahora, con ese capo fuera de juego, el chance de un sometimiento es más real y factible.

Pero no será un proceso tranquilo. La posibilidad de un cambio legislativo para darles más zanahoria a los capos está descartada (ver entrevista con el general Naranjo).

Así, a ‘Otoniel’ y hombres como ‘Nicolás’, el ‘Indio’ e ‘Inglaterra’ –estos últimos, capos de 500 millones– los esperan, en el mejor de los casos, penas de entre 15 y 20 años por sus abultados expedientes criminales.
Estas serían sus cuentas: por someterse y aceptar los cargos en su contra podrían recibir rebajas de hasta la mitad de la pena, y por colaboración efectiva podrían explorar la opción de la aplicación del principio de oportunidad (la suspensión de la persecución penal en algunos casos), pero solo si revelaran información de organizaciones más grandes que el mismo ‘clan’. Y por encima de 'los Úsuga' solo están los carteles mexicanos de la droga.

Esa información es más importante para los Estados Unidos que para Colombia, por lo que es claro que algunos de los jefes deben estar pensando más en una entrega a las autoridades federales, donde la información que entreguen les podrían representar mayores gabelas.

Aunque no pueden pensar en indultos ni amnistías –beneficios reservados a los delitos políticos–, los casi 1.800 hombres de los Úsuga que no tienen procesos penales individuales sí podrían aspirar a una carta que en su momento les funcionó a los miembros del ‘Erpac’, la banda del exparamilitar ‘Cuchillo’: entregarse y ser procesados por concierto para delinquir, caso en el cual las penas rondarían entre los seis y ocho años, con libertades efectivas en cuatro o cinco. Eso, siempre y cuando la justicia no logre comprobarles responsabilidad en crímenes individuales.

JUSTICIA
justicia@eltiempo.com

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