Investigación

Informe cuestiona ejecución en la Unidad de Víctimas

Contraloría dice que hay proyectos productivos en rojo y bienes que no sirven para indemnizar.

Informe cuestiona ejecución en la Unidad de Víctimas

La Unidad de Víctimas registra a 8,5 millones de personas como afectadas por el conflicto armado.

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Archivo / EL TIEMPO

10 de julio 2018 , 11:30 p.m.

En la recta final de su gestión, la administración del contralor Edgardo Maya Villazón realizó una auditoría en la que no sale bien librada la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas (Uariv), ente clave en el posconflicto.

Entre los hallazgos identificados hay desde falencias en la administración de proyectos productivos, con pérdidas superiores a los $ 2.000 millones, hasta pagos de indemnizaciones a supuestas víctimas con documentos falsos. Así mismo, la recepción de bienes para reparación que no son de los victimarios y que tendrán que ser devueltos. Incluso, se detectó un pasivo financiero de 1,5 billones de pesos en la administración de la entidad.

En el caso de los proyectos productivos, los funcionarios de la Contraloría hallaron cinco con ejecución calificada como deficiente.

Están ubicados en zonas clave y aparecen identificados como Mapiripán, Lucitania, Leningrado, Tarazá y Coproagrosur. Algunos de ellos registran saldos negativos cercanos a los 2.000 millones de pesos.

Pagos a muertos

En el tema de las indemnizaciones, la Contraloría dice que la falta de controles en sistemas de información y verificación de los reclamantes abrió la puerta a falsas víctimas.

En el 2017, el organismo detectó 90 pagos por más de 72 millones de pesos a 100 personas que se aprovecharon de la falta de control para hacerse ilegalmente a las reparaciones. Lo lograron a través de la falsificación de documentos.

Y en ese mismo lapso se pagaron 95 indemnizaciones a personas muertas, por 1.500 millones de pesos, a través de giros bancarios.

De hecho, la Contraloría de Maya Villazón informó que desde el 2012 se había advertido de este tipo de actuaciones ilícitas, por lo que “tales riesgos debieron ser insumos para establecer controles rigurosos en la entidad”.

En cuanto a los bienes que debían servir para la reparación, la entidad halló que de los 1.027 que estaban a cargo del Fondo para la Reparación de las Víctimas, 590 tenían mala administración. Incluso, algunos estaban ocupados sin autorización o siendo foco de actividades como minería ilegal.

La Contraloría también detectó que al menos 70 propiedades entregadas en Justicia y Paz por paramilitares, no pertenecían a victimarios de estos grupos y tuvieron que ser devueltos.

La Unidad responde

Todos los hallazgos fueron puestos en conocimiento de la directora de la Unidad de Víctimas, Yolanda Pinto, quien respondió a través de un comunicado.

En este dice que su entidad fue la que advirtió de las fallas en la administración de algunos bienes entregados por paramilitares y que, además, llevó ante los tribunales las denuncias por falsas víctimas que se estaban quedando con las indemnizaciones. Y dijo que los proyectos productivos pueden tardar hasta 20 años en ser rentables.

Finalmente, afirmó que se toma nota de los hallazgos de la Contraloría para hacer los correctivos necesarios.

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