Investigación

Estos son los pecados que les endilgan a 8 altos directivos de Reficar

Los citados por la justicia deben responder por millonarios sobrecostos durante la construcción.

Directivos de Reficar

Orlando Cabrales, presidente de Reficar (2009 y 2012.); Reyes Reinoso, presidente de Reficar (2012 y el 2016); Pedro Alfonso Rosales, vicepresidente ejecutivo del Downstream de Ecopetrol.

Foto:

Juan Manuel Vargas / EL TIEMPO - Néstor Gómez / EL TIEMPO

28 de abril 2017 , 09:05 a.m.

El exministro de Minas cartagenero Orlando Cabrales encabeza la lista de altos funcionarios llamados a imputación de cargos por la Fiscalía, dentro del escándalo de Reficar en el que el ente acusador trabaja de la mano con la Contraloría y la Procuraduría. 

Cabrales, cuya última aparición en público fue hace apenas 20 días, en el Congreso de Naturgás, comandó a Reficar de 2009 a 2012.

Según el expediente de la Fiscalía y la auditoría de la Contraloría General, bajo su mandato se cambiaron las reglas de juego con la contratista CB&I.

De una modalidad de contratación ‘costo global’, donde el presupuesto era fijo, se pasó a un contrato ‘llave en mano con costos reembolsables’, lo cual, en criterio de los investigadores, abrió la puerta para que el Estado asumiera los sobrecostos que registra la obra.

“Con esta decisión, CB&I les pudo dar rienda suelta a los gastos”, explicó uno de los investigadores. Además, durante la presidencia de Cabrales se realizaron tres juntas directivas claves en las que se aprobaron controles de cambio, que aumentaron el presupuesto de la obra en más de 3.100 millones de dólares.

Se disparó el costo

El siguiente en la lista de imputados es el venezolano Reyes Reinoso, quien asumió la presidencia de Reficar en 2012, cuando ya había ruido alrededor de los excesivos costos.

Durante su mandato se registró un aumento del presupuesto de 1.500 millones de dólares a través de dos nuevos controles de cambio.

Según la investigación, bajo su administración se incurrió en deficiencias en los diseños de construcción que ocasionaron el pago de 2’341.763 horas de ingeniería adicionales. Además, se giraron incentivos sin justificación ni soportes.

La Contraloría calcula que esas dos conductas le costaron al erario 281.000 millones de pesos, por los que el ejecutivo tiene que responder fiscalmente.

Asimismo, la Fiscalía estima que en el 2014, a pesar de los atrasos, se suscribieron cuatro acuerdos que llevaron a “la apropiación de recursos públicos en favor del contratista CB&I”. Reinoso renunció a finales del año pasado a Reficar y es ahora gerente de nuevos proyectos en Ecopetrol.

Opinión clave

Felipe Laverde Concha, vicepresidente jurídico de Reficar, es otro de los llamados a responder penalmente. Laverde ya era parte del proyecto cuando el contratista todavía era Glencore y era considerado por sus pares como una de las columnas vertebrales de Reficar. Aunque no firmó ninguna acta, las autoridades creen que su opinión fue clave para tomar decisiones hoy bajo la lupa.

Con un poder similar los investigadores ubican a Pedro Alfonso Rosales Navarro, vicepresidente del Downstream de Ecopetrol. La Contraloría ya le había abierto un proceso de responsabilidad fiscal por 280.000 millones de pesos.

El hombre en Houston

Otro de los ejecutivos de Reficar imputados es Nicolás Isaksson Palacios, quien era hasta hace unos meses líder del grupo legal.

Aunque estaba en la nómina de Reficar, durante parte de la obra trabajó desde Houston en oficinas de CB&I. Las autoridades estudian un correo donde Isaksson modifica los controles de pago al contratista.

Los dos de CB&I

El ente acusador vinculó además a dos altos ejecutivos de CB&I: Philip Kent Asherman, representante legal, y Massoud Deidehban, director de proyectos.
Se indaga si son los responsables de cambios entre los precios ofertados y los subcontratados, legalizaciones sin justificación, falta de planeación e incrementos de obra injustificados.

De hecho, CB&I está ligado a cerca de 30 hallazgos fiscales que suman más de 8 millones de dólares.

Por último, la Fiscalía vinculó a Carlos Alberto Lloreda Silva, revisor fiscal de Reficar de 2013 a 2015 quien, en criterio de las autoridades, tuvo que detectar el billonario salto en el presupuesto de la obra.


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