Investigación

Por embestida criminal, Gobierno se opone a retiro de 14.662 policías

Congreso aprobó norma para pensionar a uniformados del nivel ejecutivo. Gobierno lo negó por costos.

Retiro de policías

La experiencia de los oficiales y suboficiales que saldrían es clave en la lucha contra la delincuencia.

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Hernando Herrera / Archivo EL TIEMPO

12 de mayo 2018 , 11:50 p.m.

El presidente de la República, Juan Manuel Santos, le acaba de advertir al Congreso que el país requiere de personal altamente calificado para enfrentar los grupos armados al margen de la ley, disidencias y grupos armados organizados, entre otros que están alterando el orden público y la convivencia ciudadana.

Por eso, en carta enviada al presidente del Congreso, Efraín Cepeda, se negó a sancionar el proyecto de ley que le da vía libre a la salida inmediata de 14.662 policías del nivel ejecutivo.

Según el texto aprobado por la Cámara y el Senado, ese personal lleva 20 años de servicio activo, por lo cual puede acceder a una pensión a pesar de estar en un promedio de edad de apenas 40 años.

Hasta ahora, ese beneficio cobija tan solo a agentes, oficiales y suboficiales ‘troperos’. Pero, con el proyecto de ley, se extendió al llamado nivel ejecutivo.

Aunque este último grupo no está en el terreno, la gran mayoría de sus miembros son estrategas en operaciones de alto impacto en centros urbanos y expertos en capacitación de personal.

El país atraviesa una situación de seguridad nacional y convivencia ciudadana que requiere de un pie de fuerza efectivo y disponible para atender los diferentes problemas de orden público

“El país atraviesa una situación de seguridad nacional y convivencia ciudadana que requiere de un pie de fuerza efectivo y disponible para atender los diferentes problemas de orden público”, insiste Santos en el pliego de objeciones al proyecto aprobado, que también firman los ministros de Defensa y de Hacienda, Luis Carlos Villegas y Mauricio Cárdenas, respectivamente.

Para el Ejecutivo, si esa iniciativa sigue adelante se podría abrir un boquete en la lucha por mantener la seguridad ciudadana.

Pero la medida tiene además un impacto económico. En efecto, el retiro de este personal le costarían a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía 422.563 millones de pesos al año. Y a ese monto se le suman 181.000 millones más que valdría la incorporación y la capacitación del nuevo personal.

De hecho, durante el trámite legislativo, el Ministerio de Hacienda remitió comunicaciones para indicar que este proyecto –promovido por la senadora conservadora Nidia Marcela Osorio– impactaría las arcas del Estado.

Por eso, el presidente Santos instruyó a su equipo jurídico y su gabinete ministerial para que la decisión del Congreso de aprobar este proyecto de ley pueda ser reversada, sin importar en qué instancia haya que hacerlo.

Congreso no cedería

Y hay otro argumento de fondo. Para la Casa de Nariño es claro que el Congreso se extralimitó en sus funciones. Por eso, Santos recuerda en su carta al Congreso que, por instrucción constitucional, es del resorte del Gobierno Nacional definir las reglas de funcionamiento de la Fuerza Pública, incluida la Policía.

Esto incluye los métodos de retiro de los uniformados, por lo que –a juicio de Santos– los legisladores que aprobaron este proyecto sobrepasaron sus funciones metiéndose en asuntos que solo competen a la Rama Ejecutiva.

Antes de que se acabe esta legislatura, el 20 de junio, las plenarias de la Cámara y el Senado analizarán los argumentos del Ejecutivo y tomarán una decisión.

Al respecto, el presidente de la Cámara, Rodrigo Lara (Cambio Radical), le aseguró a EL TIEMPO que “el Congreso volverá a aprobar el proyecto”.

Y la senadora ponente también confirmó que en el Senado tiene el respaldo necesario para rechazar los argumentos de Santos y su equipo.

Así las cosas, lo más seguro es que insistan en aprobarla y que la iniciativa vaya luego a estudio de la Corte Constitucional.

Esa instancia determinará cuál de las dos partes, Ejecutivo o Legislativo, tiene la razón jurídica.

Este diario también pudo establecer que hay sectores de la Policía que han hecho lobby en favor de la iniciativa porque ven con buenos ojos los beneficios que otorga, y en el Capitolio no quieren enemistarse con los uniformados y menos en época electoral. La puja también es política, pues si bien la Fuerza Pública no vota, sus familias sí.

Varios alcaldes están pendientes de la decisión que se tome, ya que la norma afectaría la solicitud de ampliar el pie de fuerza en zonas sensibles golpeadas por bandas criminales, al igual que por delincuencia organizada, responsable de delitos de impacto como el hurto a personas y el microtráfico.

De hecho, por eso están pensando en echar mano del Ejército, como ya sucedió en Medellín y como lo están solicitando autoridades locales de Barranquilla y del Valle del Cauca.

La Corte Constitucional tiene la palabra

Las plenarias de Cámara y de Senado están alineadas para rechazar las objeciones presidenciales, lo que se traduce en que el proyecto volverá a ser aprobado. Así las cosas, la decisión final de si entra o no al ordenamiento jurídico queda en manos de la Corte Constitucional. “Para nosotros, este proyecto es clave para el bienestar de los hombres de nuestra Policía”, confirmó Rodrigo Lara, presidente de la Cámara.

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com
En Twitter: @Uinvestigativa

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