Investigación

Lucha clave del Gobierno para salvar la JEP

El Fiscal insiste en críticas sobre falta de claridad entre temas de la JEP y la justicia ordinaria.

El fiscal Néstor Humberto Martínez en audiencia pública sobre la JEP

El fiscal Néstor Humberto Martínez en audiencia pública sobre la JEP en la Corte Constitucional.

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Corte Constitucional.

05 de julio 2017 , 11:49 a.m.

En medio de la revisión que la Corte Constitucional hace de la ley que creó la Justicia Especial para la Paz (JEP), el alto tribunal realiza hoy una audiencia pública en la que distintos sectores darán su opinión frente a esa ley.

"Este proceso es presupuesto de otros como el decreto de amnistía o el de bienes. Es la primera decisión estructural que la Corte tomará en este escenario", dijo el presidente de la Corte, Luis Guillermo Guerrero.

El primero en intervenir fue el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, quien aseguró que el sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación debe ser avalado por la Corte porque no sustituye la Constitución.

A su juicio, la ley "tiene a las víctimas como eje central" y la satisfacción de sus derechos, que según el Ministerio no solo se resuelven con este nuevo sistema por la vía judicial, sino que también se verán satisfechos por la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos.

Además, afirma que las nuevas entidades que crea la JEP permitirán la transición a la paz y pone en marcha la forma de justicia transicional que se acordó con las Farc.
Gil considera que la justicia que ofrece la JEP a los guerrilleros es constitucional pues sus beneficios deben ser compensados "por contribuciones robustas". Además, los "perpetradores de graves crímenes deben cumplir con importantes exigencias", dijo Gil.

"Se equivocan quienes dicen que esta reforma se reduce a entregar beneficios judiciales a guerrilleros de las Farc. Al contrario, dota al Estado de una institucionalidad robusta y asegura los derechos de las víctimas al exigirles a los que se someten a la JEP que se comprometan con el esclarecimiento de la verdad o la búsqueda de los desaparecidos", puntualizó Gil.

Fiscal pide delimitación de funciones de la JEP y de la justicia ordinaria

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, aseguró por su parte que la seguridad jurídica del proceso de paz dependerá en buena medida de que la Corte defina muy bien las competencias que tendrá la JEP y las de la justicia ordinaria, es decir, qué casos van a cada una de estas justicias.

"Colombia tiene derecho a una paz sosegada y estable. Tenemos derecho a una paz que implique el silencio de los fusiles y que no haya impunidad, y que haya seguridad jurídica para todos los guerrilleros y todos los actores del conflicto", aseguró.

Martínez dice que esta ley asegura que la JEP tiene competencia exclusiva sobre las conductas cometidas antes del primero de diciembre del 2016 por hechos del conflicto armado. Por eso, considera: "Se hace necesario definir si ese mandato de exclusividad de la JEP llega a comportar que la jurisdicción ordinaria claudica para todas aquellas conductas que tengan que ver con el conflicto armado que se vivió en Colombia hasta el proceso de paz", afirmó Martínez.

El Fiscal dijo que esa definición es muy importante porque en ese sentido se debe establecer, por ejemplo, qué pasara con las copias compulsadas que salieron de Justicia y Paz o con otras investigaciones.

Además, Martínez dice que la Corte también debe precisar quién va a juzgar a los grupos que surgieron tras la desmovilización de los paramilitares.

Martínez asegura que la ley trae una dicotomía porque, por un lado, la Fiscalía aún tiene a su cargo el juzgamiento y sanción en el marco de la justicia ordinaria de quienes financiaron grupos paramilitares en medio del conflicto. Esto no ocurre con los financiadores de las Farc, cuyos procesos sí irían a la JEP.

"Esa competencia (la de la Fiscalía para seguir investigando a financiadores del paramilitarismo) es inadecuada porque el conocimiento de dichos crímenes es exclusivo de la JEP", dijo.

Afirmó que de lo contrario, "los beneficios de la JEP solo serían para las Farc".

El hecho de que unos puedan tener unos beneficios en la JEP y otros no, para Martínez es inadecuado: "Pondría en vilo el logro de una paz estable y duradera, porque la sociedad haría tránsito de una guerra militar a una guerra jurídica (...). Justicia transicional para la subversión y justicia ordinaria para los demás actores del conflicto".

También dijo que las investigaciones que nutrirán la JEP no deben suspenderse mientras entra en operación esa justicia. Dice Martínez que esta ley permite la suspensión de las investigaciones en materia penal, lo que es "la parálisis absoluta de la justicia en la recaudación de las pruebas".

El Fiscal también dijo que la Corte debe hacer un profundo análisis de constitucionalidad sobre la norma que establece que el Congreso definirá quién investigará los delitos de narcotráfico cometidos con posterioridad al acuerdo.

Otro punto que criticó Martínez es la poca claridad sobre los delitos de ejecución permanente como testaferrato, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Para el jefe del órgano acusador, "la ley no precisa quién es el competente para investigar esos delitos en los bienes que sean inventariados. Ello supone una competencia jurisdiccional para que no haga tránsito a la impunidad".

El Fiscal también asegura que se debe analizar quién va a investigar a terceros y posibles testaferros de bienes de las Farc. Esos casos, según el Fiscal, deberían ser de competencia de la justicia ordinaria y la Fiscalía.

Sobre la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos, el Fiscal le pidió a la Corte que se condicione la operación de esa unidad afirmando que no debe sustraerse del principio de colaboración con las otras entidades: "No pueden sustituir ni impedir las investigaciones que el Estado tiene el deber de adelantar", dijo Martínez.

'Intervención limitada de la Procuraduría afecta derechos de las víctimas': viceprocurador

El viceprocurador general, Juan Carlos Cortés aseguró que la Corte debe aplicar de manera moderada la teoría de la sustitución de la Constitución en el examen que haga de la ley que creó la JEP, pues no debe perder de vista que esta es una norma de justicia transicional.

También dijo que si bien los cambios que trae la JEP son profundos, son temporales y buscan garantizar la transición a la paz.

El viceprocurador criticó que la JEP haya establecido que la Procuraduría podrá actuar en ese sistema cuando lo soliciten los magistrados de esa jurisdicción para defender los derechos de las víctimas. "Este esquema de intervención limitada del Ministerio Público afecta considerablemente la defensa de los derechos de las víctimas y además plantea inquietudes sobre la vigencia de normas esenciales en cuanto a la estructura del Estado, en lo que respecta a la configuración y alcance del Ministerio Público, como órgano constitucional autónomo", dijo.

También señaló que si bien podría pensarse que la JEP implica "una disminución de las garantías ordinarias, pues es cierto que puede sacrificarse la faceta retributiva del derecho penal, y por ello parecería existir una tensión frente al derecho a la justicia y a la igualdad, en relación con las sanciones que se imponen en el ámbito ordinario", debe tenerse en cuenta que ese "sacrificio" busca alcanzar la paz.

Mininterior habla de contexto de excepcionalidad para juicios de sustitución de la Constitución

Por otro lado, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo que la interpretación jurídica que la Corte va a hacer de la JEP no puede ser la tradicional porque se debe tener en cuenta que se trata en este caso de la solución a un conflicto armado: "Los diferentes juicios de sustitución de la Constitución deben adelantarse bajo los contextos de excepcionalidad".

Defensoría dice que Corte debe conservar facultades para decidir qué tutelas estudiar y cuáles no

La Defensoría del Pueblo dijo que la Corte debe hacer un control definitivo de la ley que creó la JEP. Señala que si bien esa norma trajo importantes cambios sobre la Carta de 1991, ello no implica una sustitución de la Constitución.

De otro lado, la representante de la Defensoría del Pueblo dijo que su experiencia como líder de la actual Comisión de Búsqueda de Desaparecidos que ya está funcionando debe ser tenida en cuenta en la nueva entidad.

La Defensoría también se refirió a las tutelas que serán decididas por la Sala Plena de la Corte que revisará si se vulneró un derecho fundamental, pero sin cambiar el sentido del fallo de la JEP. Sobre este punto, la Defensoría asegura que la Corte debería conservar su competencia de qué tutelas quiere estudiar y cuáles no.

También dijo que la imposibilidad de buscar la acción de repetición contra miembros de la Fuerza Pública que se sometan a la JEP afecta el interés público. "Cualquier intento de privar al Estado de su legítimo derecho de la repetición sustituye la Constitución", precisó la delegada de la Defensoría.

Uprimny dice que todas las decisiones deben ser ponderadas con el derecho a la paz

El jurista Rodrigo Uprimny aseguró en la audiencia que los procesos de paz son usualmente turbulentos y difíciles, por lo que su "domesticación por el derecho no es fácil".

En este sentido, Uprimny afirma que el caso colombiano no cae en los modelos que ya se han dado en el mundo sobre cómo debe ser esa transición del proceso de paz. Dice que, en todo caso, la Constitución del país es compatible con la transición y es abierta a la paz.

"Uno podría entender que el proceso de paz no es ajeno a la Constitución (...). La Corte en este proceso es protagónica porque este no es un proceso de transiciones políticas. Pero la Corte no debe depender de la normalidad constitucionalidad", dijo Uprimny afirmando que el alto tribunal debe tener en cuenta que nuestra Constitución es pro-paz y que a la hora de estudiar la JEP debe tener en cuenta el contexto especial que vive el país.

Dice que antes de establecer que en algún punto hay una sustitución de la Constitución, el alto tribunal debe ponderar esa situación con el derecho a la paz.

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