Investigación

Fiscalía presenta avances en investigaciones por corrupción en Córdoba

Entre los casos está el del exgobernador Alejandro Lyons y el del cartel de la hemofilia. 

Alejandro Lyons, exgobernador de Córdoba.

Alejandro Lyons, exgobernador de Córdoba, deberá asistir al Tribunal Superior de Bogotá a la imputación de cargos por supuestas irregularidades durante su administración.-

Foto:

Gudilfredo Avendaño /Archivo ELTIEMPO

09 de mayo 2017 , 11:02 p.m.

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, anunció este martes desde Córdoba que desde enero pasado, cuando se priorizaron las investigaciones por corrupción en el departamento, han sido capturadas 54 personas. 

Además, dijo que el exgobernador de ese departamento Alejandro Lyos tendrá que responder por cargos relacionados con 20 delitos: concierto para delinquir, falsedad en documento público, falsedad en documento privado, seis casos de interés indebido en la celebración de contratos, seis casos de celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales y cinco peculados por apropiación por una suma superior a los 10.000 millones de pesos. 

Martínez indicó que la audiencia, que había sido programada inicialmente para el próximo jueves 11 de mayo, fue aplazada por solicitud de la defensa de Lyons.

Durante una rueda de prensa, el Fiscal hizo énfasis en que hay que velar por los recursos del departamento, toda vez que durante los años 2015 y 2016 Córdoba tuvo ingresos superiores a 1,5 billones de pesos y recibió más de 650.000 millones por regalías.

"Velar por estos recursos debe ser una prioridad para superar el rezago social del departamento", dijo Martínez.

Cartel de la hemofilia

Entre los últimos avances en los procesos contra el cartel de la hemofilia, el Fiscal destacó que este fin de semana fue capturado fue capturado Adalberto Carrascal Barón, coordinador de autorizaciones médicas de la Secretaría de Salud, y quien autorizó el cobro de medicamentos para pacientes ficticios de hemofilia.

Además, en el transcurso de la última semana se presentaron los escritos de acusación contra Alfredo José Aruachán Narváez, Alexis José Gainez Acuña, y Marcela Sofía Suárez Luna, por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación y prevaricato por acción y contra el señor Rubén Darío Guerra Gil, exrepresentante legal IPS San José de la Sabana, quien aceptó cargos.

Por la expedición de una resolución que ordenó el pago de 3.174 millones de pesos para 28 pacientes que no existían, fueron capturados Edwin Preciado Lorduy, execretario de Salud de Córdoba; Juan David Náder Chejene, exauditor, y Alfredo Ignacio Ceballos Blanco, excoordinador del Programa Ampliado de Inmunización.

Recursos de la primera infancia

A través de un contrato entre la fundación Tierra Nuestra y el ICBF directivos de la fundación se habrían embolsillado más de 2.700 millones de pesos que deberían haber sido destinados a la atención de niños y adolescentes. 

Según la Fiscalía, el ICBF habría dado el aval para permitir que el dinero terminara en manos de terceros. Por este caso han sido detenidas nueve personas.

Los estudiantes inexistentes de Lorica

En el año 2014, el Ministerio de Educación giró recursos del Sistema
General de Participación a la Secretaría de Educación de Lorica, Córdoba, para
subsidiar la educación de un gran número de niños y jóvenes. Sin embargo, las auditorías indicaron que muchos de los niños registrados realmente no existían. 

"Los investigadores encontraron que en la Institución Educativa Rafael Núñez
había 1.549 estudiantes inexistentes, por lo que se presume un detrimento de
aproximadamente 1.780 millones de pesos", dijo Martínez. 

Por este proceso han sido capturadas dos personas por los delitos de celebración de
contratos sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la
celebración de contratos y peculado por apropiación.

Otros procesos

Por irregularidades en el manejo de regalías fueron detenidas seis personas. 

El fiscal Martínez manifestó que esta semana se iniciará un proceso de extinción de dominio contra 40 bienes avaluados en más de 10.000 millones de pesos que están en manos de los presuntos responsables de los delitos de corrupción con regalías. 

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