Investigación

La evidencia contra Rodrigo Aldana, el fiscal al servicio de Otto Bula

Es acusado de recibir un apartamento a cambio de beneficiar al exsenador en procesos.

Rodrigo Aldana

Rodrigo Aldana fue fiscal de extinción de dominio.

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Claudia Rubio / EL TIEMPO

23 de abril 2017 , 12:39 a.m.

El apartamento 1117 del edificio Pentagrama, en el occidente de Bogotá, se convirtió este sábado en la prueba reina de que el fiscal delegado ante el Tribunal de Cundinamarca Rodrigo Aldana Larrazábal recibió dinero de Otto Bula para favorecerlo judicialmente.

Durante la legalización de su captura, sus propios compañeros revelaron la evidencia que recogieron en su contra y pidieron que fuera enviado a prisión.

Según revelaron, el apartamento 1117, tasado en 335 millones de pesos, le fue entregado al otrora poderoso fiscal a cambio de que le devolviera a Bula tres haciendas en Córdoba que habían pertenecido a los narcotraficantes Álvarez Meyendorff.

El rastro del ilícito fue reconstruido por los investigadores, que comprobaron que aunque Aldana había sido ascendido por el fiscal Eduardo Montealegre a delegado ante el Tribunal, se llevó ese y otros expedientes de su antiguo despacho: la fiscalía 112 de extinción de dominio.

Pero fue aún más allá. En contra de la ley, se negó sistemáticamente a devolverlos y cuando el propio Montealegre expidió una resolución para quitárselos, Aldana hizo una jugada maestra. “El 30 de junio de 2015, proyectó una resolución de improcedencia extraordinaria en la que ordenaba devolverle las tres haciendas a Bula”, explicaron los investigadores.

De manera simultánea, Margarita María Useche Molina, entonces compañera sentimental de Aldana, recibió el apartamento 1117, cuyas escrituras se firmaron en agosto de 2015.

Tras una inspección a la Fiduciaria Alianza, la Fiscalía comprobó que el apartamento fue pagado de contado, echando mano de un patrimonio autónomo que había creado la constructora Umbral.

Cuando se indagó con su representante legal, este explicó que le debían a Bula 1.100 millones de pesos por negocios inmobiliarios. Además, que el exsenador aceptó que en parte de pago le entregaran seis apartamentos en el edificio Pentagrama, uno de los cuales se le debía escriturar a Useche.

La USB y Vélez

La mujer fue capturada el sábado en la mañana tras un allanamiento al apartamento, y su nexo con Aldana ya fue establecido por medio de varios testimonios. De hecho, Useche se movía en una camioneta SsangYong de placas TZQ-721 que perteneció a Clara Larrazábal, madre de Aldana.

“Useche no pagó un peso ni por el apartamento ni por la camioneta. Esta última se la dieron por una supuesta asesoría en comunicaciones”, explicó un investigador. Y agregó que la orden de captura contra Aldana se solicitó después de que en el celular de Bula se encontraron varios chats con el fiscal mediante los cuales se ponían citas.

Además, dentro de una memoria USB que Bula entregó como parte de su colaboración en el caso de sobornos de Odebrecht, se encontró la decisión que Aldana emitió a su favor. Bula también tenía allí documentos confidenciales de la Fiscalía de los que, tras un rastreo forense, se comprobó que habían sido creados por Aldana.

“Él estaba casado con una alta funcionaria del Ministerio de Justicia. Pero luego de su separación, Andrés Vélez, exparamilitar y señalado falso testigo, le presentó a Bula y lo empezó a meter en negocios turbios”, le dijeron a EL TIEMPO allegados a Aldana.

En altos círculos judiciales, su captura sorprendió porque su padre, Luis Enrique Aldana Rozo, fue un destacado magistrado de la Corte Suprema y a él lo consideraban su heredero en el campo procesal.

Pero exfuncionarios de la Fiscalía tienen otra lectura: “Se estaba demorando en caer. Siempre se dijo que recibía plata para entregar bienes incautados a la mafia y que Luis Camilo Osorio lo echó de la entidad por negarse a recapturar al narcotraficante Gilberto Rodríguez Orejuela. En la administración de Montealegre lo reintegraron y andaba con Vélez, al que graduaron de supuesto testigo estrella contra la excontralora Sandra Morelli, un caso que le interesaba mucho a Montealegre”.

Sigue la indagación

Ahora la hipótesis del ente acusador es que el alto funcionario judicial recibió dádivas a cambio de entregar información privilegiada sobre procesos contra el exsenador Bula.

Además de las tres haciendas en Córdoba, se revisan versiones según las cuales habría exigido dinero a allegados de Héctor ‘Chicho’ Urdinola, para que siguieran ocupando una casa en San José de Bavaria, norte de Bogotá, de los Álvarez Meyendorff, y a gente cercana a Javier Calle, alias Comba.

En este caso, Aldana fue comisionado para viajar a Nueva York a recibir la información sobre bienes por 12 millones de dólares que 'Comba' entregó como parte de su colaboración con la justicia de Estados Unidos.

‘Soy una víctima’

“Siempre he tenido relaciones cordiales con las agencias de inteligencia extranjeras. Por solicitud de los británicos, me hicieron seis veces polígrafo. En todo el tiempo que manejé extinción de dominio me ‘poligrafeaban’ con regularidad (...). Yo soy una víctima de Andrés Vélez, fue él quien me presentó a Bula”, le dijo Aldana a EL TIEMPO en marzo pasado cuando este diario reveló en primicia sus nexos con Bula. Según decía, el falso testigo Vélez se aprovechó de una supuesta adicción de un allegado para sacarle plata.

“Me presentó a Bula como un senador, una persona con muchos contactos, que quería hablar conmigo. Dije que no podía, porque yo a él lo tenía investigado en el proceso de los Álvarez Meyendorff. Pero dijeron que me iba a hablar del exsenador Mario Uribe, cosa que nunca pasó. Bula era dicharachero, cariñoso y confianzudo. Pero nunca me pidió nada ilegal”, dijo.

Para dar esa versión, desde hace un mes le dio poder al abogado Fabio Humar, quien presentó, sin suerte, tres documentos ante un fiscal delegado ante la Corte Suprema, en donde pedía que los escucharan.

Este sábado, ante un magistrado del Tribunal de Bogotá, la Fiscalía le imputó cargos por cohecho propio, prevaricato por omisión y concertación para cometer delitos contra la administración pública. No los aceptó.

“Usted realizó un acto no propio de su cargo y contrario a sus deberes oficiales”, le dijo el fiscal en audiencia, al leer el expediente de 900 páginas. La solicitud de medida de aseguramiento quedó aplazada para mañana.

Por su parte, Bula puede perder los beneficios judiciales que está pidiendo por colaborar como testigo en el escándalo de Odebrecht. Incluso, la Fiscalía anunció nuevas imputaciones contra el exsenador.

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u.investigativa@eltiempo.com

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