Investigación

'Colombia sabrá todo lo que pasó con Odebrecht': Martínez

El fiscal general dice qué sigue en materia de investigaciones anticorrupción. ¿Estremecerá al país?

Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la Nación

Martínez asegura que todo lo que sucedió con Odebrecht en Colombia se conocerá antes del próximo primero de junio.

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Claudia Rubio / EL TIEMPO

02 de mayo 2017 , 12:01 a.m.

No termina la investigación de Odebrecht y usted abre otro gigantesco capítulo de corrupción, el de la Refinería de Cartagena (Reficar). ¿No irán a decir que es para desviar la atención de lo primero, respecto de lo cual dicen que usted está impedido para actuar?

En modo alguno. Es una investigación madura que nos abstuvimos de dar a conocer con anterioridad para evitar que un trabajo tan serio se calificara como una ‘cortina de humo’. No hay razón para que se paren las investigaciones que nos hemos propuesto y esta de Reficar tenía que entregar resultados inmediatos de su primera fase, para poder pasar al cierre de las otras.

¿Cuáles otras fases? Le pido me concrete...

En Reficar tenemos que concluir acerca de los siguientes puntos claves: cómo se seleccionó a Glencore; cómo se escogió a Chicago Bridge and Iron (CB&I) como contratista; cómo se permitió la salida de Glencore de Reficar, para que el Estado asumiera la totalidad de los riesgos del proyecto, en manifiesta contravía de lo que habían dispuesto la ley y el Conpes. Y cómo se cambió el contrato llave en mano por uno de gastos reembolsables.

Corrupción en Reficar

El Fiscal cree que EE. UU. extraditaría a personas de ese país que hayan delinquido en el caso de la Refinería de Cartagena.

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Yomaira Grandett / EL TIEMPO

Ya volvemos a este tema. Antes, ¿cuándo va a interrogar la Fiscalía a Roberto Prieto?

Roberto Prieto ya lleva en la Fiscalía dos interrogatorios. La comisión de fiscales encargada del caso realizó la semana pasada, en Brasil, interrogatorios a los directivos de Odebrecht para la época de los hechos, que trabajaron en Colombia y en ese país, los cuales permitirán concluir las investigaciones a la mayor brevedad. Para cuando se conozca públicamente, el próximo primero de junio, lo que ocurrió en el plano mundial en Odebrecht, Colombia ya habrá establecido en su integridad todo lo que pasó en el capítulo nacional. Ese es nuestro objetivo.

¿La Corte Suprema de Justicia ya decidió si usted está impedido para actuar en el caso Odebrecht por su cercanía con el socio colombiano, como alegan muchos?


No. Estoy a la espera de su decisión. Ya lo he dicho: cualquiera que ella sea, será para mí inapelable.

Una de las dudas que tiene todo el mundo por esa cercanía es si la investigación cubrirá a todos los responsables y, específicamente, al presidente de Corficolombiana, José Elías Melo, sobre quien se discute si sabía o no de los sobornos...

A nadie le pueden quedar dudas: la Fiscalía está en el deber de hacer todas las investigaciones sin ningún tipo de favorecimiento o consideración política, gubernamental, de amistad o de antiguos lazos profesionales. Justamente, los fiscales delegados del caso se impusieron como objetivo recaudar más pruebas al respecto en su reciente comisión a Brasil. Estoy seguro de que actuarán prontamente en derecho y siempre con plenas evidencias.

Sus críticos dicen que usted se anticipó a decir que en el contrato de Navelena no había nada irregular y cerró la investigación. Y resulta que lo que había era del tamaño de una catedral…

La conspiración afirma que al iniciar el año se cerró sospechosamente la investigación sobre la adjudicación a Navelena del contrato del río Magdalena, cuando ya había evidencias de irregularidades en el crédito otorgado por el Banco Agrario. Pero, ¡por Dios!, nunca se cerró nada. De las irregularidades del crédito se vino a saber en la Fiscalía a finales de enero, por denuncia del Ministro de Agricultura. Y, por si fuera poco, son dos cosas diferentes: la adjudicación y el crédito.

Explíqueme entonces el comportamiento de la Fiscalía frente al caso Navelena...

Al finalizar el 2016, lo único que se sabía es que la justicia más poderosa del mundo, que es la de los Estados Unidos, había establecido la existencia en Colombia de coimas en dos contratos de Odebrecht, sin identificarlos. Mientras los colombianos estaban de vacaciones navideñas, la Fiscalía se dio a la tarea de establecer cuáles eran. Y en apenas dos semanas, para el 5 de enero, ya se había verificado que esos contratos eran Ruta del Sol y Ocaña-Gamarra. Hasta ese momento, la Fiscalía no poseía ninguna evidencia sobre irregularidades en la adjudicación de la obra del río Magdalena, como tampoco la justicia estadounidense.

¿Y qué tal el escándalo de los préstamos del Banco Agrario?

El 26 de enero, la Fiscalía recibió la denuncia del ministro Iragorri sobre las irregularidades del préstamo y, por virtud de la misma, se han formulado varias imputaciones. Hoy lo único cierto es que la Fiscalía investiga ambos asuntos: la adjudicación y el préstamo. De hecho, el jueves de esta semana haremos el primer intercambio de pruebas con el Fiscal del Ecuador, en Quito, para seguir avanzando en el tema del contrato del río Magdalena.

¿Asesoró usted o no a Navelena para obtener el crédito de 120.000 millones de pesos?

Es un cuento pérfido. Hasta el Banco Agrario certificó que eso no es cierto.

Pero el senador Robledo sigue mostrando papeles con la firma de su oficina…

No es cierto. Lo han certificado todos los intervinientes en el crédito. Incluso, el Banco Agrario ha manifestado que para el crédito de los 120.000 millones de pesos Navelena le entregó cuatro conceptos legales, de los cuales ninguno es mío o de algún miembro de mi familia. Insistir en esto es una desfachatez. El que se exhibe surgió para otra cosa, el frustrado cierre financiero, del que el Banco Agrario no participó y del que yo no supe en su momento. Así, queda claro que en el crédito puente otorgado, que es el que se investiga, nada tuvo que ver mi familia y menos el Fiscal.

¿Es cierto que hubo un trueque de contratos entre Odebrecht y la española Acciona, patrocinada por el Alcalde de Quito, para que la primera se quedara con el río Magdalena, y la segunda, con el metro de esa ciudad?


Por ahora, esa es una de las hipótesis de la investigación. Justamente, con el Superintendente de Industria y Comercio llevaremos a Ecuador los resultados de la investigación forense que se hizo en Colombia sobre los computadores incautados en ese país.

Mmm... Eso me huele a que sí...

No puedo decirle más.

Usted dio un concepto, como abogado particular, de que no se podía hacer la adición Ocaña-Gamarra a dedo, sino por licitación. Pero se dice que luego usted aprobó en el Conpes esa adición, ya como ministro de la Presidencia…

Falso. Pero la pregunta es muy pertinente. Como abogado particular conceptué que se requería una licitación con participación concurrente en condiciones de igualdad. Nunca el Conpes de octubre del 2014 se pronunció sobre la posibilidad legal de hacerlo a dedo ni mucho menos adjudicó la adición al mismo contratista inicial, por la sencilla razón de que fue en marzo del 2014, cuando la ANI, mediante un otrosí al contrato original, le entregó la construcción de la obra Ocaña-Gamarra al Consorcio Ruta del Sol.

En esa época, yo no era funcionario público. Tengo, y la he entregado, una certificación del secretario del Conpes en la que se afirma que ese órgano no es competente para decidir asuntos contractuales y que el Conpes de finales del 2014 solo se pronunció sobre un tema de vigencias futuras. Más claro no canta un gallo.

No debe ser cómodo en todo caso que digan que usted está impedido y le hagan este debate tan sangriento en el Congreso…

Así es todo en nuestra imperfecta democracia en tiempos electorales. Contesté por escrito, uno a uno, los distintos interrogantes y los documenté apropiadamente. Además, el debate fue útil para que la opinión pública conociera de manera detallada, en boca del propio (Jorge) Robledo, todos los adelantos que lleva la Fiscalía en esta investigación, abierta en Colombia hace apenas cuatro meses. Se reconoce en la región que somos el país, después de Brasil, que ha llegado más lejos hasta la fecha. Fue una buena vitrina para la Fiscalía.

Fui una de las que pensaron, cuando usted mandó al Consejo Nacional Electoral las investigaciones sobre financiación de las campañas de Santos y Zuluaga, que era para lavarse las manos. ¿La Fiscalía las va a investigar o no?

En Colombia, lo acepta todo el mundo, incluso los contradictores de oficio, la violación de los topes no es un delito. Por ello, ese es el único aspecto por el que, por razones de competencia, se le dio traslado al Consejo Electoral. Todo lo demás está siendo objeto de investigación penal de la Fiscalía, desde el día uno.

El columnista Daniel Coronell denuncia en la revista ‘Semana’ un cuento muy azaroso de la campaña Santos Presidente del 2010: J. J. Rendón de asesor secreto, más unos delincuentes comunes pretendientes de desmovilización, más una supuesta financiación que conseguiría José Obdulio Gaviria para esa asesoría. ¿Me podría indicar si algo de esto es objeto de investigación de la Fiscalía?

Es deber de la Fiscalía analizar todas las evidencias que aparezcan, incluso las de fuentes abiertas.

Esperemos entonces los resultados y volvamos a Reficar. ¿Quién eligió a Glencore como socia del Estado colombiano, cuando era una compañía sin ninguna experiencia en el tema de refinerías?

La junta directiva de Ecopetrol en el 2006, y es uno de los asuntos sobre los cuales la comisión de fiscales habrá de pronunciarse prontamente, luego de escuchar en interrogatorio a las personas citadas la semana pasada.

¿Quién tomó la decisión de dejar ir a Glencore de su sociedad con Ecopetrol así como así?

La junta directiva de Ecopetrol que fue citada por la Fiscalía.

¡Eso quiere decir que los miembros de la junta de Ecopetrol y las directivas de Reficar están untados hasta los codos!...

Esas decisiones están siendo objeto de investigación de la Fiscalía porque, como consecuencia de ello, el Estado terminó ejecutando integralmente el proyecto y asumió todos los riesgos, de manera contraria a lo que había dispuesto la ley del plan en el 2003 y un Conpes del 2004, según los cuales el proyecto debería hacerse con un socio estratégico privado y mediante un contrato llave en mano, que evitara los sobrecostos y mitigara los riesgos a cargo del Estado.

¿Quién tomó la decisión de cambiar la modalidad llave en mano por la de gastos reembolsables, que se tiró al Estado colombiano?

La junta directiva y la administración de Reficar, como se anunció la semana pasada. Y lo grave es que la modalidad de gastos reembolsables imponía una auditoría muy profesional, para impedir que Chicago Bridge and Iron (CB&I) cobrara lo que se le diera la gana y se le reembolsara todo tipo de gastos, así no tuvieran que ver con el proyecto. No obstante, pagaron cuentas objetadas por el interventor y gastos que ni siquiera fueron auditados.

¿O sea que se le entregó la chequera de los colombianos al contratista gringo?

Sí, de una manera totalmente irresponsable. Ahí están los resultados.

¿Por qué el control de la auditoría no tuvo efectos?

Al final no operó para unas cuentas ya muy grandes. Pero sí hubo auditoría, y a pesar de que ella objetó unos gastos, fueron pagados, no obstante que Foster Wheeler, el auditor, advirtió que de hacerlo se estaría pagando dos veces por los mismos bienes y servicios. Ese chistecito nos costó 610.000 millones de pesos.

Perdón, ¿Reficar no tenía revisor fiscal?

Sí, una multinacional de la auditoría que certificó que en Reficar se cumplían integralmente las normas de control interno. Por ello, el fiscal del caso decidió, la semana pasada, imputarle al revisor fiscal los delitos de peculado y falsedad. Que yo recuerde es la primera vez que eso ocurre en Colombia.

Más sorprendente e impactante aún si el auditor imputado penalmente es Price Waterhouse, ni más ni menos… ¿Sí era el auditor?

Así es.

Será relativamente sencillo echarles mano a los colombianos imputados para que respondan, pero los gringos deben estar asoleándose en algún paraíso veraniego. ¿Los va a pedir en extradición?

La lucha contra la corrupción es global. Y, de lejos, el mejor socio de la Fiscalía colombiana es hoy el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Al mes de haberme posesionado, le pedí a la ‘Attorney General’ (fiscal general, Loretta Lynch) que nos acompañara en esta investigación.

¿Qué tiene que ver el Fiscal gringo (Jeff Sessions)?

Mucho. En el lado estadounidense tiene que examinarse si con cargo a dineros públicos colombianos se amortizaron gastos de la empresa CB&I, con domicilio en Houston, para atender otros proyectos que ellos realizaban en el plano internacional. Y, también, si las multimillonarias utilidades de CB&I se distribuyeron solamente entre estadounidenses. La buena noticia es que el FBI ha sido encargado de este asunto.

¿Y qué pasa si usted llama a comparecer a los gringos de CB&I y estos no lo hacen, como creo que no lo harán?

No dudo de que si al final la justicia colombiana determina la responsabilidad penal de los norteamericanos, si ellos no comparecen voluntariamente al país, serán ofrecidos en extradición por el Gobierno de los Estados Unidos, así como permanentemente lo hace Colombia por requerimiento de la justicia estadounidense. La extradición, lo he dicho y lo repito hoy, es un instrumento valiosísimo en la lucha contra la corrupción global.

Permítame entonces esta pregunta: ¿Samuel e Iván Moreno van a ser extraditados a los Estados Unidos?

Al momento no existe ninguna solicitud de las autoridades de ese país. Pero si en su accionar delictivo se llegó a violar la ley interna de los Estados Unidos, podría llegar a solicitarse su extradición. De todas maneras, será una decisión del Gobierno americano.

¿No es suficiente que los hermanos Moreno tuvieran propiedades en los Estados Unidos, seguramente obtenidas con la plata del ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá y quién sabe de dónde más?

Si se prueba el lavado de activos y la conspiración en territorio de los Estados Unidos, podría haber causa. La Fiscalía colombiana colabora en la actualidad para esclarecer ese punto, no solo en este caso, sino en varios más de corrupción que hemos priorizado con el Departamento de Justicia. Trabajamos conjuntamente para que haya una victoria temprana y mandemos un mensaje contundente contra los corruptos de todos los pelambres.

O sea sí. ¿Qué sigue después de Reficar?

Están por concluir muchas investigaciones importantes. Por ejemplo, los papeles de Panamá. La corrupción en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de los municipios a lo largo del país. La corrupción en la salud. La corrupción en las licitaciones públicas. La corrupción en el fútbol. La corrupción en la justicia. Y la corrupción regional, donde seguimos levantando el colchón. Esta semana, la Fiscalía terminará de procesar toda la corrupción de Córdoba y de Sucre. La semana pasada entramos al Magdalena, Santander y el Valle. Y el próximo viernes vamos para el Meta, de donde se emiten los mensajes intimidatorios contra el Fiscal, como ya lo establecieron las investigaciones.

Todo suena catastrófico. Nos está devorando la corrupción. Déjeme hacerle dos pregunticas. En lo de la corrupción de los POT, ¿es cierto que están metidas conocidísimas compañías constructoras privadas?

Hay que decirlo con claridad. La corrupción en Colombia es una moneda de dos caras: en una está el sector público y, lamentablemente, en la otra está el sector privado. Déjeme terminar las investigaciones y le responderé su pregunta.

Otra preguntica: ¿es cierto que en Colombia se arreglan partidos de fútbol?

Una de las investigaciones más importantes que hemos iniciado con la colaboración de la Dimayor tiene que ver con la corrupción en el fútbol. Y ya tenemos evidencias. La purga debe llegar a todos los sectores de la sociedad.

¿Y la purga de la justicia? Tuvimos cuatro años de una Fiscalía que no solamente no combatió la corrupción, sino que engavetó todo...

Uno de los mayores legados de esta fiscalía debe ser el de velar por la integridad de la justicia. El país necesita un sistema judicial a toda prueba. Organizamos un grupo que solo investiga a fiscales y funcionarios del CTI, que concluirá su labor únicamente cuando hayamos extirpado la corrupción interna. Y con la ayuda de miles de jueces y magistrados estamos identificando verdaderas organizaciones criminales dedicadas a amañar el reparto judicial y a acomodar tutelas y providencias a lo largo del país, en las que participan abogados y servidores de la justicia. El tratamiento será doloroso, pero inaplazable.

MARÍA ISABEL RUEDA
Especial para EL TIEMPO

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