Investigación

'El caso de mi papá será la prueba ácida de la JEP'

Entrevista a Jaime Uscátegui, hijo del general condenado a 37 años por la masacre de Mapiripán.

Jaime Uscátegui

Jaime Uscátegui se ha dedicado en los últimos años a la defensa de su padre, el general Uscátegui.

Foto:

Claudia Rubio / EL TIEMPO

24 de abril 2017 , 03:00 a.m.

Comencemos por explicar quién es usted.

Bueno, soy José Jaime Uscátegui, tengo 35 años de edad, soy profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales, y profesor de la Universidad Sergio Arboleda. No soy abogado, pero durante los últimos 18 años me he dedicado a la defensa de mi papá, el general Uscátegui.

Recuérdeme de qué está acusado y a cuántos años lo condenaron.

En 1999 fue acusado por omisión, siendo comandante de la Séptima Brigada del Ejército en Villavicencio, por la masacre que cometieron los paramilitares en el municipio de Mapiripán, Meta. Desde entonces estamos en este calvario judicial.

Usted le acaba de dirigir una carta al señor García-Sayán, una de las cinco personas nombradas para escoger a los magistrados de la justicia especial para la paz, JEP. ¿Qué espera obtener con esa carta?

Él, como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre los años 2004 y 2005, no es que haya juzgado directamente a mi padre porque la Corte Interamericana juzga es a los Estados, no a las personas. Pero conoció de primera mano el expediente de Mapiripán, que finalmente resultó en el año 2005 en una condena contra el Estado colombiano. Lo que le digo en esa carta al señor García Sayán es que me dé todas la garantías que no le dio a mi padre.

¿Por qué dice eso?

Porque él era juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual lamentablemente terminó avalando a una serie de falsas víctimas, falsos testigos y falsos hechos que contribuyeron indirectamente a la condena de mi papá unos años después.

¿Cuántas víctimas fueron reconocidas por la Corte en el caso de Mapiripán y cuántas han sido desvirtuadas?

En la sentencia del año 2005 fueron reconocidas 20 víctimas directas de la masacre, y a la fecha se ha logrado demostrar que al menos 14 de esas 20 víctimas son falsas. Ya hoy 12 de esas personas están condenadas en Colombia por los delitos de fraude procesal, enriquecimiento ilícito y estafa agravada, y mi papá ha sido reconocido como víctima de esas falsas víctimas en los procesos que se les han adelantado. Aquí lo que llama la atención es que el secretariado de las Farc tiene la posibilidad de reunirse a puerta cerrada con los integrantes de este mecanismo de selección de magistrados de la JEP, y ni yo ni muchos colombianos tenemos ese mismo privilegio. Así que nos toca enviar este tipo de cartas.

¿Qué espera que suceda con la carta?

Aspiro a que en algún momento, el doctor García-Sayán me conteste para tener certeza de que va a tener en cuenta esos comentarios respetuosos.

¿Qué tipo de garantía le está pidiendo usted al doctor García-Sayán?

Se le pide lo mismo que hemos pedido durante estos 18 años de proceso judicial: que exista absoluta transparencia, absoluta objetividad en los procesos que van a ser conocidos por esta jurisdicción especial. En este caso de Mapiripán ha sido evidente el sesgo ideológico no solamente de la justicia colombiana sino también del sistema interamericano, hasta el punto de que el próximo 15 de julio se van a cumplir 20 años de la masacre de Mapiripán, y es una vergüenza que la justicia colombiana no nos pueda decir exactamente cuántas personas fueron asesinadas y cuáles son sus identidades, pero sí ya tener la certeza de que el general Uscátegui es responsable. Con falsas víctimas, falsos testigos y falsos victimarios como el general Uscátegui, no hay justicia en Colombia.

¿A cuántos años fue condenado su padre?

Inicialmente, a 40 años y después, por uno de los delitos que prescribió le redujeron la condena a 37 años, de los cuales ya lleva preso 16.

A él lo condena el Estado colombiano, pero en el contexto de las condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Mapiripán…

Si bien por todas partes se dice que esa Corte Interamericana no estaba juzgando la responsabilidad de personas naturales, si ustedes leen las sentencias del Estado colombiano contra mi padre, en todas se cita reiteradamente la sentencia de la Corte Interamericana porque de alguna manera forma parte de la jurisprudencia de estos casos.

¿Usted aspira es a que la JEP revise la sentencia de su papá?

Exactamente. El acto legislativo habla de una Sección de Revisión que va a tener el tribunal especial de paz. Mi padre incluso ya firmó el acta de compromiso de sometimiento a la JEP, y aspiramos entonces a llevar el caso, aportando nuevas pruebas si lo permite la JEP.

A ver. ¿Su padre no va a confesar nada, va a seguir sosteniendo su inocencia, pero va a aportar nuevas pruebas sobre ella?

Así es. Una de ellas, y tal vez la más importante, es un concepto firmado por el ministro de la Defensa en el 2006, que era el doctor Juan Manuel Santos, en el que él certifica por escrito que el general Uscátegui como comandante de la Séptima Brigada no tuvo jurisdicción ni mando sobre las tropas responsables de Mapiripán en julio del 97. Esa es la prueba reina de la inocencia de mi papá. La justicia colombiana no la ha querido aceptar porque tampoco la conoce.

¿Por qué?

No se pudo aportar oportunamente al proceso porque ya se había cumplido el periodo oportuno, pero ahora la JEP nos abre la posibilidad de presentar esa nueva prueba, y de esa manera esa condena se tiene que caer. Porque ¿cómo puede haber omisión si no había mando ni responsabilidad del mando como lo determina la JEP a la hora de revisar los casos?

¿La JEP ya le respondió a su padre aceptando jurisdicción sobre el caso de él?


El secretario envió la solicitud haciendo un primer filtro al juez de ejecución de penas, quien es el que debe emitir la orden de libertad. Digamos que ya hay un reconocimiento o una aceptación tácita. Como él ya cumplió los cinco años de privación de la libertad, se cumple el requisito para que salga de manera inmediata, pero aún estamos esperando porque mire usted que esa firma del acta de compromiso se dio hace más de 15 días y, aunque el acto legislativo dice que la orden de libertad es inmediata, hasta el momento entiendo yo que solamente dos militares, un cabo y un soldado han recibido ese beneficio. Aún estamos a la espera, y no sé por qué tanta demora en este asunto.

Según usted, ¿su padre debería estar libre hoy?

Hoy mismo, en el marco de la Jurisdicción Especial de Paz, porque se está cumpliendo el procedimiento. Pero, para serle sincero, hay mucha incertidumbre frente al funcionamiento de la JEP. En días pasados, el exministro Yesid Reyes salió dando unas declaraciones en ‘Noticias Uno’ que nos dejaron a todos desconcertados. Para nosotros es claro que hay una Sección de Revisión dentro de la JEP que va a revisar los casos de los militares, porque así lo establece el acto legislativo, pero olímpicamente el exministro Reyes, no sé con qué fundamento, ha dicho que el proceso del general Uscátegui –con nombre propio– será revisado por la Corte Suprema de Justicia; en uno o dos meses, esa Corte debe establecer la responsabilidad, y en caso de hallarlo culpable lo van a recapturar y leo obligarán a cumplir la pena de 37 años. Digo que es desconcertante porque esto es completamente contradictorio con lo que establece el acto legislativo que dio vida a la JEP.

Pero así como el doctor Yesid Reyes es ministro de Justicia en la sombra, es director ejecutivo en la sombra de la JEP. Si él lo dice es porque él lo dejó establecido así…

Se me ocurren dos cosas: o el exministro está diciendo mentiras, gravísimo, pero lo que puede ser peor aún es que el ministro sepa algo que no sabemos el resto de colombianos, porque no conocemos el texto del proyecto de ley estatutaria que se va a presentar al Congreso para desarrollar la Jurisdicción Especial de Paz, y al no conocerlo pueden estarse incluyendo unas reglas de juego muy nocivas para los militares, y pensaría yo que a los militares los están llevando al matadero con los ojos vendados.

Como su papá no va a ir allá a la JEP para decir que fue culpable, lo único que cabe acá es que la JEP lo encuentre inocente. De lo contrario, todo sigue tal cual…

Así es.

¿Entonces cómo aspira a que le revisen la condena?

Porque el mecanismo acepta las dos posibilidades: de aquellas personas que reconozcan responsabilidad de entrada, y a todos, se les impone una condena máxima de cinco años, y ahí se cierra el capítulo para muchos militares, y guerrilleros o terceros que se acojan a esta jurisdicción. Pero también existe la posibilidad de que quienes quieran declararse inocentes lo hagan a través de cualquiera de los mecanismos y sean vencidos o en juicio o en revisión y de esa manera se les imponga una condena máxima de 20 años. Esas son las reglas de juego que proyecta la normatividad que ha salido frente a la Jurisdicción Especial de Paz. Y, si no es así, ¿entonces cuál sería el beneficio para un hombre como mi papá que se declara inocente y que está pidiendo es revisión y garantías?

O sea, ¿usted aspira a que su papá se quede solamente por 20 años y no por 37?

Ese sería el peor escenario, ya que mi papá se va a seguir reconociendo inocente, aportando nuevas pruebas. A la JEP no le queda otro camino que reconocer la inocencia del general Uscátegui y absolverlo. Es que uno de los valores agregados que tiene la JEP es que ha hecho bastante claridad sobre la responsabilidad del mando. Si es una realidad probada dentro del proceso no porque el presidente Santos lo diga sino porque hay al menos 200 pruebas que así lo señalan, que el general Uscátegui no tenía jurisdicción y mando sobre Mapiripán, ¿cómo se le puede hacer responsable de una omisión?

¿Hay alguna prueba de complicidad de su padre con el paramilitarismo?

Podría caber cualquier otro delito si existieran pruebas de cualquier vínculo entre el general Uscátegui y el paramilitarismo, pero es que no lo hay, no existen ni siquiera justicia y paz donde los paramilitares han venido contando ampliamente la verdad, y en esa medida la JEP tiene que reconocer inocencia y determinar culpabilidades. Pero, si no es así, que el presidente Santos nos hable con claridad, porque él le ha dicho al país que esta es una jurisdicción que ofrece garantías para culpables e inocentes, y los mecanismos están en la ley. Entonces que no nos salgan ahora con un embuchado porque, de lo contrario, no sabemos a qué nos estamos exponiendo.

Finalmente, volviendo a la carta suya al señor García-Sayán, si él intervino como magistrado en el caso de Mapiripán, y ahora va a escoger a los magistrados que le van a revisar la sentencia a su papá, ¿no hay una inhabilidad ahí?

Ellos se van a escudar en que como el sistema interamericano no juzga responsabilidades individuales sino del Estado, que no hay ninguna inhabilidad para intervenir en los casos, pero evidentemente yo sí considero que la hay, no solo judicial, sino ética y moral. No nos dio garantías en el Sistema Interamericano y ahora se reúne a puerta cerrada con el secretariado de las Farc para escoger a los magistrados de la JEP. El caso Uscátegui va a ser la prueba ácida de esa Jurisdicción Especial de Paz, si se respetan y se aplican a cabalidad los postulados que hoy están incorporados en la Constitución y la ley a través de esta normatividad reciente.

Si el doctor Yesid Reyes –como yo sostengo– actúa como ministro de Justicia a la sombra, y ahora veo que casi que como director ejecutivo de la JEP en la sombra, dice que en el caso de su papá tiene que dar permiso la Corte Suprema para que vaya a la JEP, puede pasar que la Corte diga que no.

¿Ante las dudas, por qué no le pregunta al doctor Yesid Reyes?

Pues, sí porque estoy muy desconcertado con esas últimas declaraciones del exministro. De alguna forma está condenando anticipadamente a mi papá, y como asesor del Gobierno en estos temas y como artífice y cerebro detrás de la Jurisdicción Especial de Paz, está sentando de entrada muy mal precedente para lo que va a ser el funcionamiento de esta jurisdicción. A través de la condena al general Uscátegui, han logrado desviar la investigación y no llegar a los verdaderos responsables de la masacre. El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo cogió la cabeza del general Uscátegui como trofeo para lucrarse a punta de las falsas víctimas y presentarle supuestamente al mundo la prueba fehaciente de los vínculos entre altos mandos militares y el paramilitarismo en Colombia.

¿Ya devolvieron la plata?

El Colectivo Alvear parece ser intocable en la Fiscalía General de la Nación. Se llenaron los bolsillos de plata, miles de millones de pesos han recibido por la representación que hicieron de las falsas víctimas que hoy están en la cárcel, pero que ahora el colectivo desconoce por completo. No ha regresado la totalidad de los recursos y anda campante mostrándose como gran defensor de los derechos humanos y el proceso de paz. No se nos olvide que el único testigo contra el general Uscátegui es el coronel Hernán Orozco, que está asilado en Miami desde hace 14 años por cuenta del mismo Sistema Interamericano, y el coronel Orozco está condenado a 40 años en Colombia.

¿Pero él tiene asilo de los Estados Unidos?

Recibió asilo porque el Colectivo José Alvear Restrepo le tramitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, a partir de esas medidas cautelares, la embajada norteamericana le concedió el asilo.

MARÍA ISABEL RUEDA
Especial para EL TIEMPO

Ya leíste 20 artículos gratis este mes

Rompe los límites.

Aprovecha nuestro contenido
desde $10.999 al mes.

¿Ya eres suscriptor? Ingresa

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta gratis y pódras disfrutar de:

  • Acceso ilimitado al contenido desde cualquier dispositivo.
  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta gratis y disfruta de acceso ilimitado al contenido, desde tu computador, tableta o teléfono inteligente.

Disfruta del contenido sin límites

CREA UNA CUENTA GRATIS


¿Ya tienes cuenta? INGRESA