Investigación

Los emporios detrás de los ‘zares’ de la contratación para el PAE

Cinco personas se quedaron con cerca de la quinta parte de la plata del programa desde 2013.

PAE en Boyacá

En los últimos cuatro años se han invertido en el PAE 3,7 billones de pesos.

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Luis Lizarazo / EL TIEMPO

23 de diciembre 2017 , 11:00 p.m.

Luisa Fernanda Flórez Rincón ocupa, según la Procuraduría, el primer lugar en la lista de representantes legales que han firmado los contratos más cuantiosos con el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el país desde el 2013.

Sin embargo, Flórez, detenida desde noviembre pasado por irregularidades en la ejecución de recursos girados a la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones Limitada para el PAE en Santander, es solo una de las caras visibles del emporio construido por las familias Trujillo y Torrado, que desde hace años vienen contratando sumas millonarias con el Estado.

De hecho, Germán Trujillo Manrique, hijo de Libia Manrique de Trujillo, quien luego de trabajar en el ICBF por cinco años se dedicó a impulsar empresas de alimentación escolar, está también en la mira de la Fiscalía. Solo días después de que la Contraloría denunciara a otro contratista en La Guajira por el cobro de pechugas de pollo a 40.000 pesos, el ente acusador reveló no solo el desvío de dinero de un contrato de comida para niños a una cuenta bancaria de una hermana de Trujillo; sino también el sobrecosto de algunos productos, como el cobro de tamales a 30.000 pesos.

Germán Trujillo aparece como asesor de la Cooperativa Surcolombiana y dueño de Alfaba, una de las empresas asociadas al grupo Torrado, de la familia del polémico exsenador Efraín Torrado y su hermano Édgar.

Pese a que por años los negocios en alimentación de ambas familias han sido cuestionados, han recibido contratos por más de 100.000 millones de pesos. Incluso, sus empresas han salido bien libradas de diferentes investigaciones.

En el 2015, luego de una denuncia por supuesta violación a los principios de competencia por la concentración de contratos en empresas y fundaciones del grupo Torrado y la cesión de contratos de unas empresas a otras de la misma familia, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró que “además de evidenciarse que son proponentes asiduos en el mercado, no se evidenciaron indicios de posibles vulneraciones al régimen de competencia y en particular la realización de acuerdos colusorios”.

El segundo gran contratista en el informe de la Procuraduría es Germán Almanza Hernández, representante legal de cinco entidades y convenios, entre ellos, la Fundación Vive Colombia y la Unión Temporal Nutrialianza, a las que organizaciones de los Torrado les han cedido contratos, como uno del 2009 por más de 22.000 millones de pesos para el PAE en Cundinamarca.

Vive Colombia, una de las empresas a las que representa Almanza, fue multada en tres oportunidades por incumplimiento de sus compromisos. La Fiscalía además investiga a la entidad por presentar estados financieros falsos entre los años 2008 y 2010.

La concentración de los contratos evidencia, de acuerdo con la Procuraduría, la acomodación de los mismos para entregárselos a los contratistas de siempre, que afectan la calidad y capacidad del servicio y con ello el derecho a la educación y la salud de los niños.

De acuerdo con el Ministerio Público, Ivis del Carmen Rosado –la tercera persona de la lista– está detrás de gran parte de los contratos de alimentación escolar en el norte del país, que han costado cerca de 150.000 millones de pesos en Cesar, Magdalena y La Guajira, este último, precisamente, el departamento donde más plata del PAE ha terminado en manos de corruptos.

Pero el suministro de comida no es el único negocio en el que han incursionado las fundaciones de Rosado. En el 2014 firmó un contrato, que terminó siendo cancelado sin ejecutarse –por una violación a las normas presupuestales porque no se había resuelto el tema de vigencias futuras–, para, supuestamente garantizar el transporte de los niños de La Guajira a sus instituciones educativas.

El contrato por 62.000 millones de pesos se firmó con la ahora extinta Asoalimentarse, entidad que según la Contraloría incurrió en dos detrimentos patrimoniales en el 2014 y el 2015 por más de 3.000 millones al cobrar de más por sus raciones de comida, por lo que tiene una investigación en contra de Rosado.

Según las investigaciones de la Contraloría, el saqueo al Programa de Alimentación Escolar supera los 57.000 millones de pesos.

Con cinco contratos por 116.000 millones de pesos, Noel Rodríguez Cubides está también en la lista de los representantes legales que más dinero han ganado con el PAE. Aparece como contratista directo y también como representante legal de la Unión Temporal Maná para la alimentación escolar en Antioquia.

El emporio de Rodríguez se compone además de fincas productoras de caña y leche, e inversiones en el sector de la construcción.

En los escándalos del PAE, el nombre del empresario resultó mencionado cuando en el 2015 el Gobierno intervino Abasticoop, una cooperativa acusada de alterar sus estados financieros para quedarse con contratos del ICBF y del Ministerio de Educación.

Rodríguez recibía millonarias comisiones por asesorar a la entidad en temas de contratación, proyectos y abastecimiento.

De los 3,7 billones de pesos que se han invertido en el PAE en los últimos cuatro años, 92.000 millones han ido a parar a la fundación pereirana Construyamos País, de Victoria Eugenia González, la quinta integrante de la lista de los ‘zares’ de la contratación.

Pese a las quejas conocidas por problemas de cobertura y calidad en sus servicios, González se ha quedado con el negocio en seis departamentos del país.

JUSTICIA
justicia@eltiempo.com
En Twitter: @JusticiaET

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