Investigación

Así le robaron $ 23.000 millones al medioambiente de Bolívar

Las coordenadas geográficas de 220 intervenciones daban como ubicación la Casa de Nariño en Bogotá.

Directivos de Cardique fueron cobijados con medida de aseguramiento

Olaf Puello Castillo, director de Cardique, y Katherine Martelo Fernández, subdirectora de Planeación, ingresaron esposados a los juzgados.

Foto:

Yomaira Grandett/ EL TIEMPO

11 de junio 2018 , 07:58 a.m.

La plata invertida en 220 contratos para la limpieza de caños, arroyos y reservorios –incluida la Ciénaga de la Virgen–, en los municipios de Bolívar, donde tiene jurisdicción la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) está embolatada, y una prueba contundente de ello es que los puntos y coordenadas geográficos inscritas en los informes de ejecución donde supuestamente se hicieron los procesos de limpieza coinciden con la ubicación de la Casa de Nariño en Bogotá.

El grupo Anticorrupción
de la Policía está fortalecido para ubicar (...) las estructuras dedicadas al desvío de dineros públicos hacia las finanzas personales, como este caso de Cardique

Ese es uno de los principales hallazgos de la Policía y la Fiscalía, cuyos peritos topógrafos estuvieron en las últimas semanas realizando levantamientos y tomando muestras de los supuestos canales intervenidos en Bolívar.

Por ejemplo, en el arroyo Caimital de Arjona, dice el informe de las autoridades, se encontró “mucha vegetación en sus lados laterales, cauce hídrico de corriente lenta, con una observación particular de contaminación con mucha basura y restos óseos de animales, de conocimiento, al quedar cerca al matadero municipal”. Conclusión: no se realizó el trabajo de limpieza por el que se pagó una suma millonaria.

Esas irregularidades llevaron a que el 22 de mayo, Olaf Puello Castillo y Katherine Martelo Fernández, director y subdirectora de Cardique respectivamente, fueran detenidos y vinculados a una investigación por corrupción.

La Fiscalía los acusa de liderar un ‘carrusel’ de la contratación con la plata destinada a la recuperación y protección de ecosistemas naturales del departamento.

La investigación se inició en octubre del año pasado cuando la Contraloría General prendió las alarmas al realizar una serie de auditorías a Cardique sobre las vigencias legales de los años 2015 y 2016.

Las mismas dieron como resultado 16 hallazgos con presunta incidencia fiscal, por 23.467 millones de pesos, “de los cuales 18.154 millones corresponden al más reciente ejercicio auditado por parte de la Contraloría”, se lee en el informe.


Los contratos fueron pagados a satisfacción, pese a que se corroboró en el terreno que no se hizo ninguna limpieza.

De acuerdo con el ente investigador, los contratistas intercambian roles: “En ocasiones eran contratistas; en otras, residentes de obra, y en algunas más, directores de obra. Bajo esta modalidad junto a las directivas de Cardique afectaron de manera directa al erario de la Nación a partir de la figura de un ‘carrusel’ ”.

Para el grupo élite contra la corrupción conformado por la Fiscalía y la Dijín es tan evidente que los contratistas y funcionarios de la entidad estaban tan confabulados que “los contratistas se presentaban dentro de un mismo proceso de selección como oferentes con propuestas que diferían entre una y otra, en sumas irrisorias de 10 o 5 pesos, pegadas al presupuesto fijado por la Corporación”.

Además se encontró que un “mismo topógrafo era el encargado del levantamiento de las cotas y volúmenes de cada uno de los contratos”.

El descaro llegó al límite de que compartían los servicios de un solo contador público, identificado como Bernabé Maldonado Maldonado, también capturado hace un par de semanas. Maldonado trabajaba para Cardique como contador y representaba además a una firma que participaba en los proceso de contratación.

Entre las personas investigadas y judicializadas por el ‘carrusel’, se encuentran además Fredy Javier Rodgers Velásquez, quien fungía como topógrafo dentro de los procesos contractuales, Saray Hernández Durán y Dalis Herrera Vargas, supervisoras de los mismos.

Tendrán que responder por los delitos de peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, acuerdos restrictivos de la competencia y concierto para delinquir.

El general Jorge Luis Vargas, director de la Dijín, le dijo a este diario sobre la investigación que “el Grupo Anticorrupción de la Policía está fortalecido para ubicar y focalizarse en las estructuras dedicadas al desvío de dineros públicos hacia las finanzas personales como en este caso de Cardique”.

JUSTICIA
justicia@eltiempo.com
En Twitter: @JusticiaET

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