Investigación

Procuraduría destituye a alcalde y cinco concejales de El Rosal

Los funcionarios habrían pedido dinero para no cambiar el Plan de Ordenamiento Territorial.

Alcalde y concejales de El Rosal

La falta del alcalde y concejales de El Rosal fue calificada como gravísima a título de dolo.

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Procuraduría

07 de mayo 2018 , 04:08 p.m.

Destitución y una inhabilidad por 18 años, le impuso la Procuraduría a Hugo Orlando Arévalo Pulido, el alcalde de El Rosal, Cundinamarca, que habría exigido coimas para permitir el desarrollo de proyectos inmoviliarios en el municipio.
La decisión se dio en primera instancia y puede ser apelada.

"El Ministerio Público señaló que Arévalo Pulido vulneró los principios y normas que rigen la conducta del servidor público al hacer uso de su cargo para obtener beneficios personales con acuerdos monetarios hechos con tres personas diferentes, para no cambiar el uso del suelo de varios predios donde sus propietarios pretendían adelantar proyectos de vivienda", señala un comunicado del órgano de control.

En enero de este año, un reportaje publicado por Salud Hernández en EL TIEMPO daba cuenta de cómo el alcalde les habría pedido a varias personas de el El Rosal una casa por cada hectárea que iba a ser negociada con la constructora para adelantar el proyecto.

A otros, en cambio, les pidió directamente grandes sumas de dinero. “Al principio, a mí me pidió 8.000 millones. Luego lo bajó a 3.000, y la casa de la finca donde vivo, yo creo que siempre le ha gustado. Al final me decía que le diera el 10 por ciento del negocio que yo hiciera con la constructora, precisa Julián Giraldo, natural de dicha localidad y dueño de un extenso terreno donde tiene la intención de levantar, de la mano de una empresa constructora, un complejo de viviendas", se lee en la nota publicada por este diario.

Los concejales Henry Bohórquez Fierro, Hernando Clavijo, Luz Adriana Sabogal Rodríguez, Jairo Hernán Pardo y Milton Mauricio Chacón, también fueron sancionados con destitución e inhabilidad por 12 años por pedir dinero para no modificar el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio.

Las faltas fueron calificadas como gravísimas cometidas a título de dolo.

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