Investigación

Los cinco huecos del Sistema que busca reducir la inequidad

Contraloría detectó alto riesgo de corrupción en el Sistema General de Participaciones (SGP).

Los cinco huecos del Sistema que busca reducir la inequidad

Aunque el 5 por ciento de los municipios más pobres del país reciben el 7,9 % de recursos (la mayoría según la distribución en 20 sectores), esto no ha permitido mejorar la desigualdad.

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Jaiver Nieto / EL TIEMPO

25 de mayo 2017 , 08:16 a.m.

A 16 años de que comenzara el Sistema General de Participaciones (SGP), fondo creado en el 2001 para transferir los recursos a las regiones y eliminar las brechas sociales –principalmente en salud y educación–, la Contraloría General presentó un balance gris sobre esa herramienta que maneja al año 30 billones de pesos.

En un informe de 218 páginas, conocido por EL TIEMPO, el organismo de control hizo un corte de cuentas sobre este sistema, que el año pasado terminó su etapa de transición.

Una primera advertencia del organismo de control tiene que ver con los huecos del SGP que han generado preocupantes desvíos de recursos y corrupción, sobre todo en los servicios de salud. Este hecho se suma a que las poblaciones más pobres no están viendo un rápido retroceso de la inequidad con este sistema.

Una de las venas rotas más recurrentes está en el proceso de recobros de las EPS a las gobernaciones y alcaldías por servicios que no estaban incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS) del régimen subsidiado. Solo en siete de esos casos, investigados por la Contraloría en los últimos años, se han detectado pérdidas por casi 90.000 millones de pesos.

Por este tipo de irregularidades, según el Ministerio de Hacienda, entre el 2009 y el 2016 se han tomado 96 medidas correctivas en el uso de estos recursos. Pese a las inconsistencias, solo en tres casos se suspendieron los giros para los departamentos de Cauca, Casanare y Santa Marta porque incumplían los planes de desempeño acordados.

Uno de los hechos más sonados de corrupción se dio en recobros por hemofilia en Córdoba, por el que la Contraloría ya abrió un proceso fiscal en contra de varias IPS. En ese proceso, según fuentes, también tendría que responder el exgobernador Alejandro Lyons Muskus. La primera auditoría del organismo encontró pérdidas por 50.000 millones de pesos por recobros de medicinas de alto costo para pacientes de esa enfermedad que en realidad no existían en la región.

Las irregularidades con esta enfermedad de alto costo también se han detectado en Bolívar, en donde habría un detrimento de 25.000 millones de pesos por recobros irregulares; en Sucre, con pérdidas de 2.900 millones de pesos, sumadas a una condena fiscal del año pasado contra el consorcio Fidufosyga, por recobrar 485 millones de pesos por tratamientos para hemofílicos que sí estaban incluidos en el POS.

En el caso de Sucre, la Contraloría también abrió esta semana 11 procesos de responsabilidad fiscal por pérdidas de 3.786 millones de pesos que involucran a cuatro exfuncionarios de la Gobernación y seis IPS que falsificaron firmas y documentos para recobrar servicios para enfermos mentales ‘fantasma’.

En otro proceso, la Contraloría condenó el año pasado por 6.376 millones de pesos a Previsanar y a su representante legal, el médico Sebastián Ramírez, por 130 recobros al Fosyga por servicios que venían de tutelas falsas.

La Contraloría sostiene que, en términos generales, en los recobros de no POS se han encontrado instituciones médicas que terminan recobrando a más de una entidad territorial, o pacientes que recibieron servicios por más de 1.000 millones de pesos. También se encontraron registros de documento de identificación inconsistentes, departamentos con tasas muy altas de recobros, personas que recibieron servicios no POS y que tienen más de 100 radicaciones por servicios prestados, entre otras anomalías.

Aunque se creó una Base de Datos Única de Afiliados para encontrar irregularidades, los casos se han identificado en todos los departamentos.

Otros huecos

Otra de las fugas de recursos del Sistema General de Participaciones se da por su flexibilidad para mover recursos. Por ejemplo, una de las alertas de la Contraloría son los cambios que trajo la Ley 1897 del 2016, o ley estatutaria de salud.

Esta permitió que del SGP se destinara el 10 por ciento para cofinanciar acciones de salud pública y hasta un 80 por ciento para el régimen subsidiado. El porcentaje restante va para la prestación de servicios de salud que no están cubiertos, que es donde se han detectado la mayoría de casos de corrupción. La reforma también permitió que los dineros que no se usan de las subcuentas del Fondo Territorial de Salud pasen a otras subcuentas, lo que llevaría a que esos recursos no se inviertan en salud.

El tercer hueco del sistema tiene que ver con las elecciones políticas de los gerentes de hospitales, pues son los alcaldes o gobernadores los que nombran esos puestos. Esto lleva a que cuando las gobernaciones contratan a hospitales y clínicas, en muchos casos no ejerzan a cabalidad sus funciones de supervisión e interventoría.

“En la medida que los nombramientos de gerentes de hospitales puedan constituirse en un medio de favorecimiento, las relaciones contractuales no estarán blindadas frente a este tipo de hechos”, dice el estudio.

El cuarto hueco viene del Sisbén. La Contraloría dice, por ejemplo, que a pesar de que ha crecido el régimen subsidiado apoyado por el SGP, “no necesariamente se están cubriendo menos pobres”. Citando al Departamento Nacional de Planeación, las cifras muestran colados en el Sisbén que ganan más de $ 3,8 millones al mes. Esta cifra ha ido creciendo: mientras en el 2015 se encontraron por lo menos a 83.330 personas cuyos ingresos superaban esa cifra y que, por lo tanto, no tenían derecho al subsidio, en el 2016 la cifra fue de 137.756 colados.

Para la Contraloría, esto ha sucedido por el “incentivo de usar al Sisbén como herramienta para hacer campaña política”. También, porque no se están usando “otras fuentes de información socioeconómica para verificar a los beneficiarios como la Dian, datos bancarios o información patrimonial".

Con el Sisbén no se están usando otras fuentes de información socioeconómica para verificar a los beneficiarios

El quinto hueco tiene que ver con que parte de los dineros de la salud se usan para financiar gastos de funcionamiento de las direcciones territoriales de salud. La Contraloría afirma que, según una proyección realizada, hasta un 57 por ciento de los recursos del SGP que deberían destinarse en salud pública estarían financiando esos gastos administrativos.

Proponen reforma al SGP

Además de los malos manejos de los recursos, la Contraloría también cuestiona que el Sistema General de Participaciones no haya permitido cerrar las brechas como se esperaba por lo que, incluso, en su informe le propone al Gobierno que plantee una reforma a este método de distribución.

La investigación dice que si bien los municipios más pobres están creciendo a tasas más altas con el uso de dineros del SGP y son los que hoy están recibiendo más recursos (el 7,9 % de ese fondo), “esto no ha sido suficiente para reducir las disparidades en ingreso que tienen estos sectores”.

Esto se da porque esos municipios tienen dificultades para generar recursos propios, “ya sea por incapacidad administrativa o por que las fuentes de esos recursos (predial, industria y comercio) son inoperantes, pues las viviendas no son costosas y los negocios son precarios”.

En el sector de educación se encontró, por ejemplo, que han primado los resultados para el acceso al servicio, pero no en la calidad.

En cuanto a salud, la Contraloría detectó que de 1.122 municipios solo 500 cumplen con las metas, y en la mayoría de regiones no se han logrado reducir las muertes de niños recién nacidos, ni de las maternas.

MILENA SARRALDE DUQUE
Redacción Justicia

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