Investigación

Contraloría abre proceso contra Edwin Besaile por cartel de hemofilia

Abren proceso contra el gobernador de Córdoba por pagar $ 1.525 millones a IPS investigada.

Edwin Besaile

Edwin Besaile, gobernador de Córdoba.

Foto:

Archivo / EL TIEMPO

02 de noviembre 2017 , 01:13 p.m.

Sin ningún soporte médico, y pese al escándalo que había sido revelado en Córdoba por un ‘cartel’ con falsos pacientes de hemofilia que alcanzó a realizar cobros por más de 50.000 millones de pesos, el gobernador de ese departamento Edwin Besaile Fayad pagó otros 1.525 millones a una IPS cuestionada por el caso de corrupción. 

Esa es la base con la que la Contraloría General acaba de abrir un proceso de responsabilidad fiscal en contra de Besaile y varios de los funcionarios que autorizaron los pagos irregulares en el 2016 por el suministro de medicinas para 13 pacientes hemofílicos que en realidad no existen.

El año pasado, la Contraloría denunció que la gobernación de Alejandro Lyons les pagó en el 2013, 2014 y 2015 a las IPS Unidos por su Bienestar y San José de la Sabana por el suministro de medicinas a 117 pacientes que supuestamente tenían hemofilia, una cifra escandalosa para esta enfermedad de alto costo que afecta solo a 3,8 personas por cada 100.000 habitantes.

Aunque en esa investigación la Contraloría determinó que los pacientes en realidad no existían, la gobernación de Besaile aceptó pagarle en el 2016 a San José de la Sabana otros 1.525 millones de pesos que le quedó debiendo la administración de Lyons. Por el saqueo a Córdoba, Besaile también está en la lupa de la Fiscalía.

Ante la gravedad de los hechos, el contralor general Edgardo Maya le pidió a Contraloría en Córdoba que acelere la investigación y que adelante las “diligencias de averiguaciones de bienes para el decreto inmediato de las medidas cautelares a las que haya lugar”. Entre esas medidas, se busca embargar el sueldo de Besaile.

El expediente de la Contraloría asegura que Besaile –hermano del senador Musa Besaile, preso por el escándalo de corrupción en la Corte Suprema–autorizó los pagos a pesar de que “no se encontraron soportes o documentos en los que constaran actas del Comité Técnico Científico de las EPS, fallos de tutela o historias clínicas de las entidades de salud tratantes”.

La investigación también estableció que el hematólogo que firmó como médico tratante –soporte con el que la IPS cobró a la Gobernación los medicamentos– aseguró que nunca ha prestado servicios para San José de la Sabana.

La Contraloría también consultó con las EPS que atendían a los pacientes que aparecen en la lista de receptores del medicamento. Tanto la Nueva EPS, como Salud Total y Saludvida informaron que los usuarios, aunque hacen parte de sus afiliados, nunca han registrado antecedentes de hemofilia.

Los estudios también determinaron que aunque el año pasado la Gobernación de Córdoba realizó jornadas para tomar muestras de posibles personas afectadas con hemofilia en el departamento, y se hicieron recomendaciones sobre 54 pacientes, ninguna de esas personas corresponde a los usuarios por los que San José de la Sabana hizo los 13 cobros.

“Resulta claro que no existen elementos que justifiquen ni fáctica ni jurídicamente el gasto realizado por la Gobernación de Córdoba, toda vez que los anexos a los expedientes, el diagnóstico y la orden médica del hematólogo –que serían los documentos que soportarían los pagos– son presuntamente falsos”, dice la Contraloría.

Tras realizar entrevistas aleatorias algunos pacientes afirmaron nunca haber sufrido de hemofilia, y los estudios determinaron que las dosis por las que la IPS hizo el cobro son más altas de lo que podría recibir alguien que realmente sufra esta enfermedad.

Además de Besaile, en el proceso fiscal tendrán que responder Ruby Esther Durante Ramos, representante legal de la cuestionada IPS; Juan David Nader Chejne, auditor médico; Alfredo Ceballos, coordinador del Plan Ampliado de Inmunización de Córdoba en la época de los hechos; así como los secretarios de Salud Alfredo Aruachán Narváez y José Jaime Pareja Alemán.

Hace un mes, la Fiscalía le imputó cargos a Pareja y al fiscal Daniel Fernando Díaz Torres, quien llevaba el caso, porque supuestamente habría recibido 300 millones de pesos de la Gobernación de Córdoba para desviar el proceso por el ‘cartel’ de la hemofilia.

Gobernador afirma que denunció las irregularidades

El gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, aseguró que denunció desde hace más de 4 meses las falsedades que cometió la IPS San José de la Sabana en las facturas que se presentaron para cobrar los supuestos medicamentos de hemofilia. 

Según el abogado del gobernador, "los autores del desfalco al departamento por lo que se ha llamado 'cartel de la hemofilia' han confesado que engañaron a los funcionarios públicos de la Gobernacion del doctor Besaile y que lo hicieron porque ya no estaban sus aliados de la era Lyons".

Besaile también afirmó que como gobernador no tiene "injerencia funcional en el pago de recursos de la Gobernación precisamente porque cambió las injerencias que en ese sentido tenia el anterior gobernador Alejandro Lyons". 

A pesar de lo que dice Besaile, la Fiscalía ha dicho que parte del dinero de regalías en Córdoba en la administración de Alejandro Lyons fue usado para financiar la campaña de Edwin Besaile. 

MILENA SARRALDE DUQUE
Justicia

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