Investigación

Consorcio que cobró pechugas a $ 40.000 tendría nuevo contrato

Proescolares no reportó ni retribuyó el IVA. Dicho contrato es por 15.411 millones de pesos.

Captación ilegal

Además de la alimentación en Cartagena, la representante legal de Proescolares también figura como representante legal de otra firma.

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Hernando Herrera / EL TIEMPO

28 de noviembre 2017 , 05:25 p.m.

El Consorcio Proescolares –que en un contrato con la Alcaldía de Cartagena para la alimentación de los niños más pobres registró escandalosos sobrecostos– se habría quedado con un nuevo negocio en esa ciudad.

La representante legal de ese consorcio, Sandra Milena Mercado Santoya, también aparece como representante legal en otro contrato de mayo de este año, en el cual un consorcio que haría parte de la misma red de socios de Proescolares se volvió a quedar con el millonario negocio de la alimentación de niños.

Esta vez lo hizo bajo el nombre de Consorcio Nutrición Escolar y el contrato es por 15.411 millones de pesos. El contrato tiene una duración de cinco meses y fue firmado también por el alcalde Manuel Vicente Duque, preso por un caso de corrupción.

“Todos hacen parte de las mismas empresas como socios, pero figuran en los contratos con diferentes nombres”, aseguró una fuente de la Contraloría General.

En agosto del 2016, el Consorcio Proescolares obtuvo un contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE) por 15.831 millones de pesos, firmado por el alcalde Duque.

La Contraloría encontró que para legalizar el anticipo de ese contrato, le reportó a la Fiduciaria Servitrust GNB unos costos de los alimentos, pero a la Alcaldía le cobró otros. Así, la pechuga de pollo que aparecía en 7.000 pesos pasó a costar 40.000 pesos; el kilo de carne que registró a 11.000 pesos, pasó a 25.000; el kilo de carne molida de 10.000 a 38.000 y el kilo de bofe aumentó de 9.000 a 15.000 pesos.

Además de la alimentación en Cartagena, la representante legal de Proescolares también figura como representante legal de otra firma que en agosto del 2016 obtuvo un contrato por 2.749 millones para la alimentación escolar en Turbaco, Bolívar. La empresa fue Cooperativa de Suministros de Alimentos de Colombia (Coosuacol).

La Contraloría halló también que la verdadera actividad de la distribuidora que le vendió los costosos pollos a Proescolares, denominada comercializadora La Nueva Esperanza, es la de ferretería y como tal distribuye materiales de construcción.

A esto se suma que a pesar de que esta firma dedujo en sus facturas el IVA, no reportó ni retribuyó ese impuesto a la Dian.

MILENA SARRALDE D.
JUSTICIA

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