Investigación

Expertos debaten cómo mejorar la protección de los líderes étnicos

En el primer panel se expuso cuál es la situación de afectación y amenaza de los líderes. 

Indígenas en Cauca

Para los indígenas la prioridad es la concentración que están llevando a cabo en todo el país, entre otras cosas, para protestar por los crímenes contra sus líderes.

Foto:

Juan Pablo Rueda Bustamante / EL TIEMPO

27 de abril 2018 , 12:14 p.m.

Según Jorge Enrique Calero, vicedefensor del pueblo, desde el 2016 han sido asesinados 282 líderes sociales y defensores de derechos humanos. De esas víctimas, 56 eran líderes indígenas y 26 afrodescendientes.

Por eso propuso fortalecer las medidas de protección con un enfoque territorial, que sean concertadas con comunidades indígenas y desarrollar un plan de prevención piloto en las zonas donde hay más riesgo y mayor número de homicidios.

Dijo que en Cauca, en los municipios de Paez, Corinto, Caloto, Santander de Quilichao, Caldono, Suárez, y en Tumaco (Nariño) se debe priorizar la prevención. Además que hay 345 organizaciones sociales en riesgo, y 78 cabildos y comunidades étnicas en amenaza.

Marco Romero, director de Codhes, dijo que ve como algo positivo que ahora el país en general esté preocupado por los asesinatos de los líderes sociales. En el 2018 hay 38 líderes asesinados, según lo afirmó, de los cuales la mayoría son comunidades indígenas y afro.

Romero aseguró que por eso la Corte Constitucional ha planteado la necesidad de reforzar la seguridad de las comunidades étnicas y que el alto tribunal en un auto de la semana pasada (Auto 266) informaba que se ha avanzado muy poco en esos planes de protección.

Víctor Hugo Moreno Mina, consejero mayor de Aconc-Comisión Etnica de Paz, aseguró que la política de desarrollo económico del país debe tener en cuenta que esas comunidades han buscado preservar los recursos. Dijo que "la minería ilegal y criminal es la que sigue generando amenazas a los lideres y liderezas, pero también la minería inconstitucional, como en sectores de Chocó y Antioquia".

Aseguró que a las comunidades se les ha estigmatizado diciendo que se opone al desarrollo. "El narcotráfico y quienes tienen cultivos ilícitos nos están amenazando porque queremos avanzar en la sustitución de esos cultivos".

Dijo que aunque en los acuerdos quedó establecido que la guardia Cimarrona y la Indígena debía ser fortalecida, esto no se ha logrado en la realidad; que en sus territorios hay bases militares que deben ser reubicadas porque generan riesgos.

"Nos hemos dado cuenta que esas bases están para defender a las empresas, porque tributan más que nosotros(...) en el norte del Cauca han aumentado los atentados contra gobernadores indígenas y la guardia cimarronna, hombres que protegen la minería ilegal con fusiles",dijo.

Además dijo que se ha ampliado la presencia de grupos paramilitares, Eln, y disidencias.

Albeniz Tike, gobernadora mayor en la Comisión Étnica dijo que en todos los territorios se han incrementado las amenazas y desapariciones, que solo el hecho de defender el territorio les ha generado un estigma, por eso aseguró que se necesita de forma urgente priorizar al Chocó porque ha permanecido en el olvido con desplazamientos y niños y mujeres violadas.

¿Cómo proteger a las comunidades?
En el segundo panel del día, las autoridades debatieron cuál es la mejor forma de proteger a las comunidades étnicas.

Un delegado de las comunidades étnicas dijo que las guardias cimarronas e indígenas se han creado para fortalecer la protección de los territorios ya que el Estado no ha cumplido con ese deber.

Aseguró que 560.000 hombres armados están protegiendo a las empresas pero no los territorios de las comunidades ancestrales.

Al respecto,  el ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo que los homicidios a los líderes sociales y la necesidad de su protección es de alta preocupación para el Gobierno y  aseguró que frente a las cifras sobre los líderes sociales asesinados han preferido que sea un organismo internacional y neutral quien lleve las cifras como el alto comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas, por eso se acogen a esa cifra.

"Se debe pasar de la protección individual a la colectiva,por eso se expidió el decreto 2124 de diciembre del año pasado que le da a la Defensoría la autonomía para emitir las alertas tempranas, y el gobierno debe acatarlas y atenderlas", dijo Rivera.

El ministro habló de un segundo decreto 660 de abril de este año que crea un modelo de protección colectiva para garantizar la prevención y protección de las comunidades.

Dijo que en ese diseño no es el Gobierno el que lo va a decidir sino que se desarrollará en las regiones con el liderazgo de gobernadores étnicos.

El viceministro de defensa, Aníbal Fernández de Soto, dijo que hay nuevas instancias y dependencias en la Policía y Fuerzas Militares para garantizar el nuevo esquema de protección integral a las comunidades.

Fernández señaló que en todos los consejos de seguridad en el 80 por ciento de los a se termina hablando sobre problemas de desarrollo de las regiones. "El problema no se soluciona con escoltas, o mayor presencia de la Fuerza Pública", aseguró.
Habló del caso del Catatumbo en donde hay altas condiciones de riesgo. "Los problemas de seguridad se derivan de una confrontación de grupos armados, pero lo que realmente está esperando la comunidad es vías rurales, programas de desarrollo rural, programas de desarrollo de esos territorios"
, dijo, por lo que aseguró que el Estado debe avanzar de forma integral.

El viceministro dijo que hasta ahora los esfuerzos de protección no han sido suficientes. Habló del plan Orus para focalizar las veredas donde más están ocurriendo esos casos de asesinatos a líderes.
"El Ejército ha tenido que ser invisible por el conflicto durante años, ahora la orden es que sea visible y se articule con las comunidades para trabajar de la mano", señaló.


Diego Mora, director de la Unidad Nacional de Protección, afirmó que ese organismo crea un programa individual de protección porque hace 20 años asesinaba líderes políticos y sindicales.

Afirma que el 7 de diciembre del 2017 se expidió el decreto que crea una ruta de protección colectiva, ante las nuevas formas de amenaza. Dijo que se han hecho 23 estudios de riesgo colectivos como planes piloto.

Señaló que uno de los retos en los planes piloto es que las medidas de protección que se debían implementar no fueron tomadas por los organismos del Estado que tenían la obligación de brindarlas porque no existía el decreto que las vinculara.

Dijo que en los nuevos decretos está la articulación con las guardias indígenas, cimarrona y campesinas. Sin embargo señaló que se necesitan normas legales para fortalecer los instrumentos de seguridad propios de los pueblos étnicos.

"La gran diferencia del programa de protección colectivo para aquellas comunidades amenazadas es que todo el trabajo se hace junto con el colectivo y la comunidad", señaló.

Claudia Santamaría, delegada de la Consejería para los Derechos Humanos, dijo que la protección colectiva implica conocer el territorio, dialogar con las comunidades, también dijo que implica integridad para que más allá de la Fuerza Pública también llegue el Estado de forma permanente.

Dijo que un tercer elemento de la protección colectiva es la confianza para crear esos lazos con las comunidades y que no se ganan de un día para otro.

Rivera señaló que reconocen las guardias de los pueblos ancestrales y señaló que lo que se de e hacer es caracterizar cuáles son las funciones que deben desarrollar en los planes de protección.

El ministro del interior dijo que el Congreso ha emitido leyes que indican que el monopolio de la fuerza está en el Estado, pero se puede discutir con las comunidades cómo sus formas de seguridad pueden ayudar en su autoprotección.

Señaló que en el modelo de protección colectiva se espera definir unos planes atendiendo a las dinámicas de cada territorio.

El viceministro de defensa aseguró que se deben generar lazos de confianza para superar la estigmatización para que no esté el soldado solo para defender, sino también para tenderles la mano a las comunidades.

Diego Mora señaló que para tener un enfoque de género se creó un Comité dentro de la UNO que evalúa específicamente la situación de las mujeres. Señaló que para evitar la estigmatización se debe visibilizarlos y empoderarlos.

JUSTICIA
justicia@eltiempo.com
Twitter: @JusticiaET

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