Investigación

Tres casos emblemáticos de la corrupción en Córdoba

El cartel de la hemofilia o las estafas en la Universidad Indígena, son ejemplos de los desfalcos.

Corrupción en los Juegos Nacionales

En solo 24 contratos, la Fiscalía documentó un desangre a las finanzas de ese departamento que supera los 150.000 millones de pesos.

Foto:

Hernando Herrera - Archivo / EL TIEMPO

10 de mayo 2017 , 07:08 a.m.

La corrupción en el departamento de Córdoba es otro de los ejemplos del desangre que políticos, empresarios, jefes de organizaciones criminales, entre otros han hecho en el país. 

El martes, como parte de las Jornadas Anticorrupción realizadas por la Fiscalía General de la Nación, esa entidad dio a conocer algunos de los casos más sonados en ese departamento y prometió "mano dura" contra los responsables. 

1. Estafas en Universidad Indígena

Más de 770 estudiantes de familias humildes de Córdoba resultaron estafados por la Universidad Indígena e Intercultural de Colombia (Unicjao).

Según las investigaciones de la Fiscalía, la institución les ofreció programas profesionales de medicina, derecho, psicología, trabajo social, posgrados y licenciaturas, maestrías y doctorados a través de una página web, a pesar de que no tenían los certificados de registro calificado ni la personería jurídica para ser abiertos al público.

Aunque los alumnos pagaron el valor del semestre, unos 880 millones de pesos si se suma lo que cancelaron todos los estafados, no se podrán graduar ni homologar las materias que cursaron en ninguna otra institución educativa porque los programas a los que se registraron no cumplen los requisitos del Ministerio de Educación. Por esto, un juez ordenó revocar la personería jurídica de la Unicjao y declarar el cierre temporal de las instalaciones. Este caso involucra al representante legal de la Universidad, Elías José Villalba.

2. El megadesfalco de la salud

De manera inexplicable para la ciencia, en el gobierno de Alejandro Lyons, Córdoba vivió una verdadera explosión de pacientes con hemofilia, autismo o síndrome de Down. Detrás del incremento de estos trastornos genéticos y de desarrollo, la Contraloría descubrió un plan para defraudar por más de 60.000 millones de pesos la salud del departamento.

A través de una red de IPS de papel, con exámenes de laboratorio falsos y la complicidad de médicos, terapeutas y altos funcionarios, se hicieron recobros a nombre de pacientes inexistentes, por millonarios tratamientos que en muchos casos se facturaron pero nunca se practicaron.

La Contraloría también detectó que varias declaraciones para registrar los falsos enfermos se hicieron en la notaría de Luz Helena Muskus García, madre del exgobernador Lyons. Por este caso, la Fiscalía ya capturó a varios médicos, representantes de EPS, coordinadores de políticas sanitarias, así como a tres exsecretarios de Salud de Córdoba: Alfredo Aruachán, Alexis Gaines Acuña y Edwin Preciado Lorduy.

3. Moñitos, sin alcalde ni concejales

En una investigación de la Fiscalía fue capturado el alcalde del municipio de Moñitos, Álvaro José Casseres Matoza; su padre y otras tres personas, señalados de realizar una supuesta alianza con integrantes del ‘clan del Golfo’ para contar con su apoyo para las elecciones regionales de 2015.

La Fiscalía les imputó los cargos de concierto para delinquir, corrupción al sufragante, fraude en inscripción de cédulas y constreñimiento al sufragante.
Al mismo tiempo, otro fiscal que investigaba posibles irregularidades en la elección del personero local ordenó la captura de ocho de los trece concejales de ese municipio.

Según la investigación, los cabildantes capturados apoyaron en una sesión extraordinaria realizada el 8 de enero la elección de Javier Martínez Castelar como personero para el periodo 2016-2020, a pesar de que él no cumplía con los requisitos, como por ejemplo ser abogado.

Los capturados son los concejales Jorge Eliécer Villalba Ballesteros, Jorge Enrique Medina García, Sergio Antonio Negrete Arrázola, Armando Manuel Díaz López, Jáider Luis Correa López y Cristian Darío Burgos Galván.

JUSTICIA

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