Investigación

Dos oficiales de Ejército y Policía, a responder por masacre en Tumaco

Según la investigación, los comandantes pudieron evitar la muerte de 7 campesinos.

Muerte de campesinos en Tumaco

Las comunidades y algunas autoridades insisten en la versión de una masacre a manos de la Policía.

Foto:

Cortesía Alcaldía de Tumaco

23 de diciembre 2017 , 07:40 a.m.

Al capitán que estaba a cargo del Núcleo Delta de la Policía y el mayor en cabeza del pelotón Dinamarca I del Ejército se les imputarán cargos por la muerte de siete campesinos, el pasado 5 de octubre en zona rural de Tumaco, en Nariño.

Los labriegos, cerca de 300, realizaban en la vereda El Tandil una protesta para impedir que las autoridades cumplieran con la erradicación forzada de cultivos ilícitos.

La vicefiscal María Paulina Riveros precisó que se les imputarán “los delitos de homicidio agravado y homicidio agravado tentado en calidad de autores, por posición de garantes”.

La posición de garantes se refiere al deber jurídico que tienen los comandantes, miembros de la Fuerza Pública, de salvaguardar la integridad y vida del ciudadano que está bajo su protección, en el entendido de hacer lo posible para que no se produzca un hecho evitable.

La funcionaria señaló que desde el momento cuando se tuvo conocimiento de la muerte de los campesinos “se designó una comisión especial de investigación conformada por fiscales de la Dirección Especializada contra la Criminalidad Organizada y de la Dirección Especializada contra la Violación a los Derechos Humanos, y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General”.

El grupo de expertos entregó los resultados de la primera fase de la investigación que se basó en la “realización de los actos de investigación por parte de la Policía Judicial con base en los elementos materiales probatorios, las evidencias físicas y la información legalmente recolectada”, dijo la fiscal Riveros.

Unos 70 funcionarios, que fueron trasladados al lugar de los hechos, centraron su peritazgo en las necropsias, en los dictámenes médico-legales y en el informe que daba cuenta de la trayectorias de proyectiles. También se analizaron los explosivos hallados en el lugar y se escucharon unas 400 declaraciones juradas y entrevistas.
Con base en todo este trabajo, aseguró Riveros, “el grupo de fiscales encontró mérito para solicitar el día de hoy (ayer, viernes) audiencia de formulación de imputación a dos oficiales de la Policía Nacional y del Ejército Nacional”.

Los investigadores revisaron unas 300 armas de largo alcance, entre las que están las que portaban los uniformados en el momento de los hechos.

Las audiencias correspondientes se realizarán en Pasto, Nariño, en la fecha que para el efecto programe la Judicatura. Es decir, que ya la Fiscalía hizo la correspondiente solicitud de audiencia.

De otro lado, el ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, a través de su cuenta en Twitter señaló: “Acatamos como siempre toda decisión de la justicia y de la Fiscalía. En el caso de las investigaciones de los hechos luctuosos de El Tandil, los oficiales que tendrán audiencia de imputación estarán a disposición de las autoridades judiciales”.

El jefe de la Defensa dijo, además, que espera “que la investigación de la Fiscalía continúe y en ella se valoren todas las pruebas incluidos los testimonios, para lograr total claridad en las responsabilidades”.

Villegas aseguró que la Fuerza Pública mantendrá las operaciones contra ‘Guacho’ y los otros jefes de las disidencias.

Al inicio de la investigación la Policía suspendió a cuatro de sus hombres, y la Procuraduría vinculó a otros 36 y a 14 militares.

El presidente Juan Manuel Santos condenó el múltiple homicidio y ofreció una recompensa de 150 millones de pesos por la captura de los responsables. Además, el ministro Villegas señaló a alias Cachi, disidente de las Farc, de ser junto a ‘Guacho’ los responsables de la muerte de José Jair Cortés, integrante de la Junta de Gobierno del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, asesinado el 17 de octubre en zona de Tumaco, Nariño.

JUSTICIA 

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