Investigación

Van 54 órdenes de captura por desfalco millonario en Córdoba

Desde su exgobernador Alejandro Lyons hasta concejales y funcionarios están enredados en el saqueo.

Fiscal

Néstor Humberto Martínez, fiscal general, anunció la imputación de cargos contra Lyons.

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Fiscalía

10 de mayo 2017 , 08:04 a.m.

El país creía que Córdoba se venía recuperando de la ruina en la que la dejó la nefasta alianza entre paramilitares y políticos. Pero todo indica que un sector de su clase dirigente continuó con el saqueo del departamento, metiéndoles mano a los dineros de la salud de los cordobeses, de la educación de sus niños y de los recursos destinados a su desarrollo. 

En solo 24 contratos, la Fiscalía documentó un desfalco a las finanzas de ese departamento que supera los 150.000 millones de pesos. Y sus investigadores ya identificaron al menos seis mecanismos habilitados por particulares, aliados con funcionarios, para robarse la plata del Estado.

La evidencia recogida hasta el momento fue suficiente para que este martes, el fiscal Néstor Humberto Martínez anunciara desde la propia capital de Córdoba que ya estaba lista la medida de aseguramiento contra el exgobernador Alejandro Lyons, del partido de ‘la U’, por el saqueo a los recursos de las regalías durante su administración (2012-2015).

Este martes se conoció que el exgobernador salió del país el 23 de abril con destino a Estados Unidos y no ha regresado a Colombia.

“En Córdoba, la corrupción se manchó de sangre, lo que pone en evidencia la existencia de una peligrosa criminalidad en esta región, que en su afán de apropiarse de lo público no respeta ni la vida ajena. Hay que extirparla de raíz”, sostuvo Martínez, haciendo clara alusión al asesinato del jefe de regalías de Córdoba, Jairo Zapa, en el 2014. Y añadió que ya ordenó el embargo de 40 bienes por 10.000 millones de pesos, que estaban en posesión de los investigados. Y se han ordenado más de 54 capturas, incluidos concejales y contratistas.

‘Modus operandi’

Las estrategias urdidas para robarse la plata del erario llegaron incluso a inventarse pacientes con hemofilia para facturar 42.000 millones de pesos en tratamientos prestados a personas que nunca estuvieron enfermas.

En el municipio de Lorica, la Fiscalía encontró que en la Institución Educativa Rafael Núñez había matriculados 1.549 estudiantes fantasmas por los que se giraron recursos por más de 1.780 millones de pesos. Esa plata salió de una partida girada en el 2014 por el Ministerio de Educación para subsidiar el estudio de la población más vulnerable.

Hasta en la Rama Judicial se encontraron irregularidades. Se detectó que funcionarios de la oficina de talento humano se quedaban con recursos que trabajadores habían devuelto por error en las liquidaciones de sus salarios, como consecuencia de esas maniobras se habrían perdido 83 millones de pesos.

En el municipio de Tuchín fueron capturados el exalcalde Rodrigo Germán Ortiz Salgado y el exsecretario de Planeación por las irregularidades en la construcción del acueducto local adjudicada a la fundación Funayuda. “El acueducto se construyó, pero no se cuenta con el servicio de agua potable”, aseguran los investigadores.

Ni la plata del deporte se salvó. En la lupa de la Fiscalía también están otros 11 contratos en los que se investigan presuntas irregularidades en platas giradas para la construcción del coliseo Miguel Happy Lora y la remodelación de la Villa Olímpica de Montería. Tampoco está clara la millonaria inversión que se hizo para la construcción del puente Valencia sobre el río Sinú.

Además, se investiga el uso de fundaciones de papel que se habrían creado para saquear los recursos de la población discapacitada de Montería y se busca establecer una partida de más de 800 millones de pesos con destino al resguardo de Sotavento y que no habría llegado a la población indígena.

Irregularidades por casi un billón de pesos

La Fiscalía desarrolla desde hace ocho meses el plan Bolsillos de Cristal, que ya ha tenido capítulos judiciales en La Guajira, Sucre, Tolima y Chocó.

En el marco de este se han priorizado 266 casos de presuntos hechos de corrupción que habrían ocasionado un detrimento para el país de cerca de un billón de pesos.
Informes de la Fiscalía señalan que por esas investigaciones ya han sido judicializados 266 servidores públicos.

En despachos de la Fiscalía existen hoy investigaciones sobre 230 alcaldes y 20 gobernadores.

Los investigadores acaban de priorizar investigaciones en Villavicencio, Meta, en las cuales, según fuentes de la Fiscalía, se encontraron graves evidencias sobre la apropiación de recursos públicos.

JUSTICIA
justicia@eltiempo.com

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